Concejales presentan denuncias contra 9 transportistas por el cerco y violencia en el edificio municipal
Entre los acusados está el dirigente del transporte urbano en Santa Cruz, Segundo Ricaldi. Los legisladores piden que sean sancionados con todo el peso de la ley
En medio de la tensión que se vive por el posible aumento del pasaje, el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra presentó una denuncia formal ante el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en el que acusa a nueve dirigentes transportistas por los hechos de violencia que se suscitó el 13 de noviembre en puertas del edificio del órgano deliberante cruceño.
La denuncia lleva la rúbrica de la presidenta del Concejo Municipal, Silvana Mucarzel, los legisladores José Alberti, Israel Alcócer, Federico Morón, Marcelo Vidaurre, Karina Orihuela, Edith Ávalos y Manuel Saavedra.
Según la relación circunstancial de los hechos relatados por los demandantes, el grupo numeroso del transporte público llegó en horas de la mañana hasta las puertas del legislativo municipal con actitud agresiva y amenazante, exigiendo que las autoridades aprueben el incremento del precio del pasaje.
La demanda indica que, al transcurrir la jornada, los manifestantes cercaron el ingreso y salida de los servidores públicos durante ocho horas, cortaron el agua, impidieron el ingreso de alimentos aumentando la presión sobre los trabajadores que estaban en el interior.
Luego y al final del día, ante la intervención de agentes de la Unidad Táctica Operativa Policial (UTOP) los transportistas incrementaron su violencia arrojando piedras y otros objetos contundentes sobre el edificio del Concejo.
Ante este hecho irregular fueron identificados los transportistas José Luis A., William C., Segundo R., Luis R., Marcelo Ro., Líder V., Filiberto M., Luis F., y Wálter G., quienes fueron acusados por los delitos de coacción, privación de libertad, delito de atentado contra la seguridad de los servidores públicos, delitos contra la libertad de trabajo, lesiones graves y leves, entre otros.
“Corresponde a su autoridad investigar y sancionar a los autores de estos hechos punibles, toda vez que estos ilegales actos deben ser sancionados con todo el rigor de la ley”, señala.
Se trata de la segunda demanda que se presenta en contra de los transportistas, ya que el 14 de noviembre lo realizó el concejal por Comunidad Autonómica (C-A), Juan Carlos Medrano.
La acusación va dirigida al dirigente del transporte urbano en Santa Cruz, Segundo Ricaldi, identificado como el principal incitador de los hechos de violencia que sucedieron en las afueras del Concejo Municipal.
Se aguarda si la acusación penal será admitida por el Ministerio Público de Santa Cruz.
