Desactivan 1.600 cuentas falsas en redes sociales atribuidas al Gobierno

Meta, la casa matriz de Facebook, eliminó 1.600 cuentas falsas y denunció que eran usadas por ‘guerreros digitales’ del Gobierno boliviano en contra sus detractores. La oposición señaió que lo hacen con dinero del pueblo y anuncian procesos penales. En respuesta, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dijo que para hacer una denuncia de este tipo, al menos debieron consultar “a un Gobierno democráticamente elegido”. Además, expresó: “qué coincidencia que ataquen a países de izquierda”. 

El caso colocó en figurillas a los voceros del Gobierno, que hablaron del tema, pero no admitieron ni negaron nada. Este nuevo dato se complementa con el que surgió el año pasado. En septiembre se informó que las cuentas de Facebook de los medios estatales, el Viceministerio de Comunicación, incluso de Evo Morales registran administradores desde Argentina. 

En el caso de tres perfiles del MAS se muestran países, como Estados Unidos y Vietnam. En ambos casos predominan, en número, los gestores de Bolivia. 

Los expertos en redes sociales consideraron que se debe a una cuestión de seguridad informática, marketing político y posicionamiento.

La casa matriz de la red social informó este jueves que desmanteló redes de cuentas falsas en Cuba y Bolivia, que vinculó con los gobiernos de ambos países y que eran usadas para difundir mensajes oficialistas y desacreditar a opositores, reportó la agencia AFP.

Ben Nimmo, líder global de Inteligencia sobre Amenazas de Meta, en una videoconferencia con la AFP, relató que en el caso de Bolivia la indagación llevó a nexos con el gobierno de izquierda, con el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) tras su regreso al poder en 2020 y un grupo autodenominado “Guerreros Digitales”, precisó.

En Bolivia se desactivaron unas 1.600 cuentas, páginas y grupos que funcionaban en búnkeres en La Paz y Santa Cruz.

“Coordinaron sus esfuerzos para usar cuentas falsas, publicar apoyo al gobierno boliviano y criticar y acosar a la oposición”, señaló David Agranovich, director de Disrupción de Amenazas, también en la conferencia.

Desde la oposición calificaron la denuncia de “muy grave”. Tanto Comunidad Ciudadana como Creemos coincidieron que iniciarán investigaciones que deberían terminar en procesos penales.

El diputado Carlos Alarcón, de CC, advirtió “que definitivamente es una actividad ilícita de todos estos gobiernos autoritarios. Es inconstitucional porque estas falsas cuentas vulneran la libertad de expresión con el objetivo de desinformar descalificando no el mensaje, sino a los mensajeros”, aseguró.

Por otra parte, denunció que “es una malversación de los recursos públicos, eso no lo pagan los gobernantes con plata de sus bolsillos, sino del Estado, del dinero que viene de los impuestos. Nosotros iniciaremos una labor de fiscalización, y presentaremos una denuncia penal si es necesario, aunque sabemos que no se puede confiar en la justicia”, aseguró.

La senadora Centa Rek, de Creemos, lo calificó como un “hallazgo fundamental que marcará un hito en el manejo de esa propaganda política que no tiene restricciones, que tergiversa y siembra el desprestigio. Hay que ver la investigación, y estos datos que presenta Meta confirman que vienen del Gobierno boliviano. Eso quiere decir que está financiado por el Ejecutivo, lo que puede configurar, incluso, delitos que denunciaremos a su tiempo”.

Rek complementó que esto también ratifica “que hay una gran incidencia de los regímenes cubano, venezolano, nicaragüense y otros del mismo corte populista sobre el Gobierno de Bolivia. Esto puede tener consecuencias, más allá de la difusión de noticias ideologizadas”.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, señaló que pedirán la información correspondiente a esta firma vinculada al manejo de Facebook y sus redes sociales. “Luego daremos a conocer una opinión más extensa”, dijo. Respecto al tema de las redes sociales, señaló que promovió una campaña sobre la responsabilidad que debieran tener las mismas. 

“El uso que se da a información privada de las personas que tienen Facebook en un mundo en el que las redes pasaron a tener un protagonismo, no solamente en tema de información, sino en definición de agendas políticas, conflictividad social a nivel nacional y en el mundo. Exhortamos a Facebook que sea responsable, más allá de lo que declare misteriosamente contra dos gobiernos de izquierda, porque no sabemos cuáles son sus parámetros y criterios que lo llevaron a esas conclusiones”, señaló la ministra Prada.

Meta dijo que no presentó estos datos a los gobiernos de Cuba o Bolivia porque halló que estaban “vinculados” a estas actividades. El caso boliviano involucró a poco más de dos millones de cuentas que seguían a las páginas.

En el caso de la Cuba, que por décadas fue uno de los países menos conectados del mundo, Meta desactivó 363 cuentas de Facebook, además de 270 páginas y 229 grupos, así como 72 de Instagram.

Pero este tipo de información surge en países de la misma línea ideológica. De hecho, el miércoles en Venezuela el ministro para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, respondió a los medios de comunicación que acusan al gobierno de Venezuela de usar inteligencia artificial para crear propaganda política.

Ñáñez rechazó el artículo publicado por el diario El País sobre unos supuestos reportajes falsos que se viralizaron en las redes sociales. Según el medio español, los mismos trabajos enfocados en los logros alcanzados por la administración de Nicolás Maduro “eran presentados por avatares”, según señala Venezuela News.

En La Paz, la ministra acotó que Meta debería brindar “más transparencia respecto a lo que suceda en este espacio virtual, “demandamos claridad sobre sus políticas que adoptan y determinaciones arbitrarias que asumen. Para dar esas declaraciones respecto a un gobierno democráticamente electo debieron consultarnos para ver si existen o no vinculaciones con instancias que ellos denuncian.

Las redes operaban de forma independiente en cada país y sus contenidos llegaron a cientos de miles de personas antes de ser desbaratadas tras una investigación interna que concluyó en el cuarto trimestre de 2022.