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Santa Cruz solo tiene un diputado evista en la comisión que debatirá el PGE 2025
El miércoles, todos los cambios que se propongan deben ser aprobados por votación en la comisión de Planificación
La representación del departamento de Santa Cruz en la comisión de Planificación -que el miércoles iniciará el debate del presupuesto 2025- es prácticamente nula, un solo diputado que pertenece al ala radical del MAS figura como diputado titular. El sector productor del departamento pidió a la brigada parlamentaria eliminar la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
De acuerdo con la distribución oficial de comisiones para esta legislatura son 13 diputados que integran esta comisión y el diputado Ányelo Céspedes Miranda (MAS-ala evista) es el único representante cruceño, que puede llevar la voz y petición de los productores.
Las comisiones tienen diputados titulares y diputados adscritos, los primeros tienen derecho a voz y voto; mientras que los adscritos solo tienen derecho a voz y no pueden votar ni participar en las votaciones. El departamento que más representación tiene es Tarija con cuatro legisladores: Darlen Velasco Torrez, Edwin Rosas Urzagaste, José Luis Porcel Marquina y Mariela Baldivieso Castillo.
Chuquisaca, Potosí y La Paz tienen dos legisladores, cada uno, que los representan: Jorge Yucra Zárate y Adán Palacios Puma, ambos de la capital del Estado. Les siguen los potosinos Higinio Farfán Abán y Adriana Tarifa Condori; cierran los paceños Gustavo Aliaga Palma y Andrés Flores Condori, este último es el presidente de la comisión y pertenece al ala arcista del MAS.
Cierran el grupo de 13 legisladores titulares la orureña Lily Bernabé Colque y el cochabambino Saúl Lara Torrico, quien fuera ministro de Gobierno de Carlos Mesa.
El reglamento de la Cámara de Diputados permite que se adscriban los diputados que deseen; sin embargo, tienen la participación limitada porque todos los cambios que se propongan en la mesa deben ser aprobados por simple mayoría y ahí el arcismo tiene ventaja porque tiene la mayoría y el apoyo de disidentes.
Abren debate por PGE 2025 comisión sesionará desde las 11:00 del miércoles
Este miércoles, desde las 11:00 en la comisión de Planificación de la Cámara de Diputados se abrirá el debate con todas las observaciones y críticas al nuevo Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. El oficialismo ya se abrió a modificar el documento, aunque insisten en que se debía aprobar tal cual llegó del Ejecutivo.
“No vamos a aprobar alegremente, vamos a analizar, para eso el ministro (de Economía, Marcelo Montenegro) nos va a explicar; (el documento) no está hecho en piedra, al contrario, si hay algunas observaciones —y no solo es perjudicar el avance de este proyecto—para poder subsanar algunos temas, lo vamos a hacer”, admitió este martes el presidente de esa comisión, Andrés Flores.
PGE 2025: CAO asegura que existen normas contra el agio, y el Gobierno sostiene que el control no es una medida en contra los productores
Por separado, así informaron los representantes del sector agroindustrial cruceño y las autoridades del Gobierno nacional sobre las conclusiones del encuentro realizado entre ambos sectores, durante esta jornada, en la capital cruceña.
José Luis Farah, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), indicó que se volvió a rechazar la disposición transitoria séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 que se refiere al control del agio y la especulación de precios.
“Al final de cuentas el tema del agio y la especulación, que ellos manifiestan, ya está en el artículo 226 del Código Penal; por lo tanto ya está estipulado. Hacer más controles, verificaciones e inspecciones, genera una susceptibilidad del sector y puede dar lugar a hechos de corrupción donde la gente pueda ser extorsionada”, dijo Farah.
Además, aseguró que lo que necesita el sector del agro es celeridad para seguir produciendo alimentos, y por ello el Gobierno nacional debe facilitar que los productores cuenten con “las herramientas” para cumplir con su trabajo.
Gobierno dice que el PGE 2025 reorienta recursos de la Renta Dignidad para beneficiar a los más vulnerables
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas señaló que en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, las excepciones referidas a los beneficiarios de la Renta Dignidad tienen el objetivo de garantizar una distribución más equitativa y sostenible de los recursos públicos con los que se financia esta política social, según el reporte de medios estatales.
Según la disposición adicional del Proyecto de Ley del PGE 2025 se modifica el artículo 3 de la Ley 3791, que creó la Renta Dignidad en 2007. Con esta reforma, no recibirán este beneficio los adultos mayores que continúen trabajando en el sector privado, empresarios y miembros de las FF.AA.
La exclusión de estos tres grupos que se jubilaron con el 100% de su sueldo, dice el Gobierno nacional, permitirá una asignación más eficiente de los recursos públicos, ya que cada año unos 40.000 adultos mayores se incorporan al universo de beneficiarios de la Renta Dignidad.
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, señaló que las modificaciones propuestas en el PGE 2025 buscan “volver al espíritu original de esta política social, la cual busca contribuir a la reducción de la pobreza en la vejez”.
Suben gastos presidenciales en algo más de Bs 300.000 en el Presupuesto para el 2025
El Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 incrementa los gastos destinados al presidente Luis Arce previsto en la partida de los “Su Excelencia” en casi Bs 300.000 en relación a los recursos que fueron asignados en 2024.
