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​La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra ha decidido crear una unidad técnica con el objetivo de controlar y prevenir los asentamientos en el cordón ecológico del río Piraí. El alcalde Jhonny Fernández compromete una auditoria "para saber quiénes son los verdaderos propietarios" de los terrenos y cuántos asentamientos existen en la zona.

La denuncia presentada el pasado domingo por EL DEBER reflejaba la existencia de un pavimento a menos de 100 metros del río. También se reflejaba el asentamiento de familias al interior del cordón ecológico y la tala de árboles en la franja de protección.

Las medidas anunciadas por el alcalde Jhonny Fernández incluyen, además de la auditoría, "paralizar cualquier solicitud de intervención" en este pulmón verde. La orden también afecta a las obras o actividades que se estén desarrollando. "No se emite ninguna licencia ambiental más", añadió el edil.

Ante esta situación, Fernández propuso trabajar a corto plazo "con medidas de emergencia" que se complementarán con "un plan de futuro con instituciones que cuentan con propuestas y trabajos avanzados", en alusión a la Sociedad de Ingenieros y al Colegio de Arquitectos.

Durante la mañana de este martes, autoridades del Searpi se reunieron con el alcalde para mostrar la problemática que afecta a las riberas del Piraí. Entre los aspectos remarcados por Ricardo Arana, director del Searpi, destacan factores como la explotación de áridos y el deterioro de los defensivos construidos en 1985.

Ambas instituciones asumen la coordinación de acciones para "evitar que el cordón ecológico sea tierra de nadie", indicó Fernández.

En un recorrido por el cordón ecológico, las autoridades plantearon el traslado de las personas que viven en asentamientos en el interior del área. Tanto vecinos como autoridades proyectan el traslado de los vivientes a otras zonas.

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