El MAS se une para aprobar el PGE 2023 en Diputados; denuncian ‘robo’ de votos

Reuniones tras bambalinas, ningún ataque y mucha cordialidad, así se observó a los dos bloques del MAS en la sesión de ayer donde se aprobó el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023. Ambos bandos prefieren no hablar de reconciliación y dicen que unificaron criterios programáticos a favor de su Gobierno.

 La oposición cree que estos acercamientos esconden intereses económicos y de poder. Por otro lado, denuncian supuestas irregularidades en la aplicación del Reglamento de Diputados y afirman que les “robaron” sus votos con “fraude”.

“El MAS no es una organización sentimental, el MAS es una organización política. En consecuencia, no es adecuado hablar del término reconciliación, sino que estamos volviendo a entender cuál es la finalidad del MAS y en consecuencia siendo que la finalidad es garantizar la redistribución de los recursos económicos corresponde que tengamos que aprobar un proyecto de ley de esta naturaleza. Hay entendimiento programático, no hay acuerdos”, sostuvo el diputado Juan José Jáuregui del ala de los renovadores, en contacto con EL DEBER.

Para el parlamentario Gualberto Arispe, del bloque ‘evista’, la aprobación del proyecto de ley en su estación en grande y en detalle es producto de los “acuerdos” que llegaron con los ministros del área económica que prometieron préstamos internaciones para viabilizar los proyectos que no están inscritos en el PGE 2023.

“(Las) diferencias serán en otro escenario, no podemos perjudicar por diferencias de algunos colegas y trabar la ley”, dijo el legislador del trópico de Cochabamba.

Esto implica que la división en el oficialismo sigue en pie. Ayer la dirección del MAS, a través de su página de Facebook, denunció que desde la Unidad de Comunicación de “un ministerio” se falsifican tuits de Evo Morales y también comunicados del partido azul. 

“Pronto denunciaremos con nombres, cargos y otros datos a quienes con dinero del Estado se dedican a estafar al pueblo boliviano, haciendo mal uso de los bienes o que no es otra cosa que un grosero acto de corrupción y traición al movimiento popular”, dice la denuncia del MAS.

Con anterioridad, Arispe apuntó a José Daniel Llorenti, miembro del Ministerio de Gobierno.

Desde la vista de los opositores, los dos bandos del MAS se manejan bajo intereses económicos y de poder. Los acusaron de entablar un “falso debate” en el pleno de Diputados sobre el PGE 2023 ya que todo estaba acordado pese a que en la última sesión los ‘evistas’ habían rechazado la norma.

“Aquí había un interés económico de por medio, un interés político partidario. Al inicio de la sesión no se hablaban, en el desarrollo hubo una especie de unidad momentánea. Al final acabaron como han ingresado otra vez acusándose y otra vez insultándose con consignas de condecoraciones rechazadas. Esto es así, acá no hay una división político-partidaria. Acá hay una división económica, de intereses políticos y otros factores. No me parece extraño que se hayan tomado una semana para hacer negociaciones. La respuesta es clarísima ha habido un negocio político”, manifestó el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Pablo Arizaga, al salir de la sesión.

El proyecto de ley se aprobó con 68 votos del MAS, que significan la mayoría absoluta de la Cámara Baja. En su tratamiento en detalle, los votos no se contaron, pero tenían la venia de los oficialistas.

La norma tiene siete artículos y 12 disposiciones, de las cuales nueve son disposiciones finales, dos adicionales y una abrogatoria. Cada artículo y disposición fue puesta a consideración. Solo hubo una modificación.
El PGE 2023 proyecta un presupuesto agregado de Bs 317.129 millones y un presupuesto consolidado de Bs 243.950 millones. La propuesta pasó a manos del Senado, instancia que tiene hasta el miércoles para sancionar la ley ya que el 21 de diciembre inicia el receso legislativo.

La Cámara Alta sesiona hoy desde las 8:00 y, si el informe de Diputados llega a tiempo, es posible que se trate y se pida dispensación del trámite por la urgencia.

