TSE desahucia referendo judicial y juristas ven ataque coordinado

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, se sumó a las declaraciones que desahucian el referéndum por la reforma judicial, al decir que ve “muy difícil” que se logren los plazos para realizar la consulta ciudadana este año. No es la primera autoridad de Estado que hace estas apreciaciones y ante ello, el grupo de juristas independientes consideró que hay un “ataque coordinado” contra la iniciativa para evitar lograr un cambio real del sistema judicial.

“Este grupo de juristas está recolectando firmas para poder hacer posible un referéndum. Eso tiene algunas complicaciones porque una vez que recojan las firmas, esas firmas deben ser verificadas en el TSE y luego debemos enviarlo al Tribunal Constitucional. No sabemos realmente si eso puede avanzar en el curso de este año.

Lo veo difícil, personalmente, y no es que esté en contra del proceso, pero lo veo bastante difícil”, declaró Hassenteufel ante los medios de comunicación.

También dijo que es posible que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), debido a los procesos que maneja por año, no logre “despachar” u ocuparse del control constitucional del plebiscito en un corto plazo.

Estas declaraciones prendieron las alarmas del grupo de abogados que impulsa la modificación parcial de la Constitución Política del Estado y aprovecharon para reclamar al TSE por demorar en la aprobación de las cuatro preguntas dirigidas a la población que fueron presentadas en julio de 2022 y que se aprobaron recién en octubre..

Para José Antonio Rivera, abogado y exmagistrado del TCP, es inadmisible que se pongan obstáculos a una iniciativa ciudadana que busca “transformar estructuralmente el sistema judicial de Bolivia”.

Aclaró que fue justamente “el TSE quien no cumplió su deber, con los mandatos de la CPE y la Ley 026, así como con los reglamentos para dar curso a esta iniciativa” en los plazos previstos. Detalló que la propuesta fue presentada el 28 de julio de 2022 y recién en octubre de ese año se aprobaron las preguntas y se autorizó la recolección de firmas, pero con una serie de obstáculos que obligó a los promotores tener que presentar impugnaciones, razón por la que recién el 25 de enero de este año y con los tiempos justos iniciaron la cruzada nacional.

“Si se cumple celosamente los plazos establecidos en la Ley 026 y el Reglamento es perfectamente posible que se realice la votación del referéndum antes de octubre de este año, situación no analizada adecuadamente por el presidente del TSE”, aseveró el jurista.

La también miembro del grupo de juristas, Audalia Zurita, señaló que desde la presentación de la iniciativa enfrentan “los embates del Gobierno y los poderes del Estado organizados en una coherencia de perjudicar el proceso”.

Dijo que existe un “ataque coordinado” propiciado por el Órgano Ejecutivo a través de algunos ministros, el Órgano Legislativo y ahora el Órgano Electoral para intentar confundir a la ciudadanía y lograr desaliento.

“Hacen todo lo posible para que no se toque la Constitución ni las disposiciones que corresponden a una reforma constitucional y simplemente la dilatan y posiblemente quieren beneficiarse con la manipulación de la administración de justicia”, refutó la abogada.

El procedimiento para viabilizar un plebiscito conlleva diferentes etapas y la revisión de su legalidad se hace en más de un Órgano de Estado. La iniciativa deberá realizarse como máximo en agosto ya que se corre el riesgo de que haya un choque con la renovación de autoridades judiciales a través de comicios antes del 3 de enero de 2024.

Los juristas deberán reunir al menos un millón y medio de firmas, que representan el 20% del padrón electoral. El primer paso consiste en la verificación de la legalidad y contabilización de las adhesiones en los cuadernos autorizados por el TSE.

Una vez corroborado el millón y medio de firmas, el Tribunal Constitucional hará un control y si aprueba ordenará a la Asamblea Legislativa trabajar una ley para dar pie al referéndum que será ejecutado por el TSE.

Tras las declaraciones de Hassenteufel, el diputado Gualberto Arispe manifestó que los plazos son cortos y por ello la Asamblea debe continuar con el debate de un reglamento para la preselección de magistrados.
“Yo creo que están en su derecho, pero también hay que decir que se han dormido y no les da el tiempo. Lo que tiene que hacerse se hará como reza la Constitución”, manifestó.

La senadora Andrea Barrientos de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) dijo que más allá de los criterios técnicos expresados por el presidente del TSE, ese Órgano del Estado deberá trabajar de acuerdo a si que consiguen o no las firmas necesarias para realizar el referéndum.
“Nosotros respaldamos cien por ciento ese proceso.

Creemos que toda la gente tiene que ir a firmar esos libros, es una salida muy importante para la población y si ellos recolectan la cantidad de firmas necesarias, el TSE tendrá que ir a referéndum, no le queda de otra”, enfatizó.

A la fecha, de acuerdo con información de los juristas independientes, se recogieron más de 600.000 firmas y aún no se tiene el conteo oficial de los libros que funcionan como puntos móviles ya que por sus características se dificulta la contabilización.

Otras salidas

Ante el panorama adverso que se creó sobre la consulta ciudadana, la oposición presentó dos proyectos de ley para lograr que una comisión calificadora se ocupe de preseleccionar a los candidatos. Sin embargo, estas alternativas fueron rechazadas en la Comisión de Constitución y están a la espera de que sean tratadas en el pleno de la Cámara de Senadores y Diputados.

El MAS no se quedó atrás y ante la posibilidad de no conseguir los dos tercios para aprobar un reglamento de elección judicial todavía discute la alternativa de designar magistrados por ley o decreto presidencial.
El panorama aún es incierto ya que el partido de Gobierno intenta acercarse a los opositores para llegar a consensos que den vía libre a los comicios judiciales de este año.