La asambleísta María René Álvarez informó que la audiencia por el botadero municipal ilegal en San Ignacio de Velasco fue instalada este lunes, en un proceso que podría sentar un precedente en materia de justicia ambiental en la región.
La demanda, interpuesta por la propia autoridad, apunta al presunto mal manejo de residuos y a los impactos generados en la salud de la población y el medioambiente. Según explicó, el caso ya fue admitido por la justicia agroambiental y se desarrolla actualmente con una inspección in situ.
“Se marca un hito histórico de acuerdo a la justicia ambiental en San Ignacio de Velasco, donde en primera instancia admite esta demanda de afectación ambiental que interpuso mi persona contra el representante ilegal, que en este caso es la máxima autoridad, el alcalde saliente Carlos Ruddy Dorado, con respecto a este mal manejo que ha habido en el tema de los residuos para la población de San Ignacio de Velasco”, afirmó Álvarez a EL DEBER.
Álvarez denunció que durante años el municipio habría vertido más de 21 toneladas diarias de basura sin tratamiento adecuado, generando contaminación, malos olores y afectaciones directas a comunidades cercanas y propiedades privadas.
“Durante años la Alcaldía ha vertido más de 21 toneladas diarias de basura y esto con desmedro al medioambiente porque no hay un tratamiento. Si bien antes se hacía un entierro de la basura, hoy por hoy ya no hay lugar, no hay sitio donde se puede hacer la misma y está como que amontonada provocando de esta manera, como le digo, la afectación ambiental. Hay un olor que no se puede soportar”, sostuvo.
El botadero está cerca de hogares
La legisladora también alertó sobre la cercanía del botadero con zonas habitadas (a unos dos kilómetros del centro urbano) y los riesgos asociados, como la muerte de animales, incendios y posibles enfermedades en la población.
"Había un proyecto de gestión integral de residuos sólidos con financiamiento externo el año 2019 y había también un proyecto de apertura de un relleno sanitario que tiene 10 hectáreas listas ya para funcionar, para ser habilitada. Sin embargo, ninguno de estos dos proyectos avanzó lamentablemente por la negligencia del actual alcalde que hizo que estas oportunidades se pierdan", apuntó.
Álvarez lamentó que los más afectados no son sólo las personas y comunidades cercanas, sino quienes realizan el recojo de basura y los animales de la zona.
Audiencia
En el marco de la audiencia, peritos especializados realizan evaluaciones técnicas sobre el impacto ambiental, incluyendo la presencia de lixiviados que estarían contaminando fuentes de agua y afectando la fauna local.
“Estamos en una inspección audiencia in situ, si se lo puede denominar de esa manera. Se ha acreditado a dos peritos que están acompañando a esta inspección y bueno, nosotros estamos ahorita a la espera que se culmine este recorrido para que ya haya una determinación, como una resolución del juez”, contó la asambleísta.
De acuerdo con la asambleísta, si la resolución es favorable, el municipio deberá trasladar el botadero en un plazo máximo de siete meses, además de implementar acciones para la remediación ambiental del área afectada.
“La implementación de esto tendría como máximo un espacio de siete meses porque además que ya lo determinó como una medida cautelar al momento de admitir el jugado agroambiental esto del traslado inmediato. Lo que se tendría que tratar es cómo se va a hacer el resarcimiento de este lugar, de este campo abierto que prácticamente está totalmente deteriorado, como le digo, el suelo a simple vista se ve que está todo contaminado”, señaló.
Se espera que en las próximas horas el juez agroambiental emita una resolución inicial tras la inspección, en un proceso que podría definir el futuro del manejo de residuos en San Ignacio de Velasco.