En el proyecto de ley del PGE, que aún no es tratado por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados, se contemplan dos partidas destinadas a las actividades del mandatario. En la partida “Gestión avión presidencial”, el Ministerio de Economía consignó 38.005.357 bolivianos, en tanto que la partida de gastos “Gestión S E (Su Excelencia), destinó Bs 18.347.884 para 2025. Ambos ítems hacen un total de Bs 56.353.241, un monto próximo a los $us 8 millones.
Esas asignaciones para el año que está por concluir, por ejemplo, el gasto para el avión presidencial fue de Bs 38.005.357 y para los gastos de Su Excelencia, se destinaron Bs 18.055.595, lo que hace un total de Bs 56.060.952.
Estos gastos tienen que ver con asignaciones especiales para atender requerimientos específicos para la investidura del Jefe de Estado. Es decir, el PGE 2025 se presupuestaron Bs 292.289 más para las actividades del jefe de Estado, especialmente vinculadas con el ámbito protocolar.
Un millón y medio al mes
Tomando en cuenta la partida presupuestaria de “Gestión S E”, que es de Bs 18.347.884 para los gastos de Arce, se calcula que el jefe de Estado tendrá Bs 1.5 millones mensuales. Sin tomar en cuenta sus salarios, viáticos de sus viajes al interior y exterior ni el uso de la nave presidencial.
“Si el presidente viaja, sus viáticos son aparte, eso le da el Ministerio de la Presidencia. (Esta partida) es solo para la gestión de su excelencia, tendría que ser, por ejemplo, para que se corte el cabello, pero tiene todo. ¿Si tiene todo, qué necesidad hay de que se le asigne un presupuesto adicional?”, observó el diputado Porcel.
Tomando en cuenta esta partida para Arce en contraste con la exclusión del bono estatal a 13.370 adultos mayores, Porcel calificó el hecho como un acto de discriminación y una vulneración a la Constitución Política y vio afanes político electorales.
“Es un acto discriminatorio y va contra la Constitución Política del Estado que dice no discriminar. ¿A qué se debe eso?, a que cortan el hilo por donde está más delgado. Están recortando donde más pueden para favorecer a los ministerios”, afirmó Porcel.
Sin Renta Universal
El mismo proyecto de ley financial para 2025, también excluye a las personas de la tercera edad que hasta este año se benefician con el pago del bono estatal conocido como Renta Dignidad. Al menos 260.000 en todo el país reciben ese monto, pero el presupuesto excluye a los más de 13.000 que mantienen una actividad o gozan de otro de seguro social.
El diputado José Luis Porcel (CC) experto en economía y parte de la Comisión de Planificación, cuestionó estas disparidades en la Ley Financial.¿Cuánto significa esta reducción en recursos?, preguntó EL DEBER al legislador Porcel y éste respondió: “El importe que no distribuirá el Gobierno alcanzaría a Bs 48.132.000.
Defensa del Gobierno
Desde el Ejecutivo defienden la distribución de recursos para que el Estado siga operando en 2025. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, argumentó que el dinero que se calculó para las tareas del jefe de Estado es para que él cumpla las gestiones ante organismos internacionales.
La funcionaria, sin dar mayores detalles argumentó que “se está intentando politizar” y “desinformar” en este tema y que la mayor cantidad de recursos del dinero público es para salud y educación.
No obstante, las críticas persisten contra el Ejecutivo por el presupuesto para los gastos del próximo año. No solo para Arce si no también para otras partidas ministeriales. “No puede ser que Luis Arce gaste tanto dinero en el avión presidencial, no puede ser que gaste tanto en plena crisis económica. Es irresponsable y va en contra de la población en plena crisis económica y cada vez más se parece a Evo Morales”, dijo el diputado Alberto Astorga (CC).
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó que el PGE 2025 contempla una “racionalización” de la Renta Dignidad, para que se excluya de este pago de Bs 300 mensuales a los adultos mayores que aún cuentan con un trabajo activo, o estén en una situación que les dé ventajas económicas.
“Las exclusiones son para aquellos jubilados que están trabajando, entonces queda claro que hay necesidades y prioridades para algunos beneficiarios que realmente lo necesitan”, indicó.
En referencia a los jubilados que están en una situación que les da ventajas económicas, Montenegro dijo que se jubilaron con rentas cercanas al 100%, “entonces (es un ingreso) aparte de su último sueldo y además reciben la Renta Dignidad”, manifestó.
PGE 2025 prevé confiscar alimentos producidos por el sector privado y endeudamiento del BCB
En un contexto incertidumbre económica, donde la oferta y el precio de algunos alimentos tienen un comportamiento errático, el Presupuesto General del Estado (PGE 2025), en sus Disposiciones Adicionales prevé el control, confiscación a los “actores de comercialización de alimentos que encarezcan los precios de los mismos”.
Mas precisamente en el artículo 7, punto I, el proyecto de la Ley Financial de la próxima gestión establece que “que con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización y confiscación de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y pretendan encarecer los precios de los mismos”.
En el punto II de mismo decreto se puntualiza que “todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe declarar, información de producción, transformación y comercialización, misma que tendrá calidad de declaración jurada y será tratada bajo el principio de confidencialidad, conforme a la reglamentación aprobada por la Resolución Biministerial emitida por los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural”.
Al respecto, el analista económico, Germán Molina, considera un abuso el querer controlar la cadena productiva y el exigir informes escritos sobre la producción y transformación de los alimentos.
