Las primeras horas del estado de excepción estuvieron marcadas por el inicio progresivo de operativos para despejar carreteras, la desmovilización de algunos puntos de bloqueo y el desplazamiento de contingentes policiales hacia las rutas que permanecen interrumpidas.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que durante la mañana se registraron desbloqueos importantes en El Alto, principalmente en las vías hacia Desaguadero y Oruro. Señaló que la Policía, con apoyo de maquinaria de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y otras entidades públicas, comenzó la limpieza de las rutas.
“En muchos puntos de bloqueo que anoche todavía estaban activos ya se han registrado desmovilizaciones”, dijo la autoridad en una entrevista con el periodista Juan Manuel Ijurko del programa ¡Qué Semana! emitido por el grupo EL DEBER.
Espinoza estimó que, en un plazo de entre 24 y 48 horas, podría restablecerse la circulación en la mayoría de las carreteras del país. Sin embargo, aclaró que el proceso será gradual y que los operativos continuarán en las zonas donde persista resistencia.
Según explicó, la Policía será la primera fuerza encargada de intervenir y, en caso de ser necesario, recibirá el apoyo de las Fuerzas Armadas. Aseguró que cualquier actuación deberá realizarse mediante el uso progresivo de la fuerza, con respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales.
El ministro sostuvo que la declaratoria fue asumida después de numerosas mesas de diálogo con sectores sociales, gremiales e indígenas que presentaron reivindicaciones consideradas legítimas por el Ejecutivo.
Afirmó que el Gobierno agotó los espacios de negociación para evitar una confrontación y reducir los riesgos de que se produjeran víctimas durante las movilizaciones.
“El estado de excepción se ha decretado en el momento adecuado para no caer en esa confrontación que se buscaba desde los extremos”, manifestó.
Espinoza acusó a grupos vinculados con el Chapare de haberse infiltrado en organizaciones sociales para utilizarlas con fines políticos y sostuvo que los hechos registrados durante los últimos 50 días formaron parte de un supuesto intento de golpe de Estado.
La autoridad señaló que el proceso de diálogo permitió, según la evaluación gubernamental, distinguir entre los sectores con demandas sociales y aquellos que, en criterio del Ejecutivo, buscan alterar el orden constitucional.
Sin restricciones donde exista normalidad
Espinoza remarcó que, aunque el estado de excepción tiene alcance nacional y puede extenderse hasta 90 días, las restricciones no se aplicarán de manera indiscriminada en todo el territorio.
En las ciudades, regiones o carreteras donde exista libre circulación y no se registren bloqueos ni hechos violentos, la población podrá mantener sus actividades habituales sin limitaciones de horarios o desplazamiento.
“No se limitan derechos, no se ponen horarios ni restricciones, porque el objeto de este estado de excepción es recuperar la libertad y las condiciones para que la gente pueda hacer su vida de manera normal”, afirmó.
El ministro aseguró que el Gobierno evaluó los riesgos antes de adoptar la medida y que su propósito no es reducir las libertades de la población, sino restablecerlas después de semanas de bloqueos, desabastecimiento y dificultades para el traslado de personas y productos.
El inicio de los operativos se produjo después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), tras el cual su máximo dirigente, Mario Argollo, pidió levantar los bloqueos.
Espinoza indicó que los contingentes policiales continuarán avanzando durante la jornada para retirar obstáculos y limpiar las vías, mientras se evaluará la situación en los lugares donde los movilizados decidan permanecer.
El Gobierno espera que el restablecimiento de las carreteras permita normalizar el transporte interdepartamental, el abastecimiento de alimentos y medicamentos y el traslado de miles de personas que permanecieron varadas durante el conflicto.