Según la defensa de las víctimas, se han suspendido 15 audiencias con la finalidad de beneficiar a los cinco procesados por el secuestro en Las Londras, de ellos solo uno continúa detenido en la cárcel

28 de octubre de 2022, 21:30 PM
28 de octubre de 2022, 21:30 PM

Hace un año 17 personas (seis periodistas, cuatro policías y siete civiles) fueron privados de su libertad por más de siete horas, por un grupo armado que se había asentado en la propiedad privada denominada Las Londras, del municipio de El Puente, en la provincia Guarayos. Ahora, esas víctimas dicen estar desprotegidas y ante la retardación de la justicia han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, explica que aún no se puede recurrir de manera directa con una denuncia ante la CIDH porque no se agotaron todos los procesos internos con la justicia boliviana y lo que se hizo fue enviar una carta a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, dependiente de la Organización de los Estados Americanos, para hacer conocer sobre la vulneración de los derechos de las víctimas.


Paulino Camacho y Hebert Sixto Canaza, durante la reconstrucción de los hechos

“En la carta denunciamos la retardación de justicia que existe en nuestro país, pues ya son 15 audiencias que se han suspendido por diferentes motivos, pero con una sola finalidad: la de beneficiar a los cinco acusados en este proceso. Además, hacemos conocer que los afectados están desprotegidos y esperamos que la CIDH se pronuncie sobre este secuestro y que pida al Estado boliviano celeridad en las investigaciones”, indicó Méndez en contacto telefónico con EL DEBER.

Además, hizo énfasis en el libro “Periodismo vs. terramafia” que escribió con ayuda de otros periodistas y estudiantes de la carrera de comunicación de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), en el que relata las torturas a las que fueron sometidos los periodistas, policías y civiles por un centenar de presuntos campesinos afines al Movimiento al Socialismo (MAS), el 28 de octubre de 2021 en Las Londras.

“Este libro ya ha sido entregado a varias organizaciones internacionales y a expresidentes de la región de Sudamérica, como Pepe Mujica, para que conozcan los vejámenes a los que fueron sometidos los periodistas y que hasta la fecha no se les ha hecho justicia, porque, al parecer, existe parcialidad hacia los grupos armados que operaron en Las Londras”, cuestionó.

Paulino Camacho fue identificado gracias a una filmación del periodista Percy Suárez en el secuestro de Las Londras

Por este caso cinco personas están siendo procesadas penalmente por la Fiscalía, acusados de los delitos de tentativa de homicidio, lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia, porte o portación ilícita de arma de fuego y amenazas.

Sin embargo, solo hay una persona detenida en el penal de Palmasola, identificada como Nelson Rivadeneira Escalante. Mientras que Paulino Camacho Vedia y Hebert Sixto Canaza Sacaca lograron salir de la cárcel con detención domiciliaria, otorgada por el juez de Guarayos, Roberto Cruz Hurtado. Los otros dos procesados son Martín Tejerina Viillalobos y Nicolás Ramírez Taboada, quienes continúan prófugos y con mandamiento de aprehensión.

La abogada de los periodistas, Raquel Guerrero, lamentó la retardación de justicia en este proceso, pues señala que son 15 audiencias las que se han suspendido hasta la fecha y responsabiliza al juez Roberto Cruz y a la Sala Penal Tercera de estos aplazamientos.

“En marzo solicitamos al juez del control jurisdiccional que se declare en rebeldía a Martín Tejerina y Nicolás Ramírez, pero hasta la fecha eso no ha sucedido porque ha suspendido las audiencias. Mientras que las acciones de libertad contra Paulino Camacho y Hebert Sixto tampoco se han desarrollado y por eso continúan en libertad”, lamentó la jurista en contacto con EL DEBER.

Guerrero cuestiona que Paulino Camacho, considerado por la Policía como el más peligroso de los encapuchados armados, y Hebert Sixto, dirigente campesino del MAS que encabezó este secuestro, aún continúen libres pese a que fueron denunciados por liderar otra toma violenta a las cinco comunidades de la central Pailitas, colindante a los terrenos de Las Londras, el pasado 24 de julio.

“Los testigos han manifestado ante un notario público que fueron esas dos personas las que lideraron otra toma violenta con el mismo modo que operaron en Las Londras. Pero lo más alarmante es que Martín Tejerina Villalobos y Nicolás Ramirez Taboada, que tienen órdenes de captura, dieron una conferencia por la toma en Pailitas y pidieron al Gobierno que frene la persecución contra los interculturales y se retire la publicación del libro Periodismo vs. terramafia”, señaló.

El proceso investigativo también se ralentizó debido a que apartaron a dos fiscales de la comisión que investigaba el secuestro de las 17 personas y solo quedó al mando el fiscal Wálter Cisneros, con asiento en Guarayos. Además de que los policías asignados al caso fueron cambiados a pedido de los interculturales que iban ser citados en calidad de testigos en este caso.

