La pausa de cuatro horas en el bloqueo de San Julián trajo alivio momentáneo a pasajeros y transportistas varados desde hace semanas en la carretera hacia Beni. Sin embargo, el respiro fue breve: concluido el cuarto intermedio, los movilizados reinstalaron el corte de ruta, mientras la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) presentó una denuncia penal por los violentos hechos registrados el pasado sábado durante el operativo policial de desbloqueo.
Los sectores movilizados decidieron abrir la carretera entre las 04:00 y las 08:00 de ayer, luego de 27 días de bloqueo ininterrumpido. La medida permitió el paso temporal de buses, camiones de alto tonelaje y vehículos particulares que permanecían retenidos en distintos puntos de la vía que conecta Santa Cruz con Beni y la Chiquitania.
La dirigencia de San Julián había descartado inicialmente cualquier posibilidad de cuarto intermedio, pero la creciente cantidad de vehículos varados y el impacto económico de la medida llevaron a autorizar la apertura temporal. Una vez cumplido el plazo, el bloqueo fue reinstalado.
En paralelo, el presidente de la UJC, Josué Méndez, junto al abogado Martín Camacho, formalizó una denuncia contra los bloqueadores por los delitos de instigación pública a delinquir, terrorismo, alzamiento armado y otros previstos en el Código Penal.
La acción legal fue presentada cuatro días después de la tensa jornada del sábado, cuando cinco policías y un civil resultaron heridos de bala durante un intento de desbloqueo. Según el reporte preliminar, los efectivos fueron recibidos con disparos de arma de fuego, petardos y resistencia organizada, lo que frustró el despeje de la carretera.
Camacho explicó que la denuncia está dirigida contra autores, partícipes, cómplices o instigadores aún no identificados y señaló que esperan la admisión formal del proceso en las próximas horas.
Méndez aseguró haber presenciado el enfrentamiento y sostuvo que los bloqueadores representan un peligro para la población. “La población está desesperada, no hay acceso libre y la gente no aguanta más el bloqueo”, afirmó, al denunciar que los movilizados estarían “fuertemente armados”.
Comité insiste
El conflicto también generó fuertes críticas desde el Comité Pro Santa Cruz. Su presidente, Stello Cochamanidis, volvió a cuestionar la falta de acciones contundentes del Gobierno nacional y lamentó que, tras más de 40 días de bloqueos y movilizaciones en el país, todavía no se haya declarado un estado de excepción.
“Le exigimos al gobierno que actúe de una vez por todas. Son el Estado y hasta hoy no están defendiendo a los ciudadanos”, afirmó el dirigente cívico. Cochamanidis pidió la creación de un centro de comando encabezado por el presidente, junto a los ministros de Defensa y de Gobierno, para enfrentar la crisis y garantizar la libre circulación.
El líder cívico advirtió además sobre el impacto económico de los bloqueos en Santa Cruz y el país. Según dijo, sectores productivos ya tienen dificultades para comercializar sus productos y existe riesgo de desabastecimiento de algunos alimentos en los próximos días.
Mientras tanto, la carretera en San Julián volvió a quedar cerrada tras la breve apertura matinal, manteniendo la incertidumbre entre transportistas, viajeros y pobladores que dependen de esa vía estratégica.