Sesión accidentada

“La sesión de la vergüenza”, fue el calificativo que dio CC al debate que se instaló ayer por supuestas irregularidades en la aplicación del Reglamento. Hubo gritos, reclamos y hasta insultos, nada impidió que el oficialismo apruebe el proyecto de ley.

La sesión inició puntual. A las 10:00, el secretario llamó lista a los parlamentarios. CC y Creemos estaban confiados en aplicar el artículo 114 Reglamento, es decir, continuar el debate del PGE 2023 solo si la reconsideración del proyecto, antes rechazado, se aprobaba con dos tercios de voto.

Sin embargo, el MAS dio una sorpresa. Luego de pedir un cuarto intermedio en la sesión regresó para pedir la aplicación del artículo 110 de la norma que rige en la Cámara Baja. Este postulado hace referencia a la comprobación del voto y consiste en que “cuando una diputada o un diputado no esté de acuerdo con el dictamen del voto por parte de la presidencia, podrá solicitar con el apoyo de cinco diputados la comprobación del voto, que podrá realizarse por signo o nominalmente”.

Esta verificación se hizo como continuación de la sesión del anterior jueves, cuando se rechazó la norma con 68 votos de la oposición y el ala ‘evista’. Esta vez, la misma cantidad votó a favor. Todas fueron adhesiones del MAS.

El mecanismo exacerbó los ánimos de los opositores que reclamaron a viva voz un “fraude” y “robo de sus votos”. Justificaron que varios parlamentarios que no estaban habilitados en la otra sesión no podían comprobar los votos que dieron sus colegas.

“Fraude”, “no corresponde”, “va a tener procesos penales, presidente”, “está usurpando votos”, y otros reclamos se escucharon por parte de CC y se notó el silencio de Creemos.

En medio de gritos, el secretario contó 68 votos a favor de la aprobación en grande del proyecto de ley, seguido de aplausos de todos los oficialistas que parecían haberse reconciliado momentáneamente.

“No puede haber comprobación del voto si los diputados de la anterior semana no somos los mismos, ¿cuál es su argumento? Usted no puede ser un dictador de esta Asamblea, presidente no puede hacer lo que le da la gana. Yo no estuve la anterior semana y no tengo por qué comprobar el voto de los que están aquí. Se hace de forma inmediata no cuando le dé la gana presidente”, cuestionó el legislador Herbert Taboada de CC.

Más tarde, el diputado Ramiro Venegas les dijo a los opositores que “están recibiendo la dosis de su propia medicina” por haber restablecido el cuarto intermedio para posesionar a Jerges Mercado. 

Ningún reclamo de los opositores sirvió y el debate continuó poniendo a consideración cada artículo y disposición.

En medio de las discusiones, el diputado Héctor Arce llamó “celosos” a los opositores que se enteraron que “se ha roto el divorcio del MAS, ahora están en una repartición de bienes y en eso no les va a tocar nada”. Algunos soltaron risas y otros se mostraron sorprendidos y respondieron “ porque se están repartiendo pegas”.

El MAS ya estaba envalentonado. La diputada Gladys Quispe también se refirió a los opositores y les negó que hayan circulado “maletines” haciendo a lución a negocio de cargos y le recalcó que tienen “ese derecho y ese privilegio de convocar a nuestros ministros cuando se nos pegue la gana y socializar las leyes y normas que vayan en beneficio de nuestro sector. Claro, muéranse de envidia, cuando logren ganar ustedes van a tener ese privilegio y ojalá porque toda la vida van a ser minoría”.

En sala, el asombro ante las palabras de la parlamentaria era evidente. Otro incidente que causó más repudio fueron las palabras del diputado Juan José Huanca quien habría dicho “chola de Camacho” a la diputada Samantha Nogales mientras hacía uso de la palabra. 

Nogales no se quedó callada y reclamó por el hecho. Fue el momento más tenso. Varias diputadas se acercaron a la testera del presidente y pidieron la expulsión de Huanca quien solo se excusó en la revisión de las imágenes.

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