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El Juzgado Tercero de Instrucción Anticorrupción de Santa Cruz de la Sierra, determinó la detención preventiva de Gilberto F. S., Gualberto F.S., Pedro G. S., Ciro P. y Percy P. V. F, en la cárcel de Palmasola, por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, informó que tras realizar una minuciosa investigación tributaria el SIN presentó el 12 de septiembre de 2019 ante la Fiscalía Departamental una denuncia contra esa red de comercializadores de facturas.

“En su constante control y lucha contra la comercialización ilegal de facturas, en junio se identificó a personas naturales y a personas jurídicas que trabajaban de manera conjunta en la falsificación y comercialización de facturas sin que haya existido el hecho generador, es decir, la compra de un bien o servicio”, declaró Cazón.

Agregó que la investigación del SIN implicó la verificación de domicilios de proveedores, requerimiento de información a la Aduana Nacional y a la ASFI y otros pasos; después de los cuales se inició la fiscalización tributaria de quienes se beneficiaron del crédito fiscal de las facturas emitidas por los proveedores observados y que se continuará con la investigación e inicio de controles y fiscalización a los compradores de dichas facturas, quienes se habrían beneficiado de un gasto inexistente y que generan daño económico al Estado.

Cazón explicó que el daño económico provocado por esas operaciones ilícitas llega a Bs 124,3 millones, que es el 13% de la base imponible de las transacciones de un total de Bs 956,3 millones.

“Vamos a seguir haciendo las fiscalizaciones para determinar plenamente cuántas personas se han beneficiado de un crédito fiscal inexistente, porque no ha habido la compra de un bien o servicio; y con seguridad vamos a recuperar ese monto defraudado”.

 Cazón advirtió además que la Administración Tributaria “será más estricta en la verificación tanto de las actividades económicas como de las declaraciones impositivas de los contribuyentes, para detectar proveedores fantasmas; y que se hará fiscalización tributaria a quienes declaren esas facturas”.  

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