El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, afirmó que el Órgano Judicial no tiene participación directa en la aplicación del Estado de Excepción decretado por el Gobierno y aclaró que su intervención se limitará al control jurisdiccional de los casos que eventualmente sean remitidos ante jueces competentes.
La autoridad judicial señaló que la promulgación del decreto es una atribución exclusiva del presidente del Estado y de sus ministros, por lo que el TSJ respetará las decisiones adoptadas por el Ejecutivo dentro del marco constitucional.
“Nosotros como justicia simplemente nos limitamos a cumplir nuestro rol en caso de que hubieran personas procesadas o puestas a disposición de los jueces de instrucción para poder ejercer el control jurisdiccional”, sostuvo Saucedo al referirse al alcance de la actuación judicial durante la vigencia de la medida excepcional.
El titular del TSJ explicó que, mientras no existan personas sometidas a procesos judiciales derivados de la aplicación del decreto, el Órgano Judicial no tendrá una participación activa en su ejecución.
“Si hay personas que son procesadas y puestas a disposición de los jueces en el sistema boliviano, ahí ejerceremos nuestras funciones a través de ellos. Por el momento no tenemos ninguna participación directa porque así no lo establece la Ley de Estado de Excepción ni tampoco el decreto suscrito por el Presidente”, precisó.
Saucedo también formuló una recomendación a las instituciones encargadas de hacer cumplir la medida extraordinaria, instándolas a actuar con prudencia y dentro de los límites establecidos por la ley.
“Siempre velando porque las personas lleguen a sus casas tranquilas, que no haya derramamiento de sangre y que sea realmente excepcional la situación donde puedan darse estos hechos”, manifestó.
El pronunciamiento surge horas después de que el Gobierno nacional activara el estado de excepción en todo el país con el objetivo de restablecer la libre circulación y garantizar el abastecimiento de productos esenciales tras semanas de conflictos y bloqueos de carreteras, tras 51 días de conflicto y 46 de bloqueos.
Desde el TSJ remarcaron que mantendrán una posición de respeto a las competencias de los demás órganos del Estado y que su función será garantizar el debido proceso y el control jurisdiccional cuando corresponda.
“Respetamos las decisiones que asuma el Ejecutivo y reiteramos nuestra postura de mantenernos como un órgano independiente del Estado, garantizando que se ejerza el control jurisdiccional a través de los jueces competentes”, agregó Saucedo.