La acción de inconstitucionalidad presentada contra varios artículos de la Ley 1740 de Estados de Excepción aún no fue admitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), debido a observaciones técnicas y jurídicas que deberán ser subsanadas por los accionantes antes de que el caso pueda pasar a un análisis de fondo.
La presidenta del TCP, Paola Verónica Prudencio, informó que la Comisión de Admisión ya emitió pronunciamientos sobre las acciones presentadas y que, en algunos casos, corresponde notificar a las partes para que corrijan los requisitos observados.
“Debe quedar claro para la población boliviana que no se ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra la ley en su conjunto, sino contra determinados artículos que están contenidos en la ley”, explicó Prudencio en contacto con los periodistas.
La aclaración surge en medio del debate político y jurídico generado por la Ley 1740, norma que regula los estados de excepción y que fue promulgada por el presidente Rodrigo Paz en un escenario marcado por bloqueos, protestas y hechos de violencia en distintas regiones del país.
Según la presidenta del TCP, la Comisión de Admisión tiene como primera tarea verificar si las acciones cumplen con los requisitos establecidos por la Constitución Política del Estado y la normativa procesal constitucional. Solo después de ese control inicial, el Tribunal puede abrir su competencia para pronunciarse sobre el fondo de la demanda.
“Lo primero que tiene que hacer la Comisión de Admisión es verificar si se han cumplido aquellos requisitos de admisibilidad”, señaló la autoridad.
Prudencio precisó que una de las principales observaciones está relacionada con la legitimación pasiva, es decir, la identificación correcta de la autoridad contra la cual debe dirigirse la acción constitucional.
En este caso, explicó que la demanda debía plantearse contra el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cargo que recae en el vicepresidente del Estado. Sin embargo, la acción fue dirigida contra otras autoridades, entre ellas los presidentes de las cámaras legislativas, por lo que se pidió corregir ese aspecto.
“Se está notificando en sentido de que se cumpla especialmente el tema de la legitimación pasiva, es decir, contra quién está dirigida esta acción. Cumplida la observación, la Comisión de Admisión se pronunciará respecto a ello”, indicó Prudencio.
La autoridad también se refirió a la acción presentada por la Defensoría del Pueblo y señaló que la Comisión de Admisión ya emitió observaciones iniciales. Una vez que estas sean subsanadas, se definirá si la causa continúa su trámite.
“Respecto a esa acción que ha presentado el Defensor del pueblo, hemos pedido un informe a la Comisión de Admisión. Se nos ha informado que ya se ha pronunciado precisamente la Comisión y entiendo que se ha solicitado que se subsanen algunas observaciones”, explicó.
La presidenta del TCP insistió en que el proceso aún se encuentra en una etapa preliminar. Por tanto, todavía no existe una decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los artículos cuestionados.
Según la información proporcionada, la acción no apunta a dejar sin efecto toda la Ley 1740, sino a revisar artículos específicos de la norma, entre ellos los artículos 13 y 26. Una vez superado el procedimiento de admisibilidad, esos artículos podrán ser analizados por el magistrado relator que sea asignado al caso.
“Esos artículos, vencido este procedimiento de admisibilidad en la Comisión de Admisión, van a ser sujetos de análisis de fondo por parte del magistrado que vaya a ser el relator, pero se refiere a uno o dos artículos de la ley, no a la ley en su conjunto”, remarcó Prudencio.
El TCP indicó que tras la corrección de las observaciones, la Comisión de Admisión volverá a revisar el cumplimiento de los requisitos formales y posteriormente determinará si admite la acción para el análisis correspondiente.
La Ley 1740 fue aprobada y promulgada en medio de la crisis social que atraviesa el país y establece el marco jurídico para la aplicación de estados de excepción. El Gobierno defendió la norma como una herramienta de regulación y control institucional, mientras que sectores políticos y sociales cuestionaron algunos de sus alcances.
Por ahora, el TCP no ingresó al debate de fondo. El caso permanece en etapa de admisibilidad y dependerá de que los accionantes corrijan las observaciones legales planteadas por la Comisión.