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Senado aprueba un proyecto de ley para blindar las elecciones judiciales
El proyecto de ley fue remitido a la Cámara de Diputados para su tratamiento
La Cámara de Senadores, con más de dos tercios de votos, aprobó este miércoles el proyecto de “Ley Excepcional y Transitoria para Garantizar las Elecciones Judiciales 2024” en sus dos estaciones (en grande y detalle).
La iniciativa fue aprobada en sus seis artículos sin ninguna observación, después de que la senadora disidente de Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, planteara la modificación del orden del día en la sesión del Senado que, inicialmente, estaba convocada sólo para la conformación de las comisiones y comités para el periodo legislativo 2024-2025.
“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones y siendo la Cámara de Senadores el origen (de la iniciativa), queda aprobado el presente proyecto de ley y se remite a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión”, afirmó Andrónico Rodríguez, presidente de los senadores.
Salame dijo que presentó este proyecto de ley la pasada jornada porque, en su criterio, el país está “atravesando una situación gravísima” debido a que “está a punto de ser testigo del apresamiento de los miembros del Órgano Electoral” por el incumplimiento de una cuestionada sentencia constitucional emitida por dos magistrados “autoprorrogados” para la suspensión parcial de las elecciones judiciales.
Pero, “en la Asamblea Legislativa tenemos la obligación de dar seguridad jurídica al país, dos sinvergüenzas que ejercen ilegal e ilegítimamente el cargo de magistrados, se han atrevido a inaplicar una ley y nosotros como Asamblea tenemos que emitir una norma (…)” para salvar las judiciales, señaló.
Además, si ustedes dieron validez en una reunión política organizada por el TSE “a ese apócrifo documento, nosotros como Asamblea tenemos que poner un remedio, tenemos que emitir una ley interpretativa y por eso ayer presenté el proyecto de ley”, justificó.
Entretanto, Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó la suspensión parcial de las elecciones judiciales en cinco departamentos mediante una nueva resolución tomada en respuesta a un recurso presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Sala Cuarta del TCP confirma suspensión parcial de las elecciones judiciales en cinco departamentos
“No ha lugar” a la Enmienda, Complementación y Aclaración (ECA) fue la respuesta de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a la consulta planteada por el Órgano Electoral en la que pretendía algunas precisiones respecto del contenido de la sentencia constitucional 0770/2024 que suspende las elecciones para el TSJ y TCP en cinco departamentos del país.
De esa forma, el TCP se ratifica en su determinación de que el proceso de elecciones judiciales debe continuar "para el Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. Así como del Tribunal Constitucional Plurinacional en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí".
Gobierno da marcha atrás y apoya fallo del TCP que anula Judiciales en seis regiones
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) está solo. El apoyo político que recibió ayer en el contexto de una declaración firmada por representantes de partidos, del Legislativo y el Gobierno, quedó solo en el papel porque el fallo constitucional que anula parcialmente las elecciones judiciales no podrá ser revertido, según reconocieron ayer voceros oficiales. A esto se suma la primera demanda “por desobediencia”, planteada contra los vocales electorales.
La acción legal llegó de la mano del abogado Hugo Vargas Palenque, un postulante a candidato a magistrado que fue marginado durante el proceso de selección que tuvo lugar en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El jurista pidió a los dos vocales de la Sala Constitucional Primera del Beni llevar adelante, incluso una acción penal contra el TSE, además de cargos pecuniarios.
Vargas solicitó la aplicación de “multas progresivas de 15.000 bolivianos para cada uno y por día”. “Asimismo, de persistir en su desobediencia, se remitan antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento correspondiente conforme al art. 179 del Código Penal” se lee en el escrito divulgado a los medios.
El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, además de los vocales Francisco Vargas, Tahuichi Tahuichi Quispe, Nancy Gutiérrez Salas, Nelly Arista Quispe, Yajaira San Martín Crespo y Gustavo Ávila, están en la lista de los acusados por desobedecer el fallo emitido el 4 de noviembre por el TCP.
“En caso de no obedecer, los accionados, dentro de nuestro estado de derecho, incluso se debe proceder a la prohibición al Órgano Ejecutivo (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) de continuar con los desembolsos de los recursos económicos, hasta aquí malversados por el OEP, por llevar adelante una elección judicial sin la presencia de indígenas originarios campesinos y omitir en las listas a candidatas a mujeres”, se lee en la querella codificada con el Nurej 8087020.
El día después de la “cumbre política” convocada por el TSE para salvar las elecciones judiciales, autoridades del Ejecutivo y representantes de la facción arcista del MAS se refugiaron en la legalidad constitucional del fallo que golpeó el proceso electoral. Sucedió poco antes de que la querella sea aceptada en estados del Beni.
