"El Gobierno insiste en un diálogo con los que han destruido el país, con los que han asesinado a bolivianos, los que han permitido que las personas mueran, con aquellos que no han permitido que pase oxígeno, medicamentos y tampoco alimentos. Con ellos se está sentando el Gobierno a pedirles que, por favor, depongan sus actitudes", fustigó Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, poniendo en relieve que el Gobierno nacional "tiene todas las facultades para poder actuar conforme ley y hasta ahora lo hace".
Cochamanidis hechó en cara que ya son 30 días en los que el Gobierno ha dejado, en palabras textuales, que "algunos cuantos delincuentes destruyan en desmedro de millones de bolivianos que lo que buscamos es salir adelante".
También criticó que se haya dejado sin efecto la orden de aprehensión contra Mario Argollo, líder de la COB y otros cabecillas de los movilizados: "No hay vientos de cambio en la Justicia, hubo algunos que por ahí pasaron como pasan los surazos, cuando se hicieron bien las cosas (en alusión a lo hecho para reconducir el proceso por el mercado Mutualista, o con los magistrados autoprorrogados, por ejemplo). Esto demuestra que la Justicia, obviamente, se vende al mejor postor", expresó molesto el líder cívico.
También hizo notar que el Gobierno nacional pidió primero que aprueben la abrogación de la ley, refiriéndose a la Ley de Estados de Excepción, que promulgó la entonces presidenta del Senado, Eva Copa (2020), que le ponía candados al presidente. "Ya se aprobó en Senado, se aprobó en Diputado y hasta ahora hacen algo".
"Hoy tienen la legalidad y también la legitimidad para actuar como corresponde. ¿O vamos a ser rehenes todos los bolivianos porque este Gobierno no tiene la capacidad de ejercer la función que está constitucionalmente respaldada para que lo hagan y vamos a estar presos de estos delincuentes? Yo creo que somos más y somos millones de bolivianos los que buscamos salir adelante. Queremos la pacificación del país, pero queremos que se ponga orden y ese orden tienen que ponerlo de inmediato", finalizó.
Antecedente
El Tribunal de sentencia anticorrupción y violencia hacia la mujer 2 de La Paz concedió la tutela de la acción de libertad en favor de Mario argollo y Vicente Salazar. Por consiguiente, dejó sin efecto la orden de aprehensión que pesaba sobre los dos dirigentes.
Durante los días previos, sectores movilizados como la Central Obrera Boliviana (COB) y los Ponchos Rojos exigían el levantamiento de la orden de aprehensión contra sus dirigentes para poder dar curso al diálogo. En ese mismo sentido, José Luis Lupo, ministro de la Presidencia, garantizó la participación de dichos de dirigentes y así propiciar el diálogo