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Los argumentos de Bolivia con los que defenderá “la soberanía plena” de las aguas del Silala se escucharán este lunes y martes en el Palacio de la Paz, la sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El país señala, en sus alegatos escritos, que debe haber un pacto específico con Chile sobre el “uso equitativo” de esos recursos para el beneficio de ambos.

“Si se pretende continuar con el uso del flujo, mejorado por las canalizaciones en las aguas del Silala, Chile debe negociar con Bolivia”, precisó el agente Roberto Calzadilla, quien presentará los argumentos del país ante los 17 jueces de la Corte de La Haya.

Según el diplomático boliviano, un acuerdo de esta naturaleza debe poner fin a la “forma arbitraria y unilateral” con la que se aprovecha el acuífero ubicado en Potosí.

En 2016, Chile demandó a Bolivia para que el máximo tribunal de la Organización de Naciones Unidas (ONU) declare al Silala como un “río internacional de curso sucesivo” y reclamó un supuesto “derecho al uso compartido y equitativo” de esa reserva hídrica sobre la base de la legislación internacional. El viernes, la vicecanciller de Chile, Ximena Fuentes, invocó así la Convención de 1997 sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacional para fines distintos de la navegación en la apertura de los alegatos que el viernes tuvo lugar en La Haya.

Dos años después, en 2018, Bolivia respondió con una contrademanda. El documento, que se puede revisar en el sitio web de la CIJ, señala que la Corte debe reconocer “la soberanía” sobre las aguas del Silala y “los canales artificiales”. Además, el escrito demanda que la CIJ instruya que “cualquier envío artificial de Bolivia a Chile de las aguas del Silala, así como las condiciones y modalidades del mismo, incluyendo la compensación a pagar por dicha entrega, están sujetas a la conclusión de un acuerdo con Bolivia”.

Calzadilla, en una declaración pública que se divulgó al término de la primera audiencia pública, solicitó a la CIJ que levante la reserva sobre todos los actuados que se intercambiaron durante el proceso escrito, “para que los bolivianos y bolivianas puedan conocer todos los documentos y detalles del proceso”. Cuando el diplomático emitió el mensaje, la Corte ya había liberado las restricciones de acceso a ese legajo. 

La presidenta de la CIJ, la jueza estadounidense Joan Donoghue, comunicó, al instalar la fase oral, que esa documentación sería desvelada, de acuerdo con el reglamento del tribunal internacional.

En la respuesta escrita, Bolivia señala que “tiene plena soberanía sobre el uso del cauce artificial de las aguas y que, a falta de un convenio entre Bolivia y Chile, se regirá por la legislación nacional boliviana”. En ese marco, recuerda que el país vecino ya reconoció la competencia nacional en 1997, cuando se anuló la concesión de 1908 que firmó la Prefectura de Potosí con empresa anglo chilena Bolivian Antofagasta Railway para la provisión de agua para sus antiguas locomotoras a vapor. 

“Chile dijo que no hay controversia con Bolivia sobre el uso del río Silala, cuyas aguas abastecen a las poblaciones del norte de nuestro país que está sujeta a un contrato de Derecho Internacional Privado, que debe ser discutido en esos términos. De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores en funciones, Mariano Fernández, es un contrato de Derecho Internacional Privado y, por lo tanto, sigue las reglas de todos los contratos. “Por ahora no hay controversia entre el gobierno boliviano y el gobierno chileno en esta materia”, señaló la autoridad, según publicó el diario chileno El Mercurio el 17 de mayo de 1997. Este recorte forma parte del alegato boliviano.

Eso sí, el escrito boliviano reconoce que este acuerdo debe basarse en “cualquier componente o la totalidad de Silala y sus aguas, que comprende agua que fluye naturalmente, así como el curso que es el resultado de la ingeniería artificial”. Invocó, de este modo, la necesidad de aplicar “dos regímenes jurídicos diferentes y separados a la gestión global de este curso de agua mejorado artificialmente, único y frágil”.