La abogada de los periodistas también lamenta que hasta la fecha se desconoce los resultados de cuatro pericias realizadas por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup), entre ellas la balística que se desarrolló durante la inspección ocular a Las Londras.

 Asimismo, se queja porque el Instituto de Investigación Forense (IDIF), dependiente de la Fiscalía, se niega a realizar una valoración sicológica a los seis periodistas secuestrados argumentando que solo se las hacen a víctimas de casos que atiende la Felcv y no a los de Felcc.


El hecho

El 28 de octubre de 2021, equipos de prensa de Unitel (Silvia Andrea Gómez López y Sergio Luis Martínez Galarza), de la Red Uno (Mauricio Egüez Simoné y Nicolás Alejandro García Iriarte) de ATB (Percy Suárez Suárez) y de El Deber (Jorge Alberto Gutiérrez Ávila) llegaron al predio Las Londras para recabar imágenes del lugar, debido a que un día antes se registraron enfrentamientos entre trabajadores de las haciendas y los avasalladores, producto de ello cuatro personas resultaran heridas de bala.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) organizó el viaje y transportó en dos avionetas a los trabajadores de la prensa desde el Aeropuerto el Trompillo hasta la propiedad de El Puente. También participaron de esta expedición los dueños y trabajadores de las hacienas. En total eran 20 personas, de las cuales tres lograron escapar del rapto.

Encapuchados armados de Las Londras el 28 de octubre de 2021

El fotoperiodista de El Deber, Jorge Alberto Gutiérrez, relató que antes de aterrizar, la aeronave en la que se transportaban realizó un sobrevuelo y esto permitió avistar tres campamentos en el lugar avasallado. La comitiva se trasladó allí, a las 11:00 del jueves 28 de octubre del año pasado, a bordo de seis camionetas.

La delegación de periodistas, acompañados por los dueños y trabajadores de los predios, se encontraron con el comandante de la Policía de la Chiquitania, Rolando Torrico, y tres efectivos, quienes se acercaron a dialogar con los campesinos que estaban asentados.

“El comandante conversó con las personas para saber si querían hablar con la prensa mientras nosotros (periodistas) nos quedamos a algunos metros. Pasaron 20 minutos y vimos que golpearon al coronel y a los tres efectivos, los tumbaron al suelo y los patearon. Fue ahí cuando pensé; si eso le pasa al comandante, qué nos espera a nosotros”, relató.

Ante esta violenta situación, la delegación abordó las seis camionetas para salir del lugar con la finalidad de proteger sus vidas, pero en el trayecto fueron emboscados por una veintena de encapuchados que salieron del monte, se pararon en medio camino y dispararon a las llantas de los motorizados.

Cuatro vehículos fueron retenidos por los avasalladores, pero minutos después lograron interceptar a otra camioneta, que dejaron abandonada y solo sacaron a sus ocupantes. El sexto motorizado escapó, junto a Roger Ticona, periodista de PAT, Ronny Roca, uno de los dueños de la propiedad avasallada, y un trabajador.

Uno de los acusados dando conferencia de prensa y pidiendo que se retire el libro “Periodismo vs. terramafia” 

Estas tres personas llegaron hasta la pista donde estaba la avioneta, a 10 kilómetros del lugar, y avisaron, por llamadas, a las autoridades del hecho para después retornar al aeropuerto El Trompillo. Sin embargo, durante el vuelo, los encapuchados dispararon a la aeronave para intentar hacerla caer.

Las 17 personas que no pudieron huir, fueron puestas boca abajo y recibieron varias patadas. A los trabajadores de la prensa les quitaron dos cámaras, la tiraron al suelo y les dispararon para dañar las imágenes tomadas, contó Jorge.

“A Percy (Suárez) de ATB, le dieron un cachazo porque protegió su cámara y pese a eso no la soltó, y por eso le dieron con un palo para quitársela y dañarla con un disparo. Los equipos de Unitel y Red Uno también fueron destruido y como yo no había sacado mi cámara aún de la camioneta, por precaución, pude protegerla”, explicó.

Mientras que, a los cuatro policías, incluido al comandante de la Chiquitania, les quitaron sus armas de fuego y junto a los otros rehenes los subieron a los vehículos, que tenían algunas llantas pinchadas, para llevarlos hasta un galpón, donde unas 70 personas los esperaban.

“En ese trayecto, vimos que una avioneta despegaba y pasó a una baja altura y cerca de nosotros. Fue entonces cuando los encapuchados sacaron sus armas y empezaron a dispararle. Fueron disparos constantes por varios minutos, en ese momento yo solo me agaché para evitar que algún proyectil me hiera. Afortunadamente, la aeronave pasó y creo que ahí retornaba Roger de PAT”, relató Jorge.