Dos magistrados del TCP emitieron un fallo que anula la renovación de las más altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando, debido a demandas de aspirantes a esos altos cargos. Además, los magistrados René Yván Espada Navía y Gonzalo Miguel Hurtado dejaron sin efecto el proceso electoral para cambiar a los magistrados del mismo TCP donde ellos están en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija. Se trata de la sentencia 070/2024, que ahora es parte de una acción legal contra las autoridades electorales.
“Todas las sentencias constitucionales se obedecen; eso de que son autoprorrogados y no sirven es un discursito nomas; porque los del Tribunal Constitucional, cuando estaban totalmente vigentes, sacaron esa sentencia que dice: ‘les vamos a entregar (los cargos) cuando ustedes elijan’”, declaró este martes el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico.
“Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”, establece el artículo 203 de la Constitución.
“La posición del Ejecutivo es el cumplimiento de la sentencia. (…) También el incumplir una sentencia constitucional iría en contra del principio de independencia y separación de poderes”, señaló el ministro de Justicia, César Siles sobre el fallo del TCP.
El TSE también planteó “una ley corta” para viabilizar “de manera integral” la celebración de las elecciones el 15 de diciembre. “En este momento no da por el tema de los tiempos, por esta razón es que el acuerdo básicamente radica, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra.
El TSE pidió una enmienda al TCP para que no solo sean dos los magistrados sino toda la sala plena que valide ese fallo. A esto se suma el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que espera esos comicios. El abogado Rubén Darío Cuéllar del Observatorio de DDHH cree que este caso puede llegar hasta la Corte-IDH.
El TSE enfrenta una acción legal por el apoyo político y Judiciales están bloqueadas
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) está solo. El apoyo político que recibió ayer en el contexto de una declaración firmada por representantes de partidos, del Legislativo y el Gobierno, quedó solo en el papel porque el fallo constitucional que anula parcialmente las elecciones judiciales no podrá ser revertido, según reconocieron ayer voceros oficiales. A esto se suma la primera demanda “por desobediencia”, planteada contra los vocales electorales.
La acción legal llegó de la mano del abogado Hugo Vargas Palenque, un postulante a candidato a magistrado que fue marginado durante el proceso de selección que tuvo lugar en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El jurista pidió a los dos vocales de la Sala Constitucional Primera del Beni llevar adelante, incluso una acción penal contra el TSE, además de cargos pecuniarios.
Vargas solicitó la aplicación de “multas progresivas de 15.000 bolivianos para cada uno y por día”. “Asimismo, de persistir en su desobediencia, se remitan antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento correspondiente conforme manda el art. 179 del Código Penal” se lee en el escrito divulgado ayer a los medios.
Demandante contraataca y solicita ejecutar fallo que impide judiciales y sancionar a vocales del TSE
Hugo Vargas Palenque, el candidato inhabilitado en la preselección judicial y que demandó la nulidad de las elecciones judiciales, presentó un memorial a la sala constitucional primera de Beni pidiendo la ejecución del fallo constitucional 0770/2024 que paraliza la elección judicial y desconoció los acuerdos que hubo en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el lunes.
“Acredito de manera objetiva y documentada la desobediencia a resolución en acciones de defensa por los accionados, por lo que pido a usted aplicar la norma disponiendo que se abstengan a los vocales del Órgano Electoral de continuar con el proceso electoral”, señala el memorial presentado por el candidato Vargas Palenque.
Apoyo político para renovar magistrados aún no alcanza para garantizar las Judiciales del 15 de diciembre
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibió el respaldo el Gobierno y de las fuerzas políticas del país para llevar adelante las elecciones judiciales del 15 de diciembre, pero el gesto aún no es suficiente para revertir el fallo constitucional que anula parcialmente el proceso de renovación de los altos magistrados del Órgano Judicial, según la postura del oficialismo y de especialistas.
El día después de la “cumbre política” convocada por el TSE para salvar las elecciones judiciales, autoridades del Ejecutivo y representantes de la facción arcista del MAS se refugiaron en la legalidad constitucional del fallo que golpeó el proceso electoral.
A solo un mes del sufragio, dos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitieron un fallo que anula la renovación de las más altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando, debido a demandas de aspirantes a esos altos cargos.
Además, los magistrados René Yván Espada Navía y Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano dejaron sin efecto el proceso electoral para cambiar a los magistrados del mismo TCP donde ellos están en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija. Se trata de la sentencia 070/2024.
