Fiscalía busca sancionar a quienes realizaron la orden de aprehensión falsa contra jueces de Nallar
Lanchipa dijo que la investigación se inició contra presuntos autores con la finalidad de identificar a quienes realizaron y filtraron la supuesta orden falsa de aprehensión
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este miércoles que se instruyó a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz que inicié una investigación de oficio por la orden de aprehensión falsa que circuló en redes sociales en contra de los miembros del Tribunal Séptimo de Sentencia de Santa Cruz, quienes analizan el pedido de cesación a la detención preventiva de Misael Nallar.
“La información se generó a través de las redes sociales y no a través de una fuente oficial como es el Ministerio Público. Nosotros no hemos desplegado ninguna actividad investigativa relacionada o en contra de esas autoridades judiciales, ese mandamiento de aprehensión supuestamente liberado por un fiscal del departamento de La Paz no es evidente. Se ha dispuesto que la Fiscalía Departamental de Santa Cruz inicie una investigación para dar con los autores que han generado esta desinformación”, indicó Lanchipa.
Esta orden de aprehensión falsa, provocó que los jueces Tribunal Séptimo de Sentencia: Freddy Coronel, Alacoma, Claret Llanos Martínez y Janet Noemy Paniagua Villa decidieran suspender la audiencia de Nallar, pese a que ya la habían instalado en el piso 6 del Palacio de Justicia.
Lanchipa dijo que la investigación se inició contra presuntos autores con la finalidad de identificar a quienes realizaron y filtraron la orden de aprehensión falsa que generó desinformación en la población e incluso incertidumbre en las autoridades judiciales que ven el proceso de Misael Nallar.
Asimismo, el fiscal general señaló que desconoce del trabajo que realizaban los policías que se encontraban el martes en el Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Cruz, durante la audiencia de cesación a la detención preventiva de Misael Nallar, que fue suspendida.
Por su parte, la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), después de un análisis y una valoración, calificó el caso como un "típico amedrentamiento e intimidación policial" y brindó su respaldo solidario a los jueces del tribunal séptimo de Santa Cruz.
“Estos policías, además de tomar fotografías de los jueces y las instalaciones, ingresaron al tribunal generando un ambiente de amedrentamiento. Posteriormente dos policías civiles de la unidad anticorrupción, armados y con tableros en mano, se posicionaron afuera del salón de audiencias hasta que fue suspendida, debido a la interferencia en la conexión de internet del abogado defensor quien fue retirado abruptamente de la sala virtual”, indica el pronunciamiento de Amabol.