Una vez fueron trasladados a los galpones, les quitaron sus celulares y billeteras. Posteriormente, los pusieron boca abajo para interrogarlos y golpearlos.  “Nos preguntaban quién nos trajo y cuánto nos pagaron y decían que nos iban a matar quemándonos”, contó entre lágrimas, Silvia Gómez, reportera de Unitel.

Después del mediodía, el casi centenar de campesinos se fue esparciendo y quedaron pocos, lo que ayudó a calmar la tensión en el lugar. Es así que les entregaron agua y después comida a las personas raptadas y el comandante Torrico aprovechó para dialogar y pedir que sean liberados.

Los avasalladores accedieron al pedido del jefe policial, pero le hicieron firmar un compromiso junto a todos afectados, para que callen todos los abusos que sufrieron, especialmente, el hecho de que estaban armados.

“Nos pidieron que no digamos que fuimos emboscados, que ellos no tenían armas y que nos inventemos otro incidente para explicar los daños en las cámaras. Incluso, el coronel recibió una llamada del comandante de Santa Cruz de ese entonces (Orlando Ponce) y tuvo que decir que no fuimos secuestrados y que estábamos ahí sin presión. Eso para que los campesinos puedan liberarnos”, agregó.

Después de las 18:00 horas fueron liberados todos, incluyendo los policías, quienes cambiaron las llantas de las camionetas y se trasladaron hasta el municipio de Minero, donde fueron resguardados por un fuerte contingente policial, que llegó a ese lugar.

Por un momento creí que no saldría vivo de allá, fueron horas de mucha tensión, pero a medida que las personas se fueron calmando y el coronel (Rolando Torrico) fue gestionando nuestra liberación, se me volvió el alma al cuerpo”, dijo Gutiérrez.

Otro de los que contó su experiencia fue Percy Suárez de ATB, quien asegura que estuvo por perder la vida por su acto heroíco al filmar a Paulino Camacho, cuando lo encañonó con una escopeta. 

Estoy vivo y la estoy contando porque Dios es grande (…) Él (Paulino) es quien me apunta y luego destruye mi cámara, pero pude grabar ese minuto y medio de imágenes donde se ve el nivel de agresión que tienen estos señores”, dijo Suárez en una de las audiencias contra el acusado que ahora goza de libertad.

Tras este violento secuestro a 17 personas, la Policía tomó Las Londras, pero lo hizo tarde, pues recién el 30 de octubre de 2021, es decir dos días después del hecho, más de 200 uniformados llegaron a investigar el caso y no encontraron a los encapuchados armados.

Paulino Camacho hablando con los medios un día después del secuestro.

Niegan autoría

Los cinco acusados han negado en todo momento que participaron en el secuestro de las 17 personas, por intermedio de sus abogados defensores. Sin embargo, Paulino Camacho Vedia y Hebert Sixto Canaza Sacaca admitieron que estuvieran en la propiedad Las Londras, del municipio de El Puente, horas antes de que se registre el violento hecho, por lo que descartan sus participaciones.

Camacho fue el primer acusado en ser reconocido por las víctimas, debido a que un día después del secuestro, apareció con el rostro descubierto en televisión en un acto realizado en la zona del conflicto, donde puso una guirnalda de flores al director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Adalberto Rojas, cuando llegó a dicho predio. Además, aseguró que él y sus compañeros no secuestraron a nadie, que solo dieron un susto a la comitiva que llegó al lugar un día antes

“A esas personas que nos metieron bala, nosotros los reconocemos, tenemos sus nombres y sabemos de qué empresas son. Ese fue el motivo de la rabia de los compañeros, tal vez en su momento les dimos un susto, pero no fue secuestro”, dijo Camacho ante los micrófonos de los medios.


La versión de Camacho fue respaldada por los interculturales, quienes criticaron a la prensa por supuestamente cubrir solo lo que dicen los empresarios, puesto que ellos aseguran que días antes del secuestro a los periodistas, fueron atacados “a tiros” por los supuestos empresarios agrícolas que estaban asentados en Las Londras.

 “No hubo secuestro, para empezar, los compañeros (campesinos) desde su propia voluntad hicieron un pronunciamiento público negándolo (…) Fue un susto que le querían dar, eso dijeron los hermanos campesinos”, señaló Eduardo Pereira, secretario de actas de los interculturales.

Hasta la fecha, solo existen cinco personas procesadas por la justicia, de ellas solo uno, Nelson Rivadeneira Escalante, permanece en la cárcel. Mientras que Paulino Camacho Vedia y Hebert Sixto Canaza Sacaca gozan de arresto domiciliario con derecho a trabajar. Los otros dos son: Martín Tejerina Viillalobos y Nicolás Ramírez Taboada, quienes continúan prófugos.


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