El excomandante del Ejército Juan José Zúñiga arribó a La Paz este lunes por la mañana, desde Cochabamba, para asistir al inicio del juicio oral. Su defensa anticipa que buscará demostrar una supuesta coordinación previa con el gobierno de Luis Arce, mientras la Fiscalía sostendrá la acusación por el presunto golpe de Estado.
Zúñiga llegó bajo un fuerte resguardo policial, para comparecer ante el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción y asistir al inicio del juicio por los hechos del 26 de junio de 2024.
Zúñiga fue trasladado durante la madrugada desde el penal de máxima seguridad de El Abra hasta el aeropuerto Jorge Wilstermann, en Cochabamba. Desde allí viajó por vía aérea hasta El Alto, donde arribó esposado y escoltado por efectivos policiales.
Su llegada abre una nueva etapa en un proceso que se prolonga desde hace más de dos años y en el que el exjefe militar, según su defensa, expondrá por primera vez de manera amplia su versión sobre el despliegue de tropas y vehículos blindados en la plaza Murillo.
“Creo que estamos entrando al inicio del final de este proceso. Muy pronto se van a esclarecer estos hechos y se hará justicia”, declaró Zúñiga antes de partir de Cochabamba.
El excomandante aseguró que afrontará la audiencia con serenidad y confianza en que se respetará el debido proceso.
“Voy sereno, tranquilo, convencido de que van a prevalecer los derechos de las personas, los derechos humanos y, principalmente, el debido proceso”, afirmó en un contacto con Red Uno.
Después de tres postergaciones, el tribunal tiene previsto instalar este lunes el juicio oral contra Zúñiga y otras 20 personas acusadas por el presunto intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Luis Arce Catacora.
El proceso buscará establecer las responsabilidades individuales por el despliegue militar del 26 de junio de 2024, cuando unidades del Ejército ingresaron a la plaza Murillo y un vehículo blindado derribó una puerta del antiguo Palacio Quemado.
La audiencia también marcará el inicio de la estrategia con la que la defensa de Zúñiga intentará cuestionar la versión sostenida durante la anterior gestión de gobierno.
El abogado Eusebio Vera informó a EL DEBER que el juicio será “esclarecedor”, porque permitirá que el excomandante relate lo ocurrido ese día y durante las jornadas previas.
Según Vera, durante la etapa investigativa Zúñiga no pudo brindar una declaración completa sobre los hechos. Por ello, la defensa prevé que su testimonio sea uno de los elementos centrales del juicio.
La expectativa está puesta en si el exjefe militar ratificará ante el tribunal la versión que dio minutos después de su aprehensión, cuando afirmó que el movimiento militar había sido coordinado previamente con Arce.
Vera sostiene que durante las investigaciones del Ministerio Público surgieron “situaciones oscuras” y acusó al anterior gobierno del Movimiento Al Socialismo de haber direccionado el proceso para consolidar la hipótesis de un golpe de Estado.
“Estoy hablando del gobierno del señor Luis Arce Catacora, quien instruyó y señaló que los hechos del día 26 se habrían constituido en un golpe de Estado”, declaró.
La defensa plantea que las acciones militares habrían sido previamente coordinadas entre Zúñiga, Arce y algunos integrantes de su gabinete, pero que posteriormente fueron utilizadas para responsabilizar únicamente al excomandante.
“Consideramos que esos hechos, en primera instancia, fueron actos de coordinación entre el señor Luis Arce Catacora, sus ministros y el señor Juan José Zúñiga. Posteriormente, fueron capitalizados a favor de Arce, tendiéndole una trampa al general Zúñiga”, afirmó Vera.
Esta hipótesis deberá ser sustentada con pruebas durante el juicio y contrastada con la acusación fiscal, los testimonios de los demás procesados y la documentación recolectada durante la investigación.
La defensa también pretende esclarecer el papel de las autoridades civiles y policiales que intervinieron antes, durante y después del despliegue militar.
Como parte de sus cuestionamientos, Vera recordó que pocas horas después de los hechos el entonces viceministro de Seguridad Ciudadana, general Johnny Aguilera, se trasladó hasta el Gran Cuartel General de Miraflores para ejecutar la aprehensión de Zúñiga, acompañado por medios de comunicación.
El juicio se instala después de dos años y 17 días de los sucesos. El pasado 26 de junio, Zúñiga cumplió dos años bajo detención preventiva.
Paralelamente, sus abogados buscan que el exjefe militar pueda defenderse en libertad. La semana pasada volvió a suspenderse una audiencia de cesación de la detención preventiva.
El abogado Eduardo León aseguró que la defensa ya cumplió los requisitos exigidos por la Justicia para solicitar la cesación, entre ellos la publicación de garantías a favor de las presuntas víctimas.
El actual Gobierno descartó intervenir en el curso del proceso. Semanas atrás, el viceministro de Transparencia y Seguridad Jurídica, Yamil García, señaló a EL DEBER que el caso se encuentra bajo responsabilidad del Ministerio Público y de los tribunales.