El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, expresó su respaldo al punto número 3 del pliego petitorio presentado por la Central Obrera Boliviana (COB) al Gobierno. Este apartado está relacionado con la soberanía económica, la defensa de las empresas públicas, la transparencia en las negociaciones con organismos internacionales y la implementación de un pacto fiscal autonómico basado en una distribución de recursos 50/50 entre el nivel central y las entidades subnacionales.
"El punto número 3 del pliego presentado por la COB al Presidente está relacionado con la propuesta del 50/50. Se trata de una demanda que hoy refleja el sentimiento del 100% de los bolivianos y la necesidad de avanzar hacia una distribución más justa y eficiente de los recursos públicos. Desde Santa Cruz exigimos que este tema se convierta en una realidad dentro del Presupuesto General del Estado 2027. Entendemos que una transformación de esta magnitud puede ser gradual, pero es fundamental que el próximo presupuesto contemple al menos el inicio de la departamentalización de un tributo", escribió la autoridad en sus redes sociales.
Velasco dijo además que su propuesta contempla la "departamentalización del Impuesto a las Transacciones (IT)" como primer paso hacia un modelo de autonomía fiscal.
"Contamos con una propuesta técnica que hace viable esta medida tanto desde el punto de vista legal como operativo, permitiendo una implementación ordenada y responsable y tratado con otros Gobernadores de Bolivia. Toda Santa Cruz está atenta a las decisiones que se adopten sobre este punto específico en las conversaciones con el Gobierno Nacional. No se trata únicamente de recursos; se trata de autonomía, desarrollo y de construir un modelo más equilibrado para el futuro del país", añadió.
La autoridad departamental sostuvo que Santa Cruz ha esperado durante años avanzar en la agenda autonómica y manifestó su expectativa de que el Gobierno nacional convierta esta demanda en una política pública concreta dentro del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027.
"Santa Cruz ha esperado durante muchos años avanzar en esta agenda. Ahora es momento de dar señales concretas y de asumir compromisos reales. El punto número 3 del pliego representa una oportunidad histórica para comenzar a corregir los desequilibrios existentes entre lo que generan las regiones y los recursos que reciben para su desarrollo. Esperamos que el Gobierno Nacional esté a la altura de este momento y convierta esta demanda en una política pública concreta dentro del PGE 2027. Santa Cruz, y gran parte del país, estarán atentos a los resultados de este proceso", finalizó.
Cabe remarcar que la autoridad no emitió algún mensaje respecto a los otros puntos exigidos por la COB.
¿Qué pidió la COB al Gobierno?
El martes 16 de junio, la Central Obrera Boliviana conminó al Gobierno a instalar un diálogo para la pacificación del país. La solicitud surgió luego de 47 días de conflictos sociales protagonizados por la propia COB y otros sectores afines al expresidente Evo Morales.
La organización presentó ocho demandas al Gobierno. Entre ellas figuran la liberación de dirigentes acusados y detenidos por delitos vinculados al terrorismo, la revisión previa de leyes y decretos, así como la prohibición de acceder a créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El punto número 3 del pliego señala:
"3. SOBERANÍA ECONÓMICA Y DEFENSA DE EMPRESAS PÚBLICAS
No a la privatización: Se garantiza que no se impulsará ninguna privatización, capitalización, concesión encubierta ni entrega directa o indirecta de empresas públicas estratégicas a intereses privados nacionales o extranjeros. Se prohíbe la injerencia de transnacionales en el manejo de los recursos estratégicos del Estado. Rechazo a condicionamientos financieros: Bolivia no accederá a ningún crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo, se exige transparentar cualquier negociación, crédito o acuerdo con el Banco Mundial, BID u otros organismos, informando detalladamente sobre montos, tasas, plazos, condiciones e impactos en la soberanía económica. Pacto fiscal autonómico: Se debe acelerar la distribución del 50/50 de los recursos con las Gobernaciones y Alcaldías para fortalecer las regiones".