Después de la tormenta política, social y económica que significaron más de siete semanas de bloqueos de carreteras en Bolivia, comienza a abrirse una luz de apoyo y solidaridad desde el exterior para la administración del presidente Rodrigo Paz Pereira.
En horas pasadas, una inédita convergencia de gobiernos, organismos internacionales y autoridades hemisféricas expresó su respaldo a la democracia boliviana y al Gobierno constitucional, en momentos en los que el país intenta superar una de las crisis más complejas desde el inicio de la actual gestión constitucional.
La señal más contundente llegó mediante una declaración conjunta suscrita por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú.
El documento manifestó una “profunda preocupación” por los efectos de los bloqueos violentos sobre la democracia y el Estado de derecho en Bolivia y advirtió que los esfuerzos orientados a debilitar o derrocar al Gobierno legítimamente elegido, representan una amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática regional.
Los países firmantes sostuvieron que una “minoría violenta” intentó desconocer la voluntad expresada por la mayoría de los bolivianos en las urnas y denunciaron que los bloqueos, prolongados durante más de siete semanas, privaron a la población de acceso a alimentos, combustible, atención médica y otros bienes esenciales. También remarcaron que estas medidas afectaron gravemente la vida cotidiana de millones de personas y derivaron en la vulneración de derechos fundamentales.
La declaración también hizo referencia a las muertes registradas durante el conflicto, atribuidas a la imposibilidad de acceder oportunamente a hospitales, medicamentos y centros de salud debido a los cortes de rutas. Asimismo, condenó las agresiones sufridas por efectivos policiales durante los operativos y reafirmó que “la violencia no puede subvertir el orden constitucional”.
Encuentro
El respaldo internacional se fortaleció además durante la 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se desarrolla en Panamá. Allí se realizó el foro “Bolivia: protegiendo la democracia representativa del desorden violento”, organizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y las cancillerías de Bolivia y Argentina.
En ese escenario, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edgar Estuardo Ralón, emitió uno de los pronunciamientos más significativos. “Proteger la democracia representativa del desorden violento es una tarea legítima y urgente”, afirmó, al señalar que el orden democrático y los derechos humanos no son conceptos contrapuestos, sino complementarios.
Ralón sostuvo que ninguna persona debería perder la vida por falta de alimentos, agua, medicamentos o atención médica y remarcó que la violencia que pone en riesgo a ciudadanos e instituciones no puede ser considerada una forma legítima de protesta. Aunque insistió en que el diálogo debe ser siempre la primera alternativa, indicó que cuando éste se agota y los bloqueos continúan amenazando la vida y la salud de la población, el Estado puede actuar para restablecer la circulación y el orden público, siempre bajo criterios de necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.
La reunión hemisférica también sirvió para evidenciar un respaldo político más amplio. Representantes de una veintena de países presentes en la OEA expresaron su apoyo a la institucionalidad democrática boliviana. Paralelamente, surgió la iniciativa de conformar una comisión de cancilleres y ministros de Defensa o Seguridad que viaje al país para acompañar los esfuerzos destinados a superar la crisis.
Uno de los respaldos más notorios fue el del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien afirmó que Bolivia enfrenta una campaña deliberada de desestabilización impulsada por el crimen organizado.
Finalmente, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos recordó que los bolivianos eligieron democráticamente a Rodrigo Paz Pereira y que los bloqueos violentos amenazaron el sustento de la población y los resultados electorales.