El reto del Comité cívico es mantener la unidad de los sectores, según analistas
Paúl Coca opina que los cívicos siguen teniendo convocatoria a pesar de ser golpeados por el Gobierno, su colega Paúl Artunduaga sostiene que la entidad debe abrirse, mientras que Esperanza Ribera cree que Calvo debe tomar medidas drásticas.
Por Marco A. Curi Melgar
Ante una serie de denuncias del Movimiento Al Socialismo (MAS) contra el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, analistas políticos consideran que el reto del ente cívico para enfrentar la seguidilla de acusaciones del Gobierno y sus afines es mantener la unidad de los sectores sociales.
Esto teniendo en cuenta que actualmente la institucionalidad cívica se encuentra en estado de emergencia ante dos situaciones.
Por un lado, la declaración de Rómulo Calvo ante el Ministerio Público, este lunes a las 9:00 y la imputación contra el gerente comercial de Saguapac, Erwin Padilla, acusado de obstaculizar la investigación del caso ítems fantasmas. Por determinación del juez, Padilla está con detención domiciliaria, arraigo y debe pagar una fianza de Bs 100 mil.
El viernes, 21 de enero, en una reunión ampliada de directorio, el ente cívico cruceño convocó a la población a defender a Calvo ante su posible aprehensión en la Fiscalía, luego de que se presente a declarar.
Mientras que el martes tienen programado una marcha, a las 18:00 horas, en respaldo a la institucionalidad cruceña, misma que partirá desde la plaza del Estudiante hasta la plaza 24 de Septiembre.
El politólogo Paúl Coca considera que, a pesar de las arremetidas en contra de la institucionalidad cívica cruceña, el Comité pro Santa Cruz mantiene el poder de convocatoria y un claro ejemplo es el éxito obtenido en los últimos paros, en la que el líder cívico, Rómulo Calvo, tuvo la capacidad de aliarse con dos sectores muy cercanos al oficialismo, como los transportistas y los gremialistas.
“Los cívicos tienen más convocatoria que los partidos de oposición. Aunque hay que diferenciar el liderazgo de Calvo frente a lo que fue su antecesor y actual gobernador, Luis Fernando Camacho, con los 21 días de paro, con su accionar que llevó a la renuncia de Evo Morales y que el MAS llama golpe de Estado, trascendió fronteras, pero son coyunturas diferentes”, expresó Coca.
Considera que Calvo tiene un arduo trabajo frente a las posiciones antagónicas con el gobierno de Arce, por lo que su lucha recién comienza con el peligro latente de una posible aprehensión. Coca pregunta si Calvo está con las energías suficientes para seguir enfrentando estas acusaciones.
Por su parte, el politólogo Paúl Artunduaga expresó que, sin lugar a dudas, la institucionalidad cívica es un referente de las movilizaciones de Santa Cruz, pero considera que su líder cayó en el juego del masismo.
Artunduaga considera que Calvo está en un proceso de desgaste como lo quería el masismo, por lo que como estrategia de fortalecimiento, la institucionalidad cívica debe abrirse con la participación activa de los jóvenes de las ciudadelas de la capital cruceña y de las provincias.
“Debe romper ese círculo selectivo que tiene el Comité, caso contrario, puede perder su convocatoria, porque, por ejemplo, este lunes habrá gente fuera de la Fiscalía apoyando a Calvo, pero no de forma masiva y eso es lo que deben buscar los cívicos”, manifestó.
En esa línea, la analista Esperanza Ribera dijo que es vital que el Comité pro Santa Cruz tome medidas drásticas ante cualquier intento del Gobierno del MAS de golpear a las instituciones cruceñas.
Ribera ve que Calvo está en una situación complicada, por lo que sugiere tomar acciones en conjunto con el Movimiento Cívico Nacional, para frenar las intenciones del Gobierno de destruir los liderazgos de la institucionalidad boliviana, como es el caso de la aprehensión de Marco Pumari, “quien se encuentra injustamente detenido por una acusación sin fundamentos, ya que no se le probó de que haya quemado el Tribunal Electoral de Potosí”.
La experta observa un camino muy pedregoso ya que, por el momento coyuntural, hay una dirigencia débil para enfrentar el aparato gubernamental, como la imposición de leyes que atenten contra los derechos fundamentales de los ciudadanos.
