A una semana de una audiencia clave en Estados Unidos, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset sacudió su proceso judicial al cambiar a todo su equipo de abogados, denunciar una supuesta extorsión por parte de agentes de la DEA y afirmar ante la Justicia estadounidense que es inocente de los cargos que enfrenta por presunto lavado de dinero.
La denuncia fue presentada mediante una carta enviada por Marset al juez Rossie Alston Jr., del Tribunal de Distrito Este de Virginia, donde actualmente se desarrolla el caso en su contra. En el documento, fechado el 17 de junio, al que tuvo acceso EL DEBER, Marset asegura que sus derechos fundamentales fueron vulnerados desde el momento de su captura en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el pasado 13 de marzo de este año.
La autenticidad de la carta fue confirmada por el abogado Santiago Moratorio a EL DEBER. Según ese documento, Marset fue retirado de su domicilio en la capital cruceña durante la madrugada sin una orden de allanamiento ni una orden formal de arresto, para luego ser expulsado de Bolivia y entregado directamente a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), en un procedimiento que calificó como una “entrega irregular” y contraria a tratados internacionales.
El acusado sostiene que, tras arribar al aeropuerto internacional Dulles, en Estados Unidos, solicitó asistencia legal, pero su pedido fue ignorado y fue interrogado sin abogado presente. Además, afirmó que durante esa entrevista recibió amenazas relacionadas con sus hijos y con una eventual condena de por vida si no cooperaba con las autoridades.
Marset también denunció que los agentes federales Michael Greisen y Tyler Ganzel intentaron obligarlo a entregar acceso a billeteras de criptomonedas valoradas en aproximadamente cuatro millones de dólares en USDT. Según su versión, posteriormente los funcionarios habrían contactado a su madre, Sandra F. C. L., mediante mensajes de WhatsApp para solicitar fotografías de un cuaderno donde supuestamente estaban registradas las claves de acceso a esos activos digitales.
El uruguayo aseguró que esas conversaciones fueron preservadas y constituyen evidencia de una presunta conducta extorsiva por parte de los investigadores estadounidenses.
En la misma carta, cuestionó a sus antiguos abogados por no denunciar estos hechos y acusó al fiscal federal adjunto Anthony Aminoff de no actuar tras ser informado sobre las presuntas irregularidades. Asimismo, señaló que el representante del Ministerio Público estadounidense lo presionó reiteradamente para aceptar un acuerdo de culpabilidad y le advirtió sobre la posibilidad de enfrentar nuevos cargos si rechazaba esa opción.
“El 19 de mayo de 2026, mis abogados notificaron formalmente a Aminoff sobre la conducta extorsiva de los agentes. Aminoff no tomó ninguna medida al respecto, lo que constituye un encubrimiento activo en violación de sus obligaciones bajo las doctrinas Brady/Giglio y las normas de conducta profesional. Adicionalmente, Aminoff me ha presionado persistentemente para aceptar un acuerdo de culpabilidad, pese a que ninguna de las conductas alegadas ocurrió en territorio estadounidense, y ha amenazado con añadir nuevos cargos si no acepto dicho acuerdo”, denunció Marset.
Como parte de su nueva estrategia legal, Marset sustituyó a sus anteriores defensores Gene Rossi, Michael Padula y Rodrigo da Silva por un nuevo equipo integrado por Robert Feitel, Sandi S. Rhee y Joseph Douglas King. Feitel es un exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos con más de dos décadas de experiencia en investigaciones vinculadas al narcotráfico y lavado de activos.
En su escrito, Marset solicitó a la jueza que garantice el acceso de sus nuevos abogados al centro de detención donde permanece recluido en Alexandria, Virginia, y que disponga medidas para evitar cualquier contacto con los agentes de la DEA involucrados en el caso durante futuros traslados judiciales.
“No soy culpable de los cargos formulados en mi contra y estoy preparado para demostrarlo. Mi único deseo es tener acceso a una representación legal adecuada y a un proceso justo”, escribió el uruguayo.
La carta fue presentada pocos días antes de la audiencia prevista para el 1 de julio, instancia considerada clave dentro del proceso. Hasta ahora, la Fiscalía estadounidense acusa a Marset de conspiración para cometer lavado de dinero, delito que contempla penas de hasta 20 años de prisión, además de sanciones económicas y períodos de libertad supervisada.
“Solicito: primero, emita una orden inmediata instruyendo al alguacil Timothy Alley a permitir el acceso de mis nuevos abogados sin más demora. Segundo, en caso de traslados para audiencias u otros procedimientos, adopte las medidas necesarias para garantizar que no tenga contacto con los agentes de la DEA involucrados en este caso, dado el riesgo que esto representa para mi seguridad e integridad”, señala el documento.
Mientras tanto, las denuncias formuladas por el acusado abren un nuevo capítulo en un caso que involucra a uno de los prófugos más buscados de Sudamérica y que ahora amenaza con trasladar el foco de atención hacia la actuación de los propios investigadores federales encargados de su captura y procesamiento.
Hasta el momento ninguna autoridad boliviana ni estadounidense se ha pronunciado sobre esta carta.