Justicia dispone detención preventiva en Palmasola para Anderson Lijerón por los enfrentamientos en La Guardia

En una maratónica audiencia que se llevó a cabo en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la jueza Mery Janeth Mojica, determinó enviar a la cárcel de Palmasola a Anderson Lijerón López, acusado por los enfrentamientos que se registraron en el municipio de La Guardia.

La jueza dispuso que el joven de 22 años cumpla 30 días en el recinto penitenciario mientras duran las investigaciones.

Ronald Callejas, abogado de Lijerón, informó a EL DEBER que la autoridad jurisdiccional dispuso la reclusión de su defendido porque representa un peligro para la sociedad y obstaculizaría el proceso de indagación. La defensa de Anderson anticipó que interpondrá diversas acciones judiciales para concretar su salida de la cárcel.

En un momento dado, durante la audiencia, Anderson Lijerón mostró a la jueza las marcas de los golpes que le propinó la Policía, sin embargo, la autoridad dijo que el tiempo de reclamo había fenecido.

La comisión de fiscales integrada por Karla Barrón, Alejandro Justiniano y Julio César Porras, acusó a Anderson Lijerón de los presuntos delitos de atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado, atentado contra bienes públicos, lesiones graves y leves, destrucción y deterioro de bienes del Estado e instigación pública a delinquir.

La defensa de Anderson presentó un recurso de apelación a la determinación de la justicia, buscando revertirla en el plazo de una semana. 

Durante la cautelar, la jueza Mojica afirmó que el “daño al patrimonio del Estado y la agresión a un funcionario de la seguridad pública” no fue un “delito sencillo” cometido por el joven.

Numerosos incidentes marcaron las más de 10 horas de audiencia cautelar. Al inicio cuando se registraron empujones entre pobladores de La Guardia y la Policía en las afueras de la Felcc. Más tarde, agentes de la Felcc intentaron retirar del salón a las diputadas Luisa Nayar y Luciana Campero, debido a que estaban registrando  la intervención de la autoridad de la justicia.

Nayar contó a El DEBER que esta orden se dio por la representante del Ministerio de Gobierno que pidió la expulsión de ambas parlamentarias, lo que ocasionó una discusión. Finalmente, la audiencia se desarrolló con las diputadas presentes.

En horas de la tarde, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acompañado de algunos parlamentarios de Creemos llegó hasta la Felcc para expresar su apoyo a Anderson. En contacto con los medios, condenó el accionar de la justicia que arremetió contra el joven del cual asegura que ‘es inocente’ y que salió en defensa de su departamento.

“La familia no está sola, somos un pueblo que estamos apoyándolo y le vamos a seguir brindando nuestro apoyo hasta conseguir su libertad porque este proceso es injusto y abusivo, porque el Gobierno reprime a nuestra gente y busca encarcelarla, usa a la justicia como guillotina contra quienes no piensan igual”, aseveró.

Al término de la audiencia, Jorge Valda, calificó la decisión de la jueza como “absurda e irrisoria” puesto que asegura que no presentó ninguna prueba contra Anderson y solo se basó en fotografías obtenidas en su celular. “No existe un solo elemento para establecer que él podría estar vinculado a algún atentado a nada, porque no hubo atentado”, expresó el abogado.

Sostuvo que el encarcelamiento de Lijerón es por “mero capricho” del Ministerio de Gobierno. Durante la audiencia cautelar, el representante de dicha repartición de gobierno pidió 180 días de reclusión para el joven. “Una comisión de tres fiscales contra un solo muchacho que solo lanzó ( un cohete) pausa, nada más. Esto es indignante”, lamentó el jurista.

Del mismo modo, la diputada Luisa Nayar, denunció que dos de los tres fiscales asignados a este caso afrontan procesos disciplinarios, lo cual fue corroborado por una petición de informe que le fue dado por la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, enfatizó en que esta acusación de los fiscales contra Anderson obedece a “mantener su pega”. 

Apunta al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, por establecer una línea a seguir para que sea cumplida por el aparato judicial. Desde su cuenta de Twitter, del Castillo compartió fotografías de Anderson sujetando armas o artefactos caseros.

“Hubo una intromisión directa del Ministerio de Gobierno porque los detenidos primeramente fueron liberados”, criticó la legisladora. Argumentó que Anderson es bombero voluntario y que las fotografías en posesión de algunas armas de fuego no corresponden a los días del paro, sino que son anteriores en el tiempo ya que tales armas deportivas son de propiedad de su padre y están registradas legalmente.

Nayar comparó el proceder del Ministerio Público en este caso con la retardación en otros casos, como el referido a los agresores del periodista Mario Rocabado y el camarógrafo Enrique Sánchez de la red Unitel y que ya fueron plenamente identificados aunque no se han procedido con su detención.