El tercer reporte de conflictividad de la Defensoría del Pueblo que abarca del 1 de mayo al 15 de junio da cuenta de una crisis multidimensional que vulneró derechos fundamentales como el derecho a la vida y al libre tránsito. Denuncia también que se evidenció una "limitada capacidad de respuesta institucional, con operativos policiales y militares que derivaron en detenciones, pero sin soluciones estructurales sostenibles".
Además, la Defensoría menciona entre los principales derechos vulnerados: el derecho a la vida, la salud, la libre circulación, la educación, el trabajo, la seguridad personal, el acceso a la justicia, la alimentación, el agua potable y la libertad de expresión. Haciendo notar que los bloqueos ocasionaron la suspensión de clases presenciales, el cierre temporal de tribunales, la escasez de alimentos y combustibles, la falta de medicamentos e incluso problemas para el recojo de basura en algunas ciudades.
La institución da cuenta de al menos 14 fallecidos relacionados con las restricciones de tránsito, 7 operaciones policiales, 365 personas arrestadas durante los operativos de desbloqueo, de las cuales 247 fueron liberadas, 103 imputadas y 15 sin situación legal definida.
Respecto a la actuación estatal, la Defensoría sostiene que las autoridades nacionales y subnacionales tienen la obligación de garantizar la transitabilidad, la seguridad ciudadana y el acceso a servicios básicos. Sin embargo, observa una capacidad de respuesta limitada y una coordinación interinstitucional insuficiente para enfrentar las múltiples vulneraciones de derechos generadas por la conflictividad, pese a algunos acuerdos que permitieron levantar temporalmente ciertos bloqueos.
Como conclusión, la entidad defensorial advierte que la crisis social derivó en una afectación masiva de derechos humanos de terceros no involucrados en las protestas y que la falta de soluciones estructurales profundizó los daños ocasionados. En ese contexto, reiteró que la protección de la población debe constituirse en un eje central de la gestión de conflictos y llamó a priorizar el diálogo, la responsabilidad institucional y el respeto irrestricto a la dignidad humana para superar la crisis.