En la presentación de sus argumentos, Fuentes afirmó que la existencia de “coincidencias” con Bolivia provocó “la reducción” del alcance de la demanda chilena porque, en su criterio, la definición del “río internacional” ya es asunto zanjado ante la Corte Internacional. Quedaría pendiente, entonces, la disputa sobre el uso y aprovechamiento del recurso “supuestamente equitativo”.

Al respecto, Bolivia alertó a los magistrados de la CIJ que si aceptan la petición chilena se “podría impedir el ejercicio del derecho internacional a hacer uso de las aguas del Silala en el futuro”. De hecho, Chile demandó la obligación que pudiese tener Bolivia a cuidar el cauce de las aguas y no estableció ningún deber a su cargo, de acuerdo con el alegato.

“En cuanto al aprovechamiento equitativo y razonable de las aguas del Silala, Bolivia considera que las presentaciones de Chile deben ser desestimadas ya que pretenden aplicarse a todas las aguas de Silala, incluidas las que fluyen artificialmente. Además, esos argumentos deben ser desestimados en la medida en que sólo conciernen a los derechos de Chile y desconocen los derechos de Bolivia”, sostiene el documento.

Calzadilla remarcó que el país vecino no puede tener derecho total sobre el afluente, como pasa en la actualidad y que existe el interés nacional por revitalizar los bofedales (humedal de altura), que se han visto severamente afectados por la canalización.

“Bolivia sostuvo que no realizó ninguna acción que ponga en riesgo el uso que, en territorio chileno, se hace de estas aguas, pese a que el derecho le asiste para disponer sobre los canales que están en su territorio; Chile no ha presentado ni una sola evidencia en ese sentido”, puntualizó en sintonía con la contramemoria.

En todo caso, Bolivia remarcó que el uso del flujo que pasa a Chile gracias a los canales “depende del consentimiento” nacional y es algo que no podría ocurrir con el trasvase naturales de las aguas que emergen de dos reservorios subterráneos.

Al respecto, la representación chilena reconoció el derecho que tiene Bolivia de “desmantelar” los canales que están en su territorio. Fuentes subrayó que ese extremo no desvirtuará que la naturaleza del Silala corresponde a un río internacional.

Ahora bien, los estudios que hizo el equipo danés DHI, una organización especializada en estudios científicos sobre el agua que fue contratado por Bolivia, señala que existen flujos de agua superficial y subterránea que genera el Silala. “Existe un importante flujo transfronterizo de aguas subterráneas, que actualmente se estima en alrededor de 230 1itros por segundo”, pero advirtió la necesidad de hacer mayores estudios en esa zona.

La controversia del Silala estalló en 1999. Desde entonces, Bolivia y Chile ensayaron varios escenarios de diálogo. Incluso, entre 2018 y 2019 hubo un acercamiento que pudo frenar el litigio, según admitió Fuentes y, anteriormente, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien fue agente ante la Corte.

Chile activó El juicio “sin demora” en respuesta a las amenazas de Evo

En la apertura del juicio oral por la naturaleza de las aguas manantiales del Silala, la vicecanciller de Chile, Ximena Fuentes, admitió que su país llevó a Bolivia a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por efecto de la amenaza que en 2016 fue planteada por Evo Morales, entonces presidente del país.

“El 23 de marzo de 2016, el anterior presidente Evo Morales anunció la intención que tenía Bolivia de llevar a Chile ante la Corte para detener lo que él llamaba un uso ilegal de las aguas del Silala por parte de Chile. Más adelante, Bolivia anunció que tardaría dos años para iniciar los procedimientos legales contra Chile”, afirmó Fuentes ante los altos magistrados del tribunal internacional.

“Chile decidió traer esta disputa ante la Corte sin demora con la ide de generar oportunidades para el desarrollo de estrategias de cooperación en vez de verse atrapados en una serie de premisas legales”, puntualizó la agente chilena.

En 2016, Morales aceptó el juicio planteado por Chile y aseguró que será una oportunidad frenar “el robo” de recursos del país.

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