El informe de la comisión de la Unidad de Transparencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el caso del mercado Mutualista establece que hubo una cadena corrupción con irregularidades, falsedades y delitos que involucran a jueces, extribunos, funcionarios municipales, concejales y personas particulares.
El presidente del TSJ, Rómer Saucedo, fue el encargado de hacer conocer el informe de la comisión que hizo la revisión en los actuados procesales y de instancias administrativas.
Una de las presuntas irregularidades detectadas tiene que ver con el registro del predio en Derechos Reales. Saucedo reveló que la Unidad de Transparencia solicitó a la Notaría de Fe Pública N° 1 de Santa Cruz la minuta de transferencia original; sin embargo, se certificó que dicho documento no existe, ni tampoco copias de las cédulas de identidad de los intervinientes.
Agregó que, si bien figura un documento de Rogelio Cuéllar Encinas y Nelfi Paz de Cuéllar a favor de Miguel Crapuzzi Direnzo, con fecha 13 de marzo de 1969, esta no se encuentra en los registros notariales. “Aquí se abre otra arista para ser investigada. ¿Cómo es que Derechos Reales registra una matrícula sin que exista la minuta de transferencia de esa época?”, cuestionó.
Ante este vacío, el TSJ solicitó al Consejo de la Magistratura una investigación profunda sobre Derechos Reales, a fin de determinar cómo se logró matricular un predio sin documentos de respaldo.
Otro elemento relevante es que, en la declaratoria de herederos de 1989, el demandante de apellido Crapuzzi no registró los predios del mercado Mutualista ni ningún otro bien inmueble como propio. Detalló que la comisión solicitó a la Unidad de Archivos del Órgano Judicial del Tribunal de Santa Cruz la declaratoria de herederos de Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos. El documento original de 1989 no hace mención a los predios del mercado Mutualista ni a ningún bien inmueble; únicamente se consignan activos en el Banco de la Nación Argentina (agencia de Nueva York), el Banco de Brasil, el Banco de Santa Cruz de Panamá y el Banco de Boston. “Extraña que en esa declaratoria de herederos no se reclamó nunca un predio del mercado Mutualista ni de ningún otro bien inmueble”, observó.
Asimismo, la autoridad aseguró que los documentos originales de esa época serán trasladados al Archivo Nacional en Sucre para garantizar su custodia y evitar posibles alteraciones.
Prevaricato
El presidente del TSJ señala que se ha identificado responsabilidad penal en el fallo constitucional que deja sin efecto la Ley Municipal 417, del 1 de diciembre de 2016, por mandato de una sentencia de la Sala Constitucional Tercera, luego de que Crapuzzi Zeballos interpusiera un amparo constitucional.
“Aquí también se ha identificado responsabilidad penal de la comisión para una juez en la localidad de Pailón, que primero actúa en un área donde no tiene ninguna jurisdicción. La juez admite el amparo y otorga medidas cautelares. Después, la juez dice que no tiene competencias. Esto tiene responsabilidad penal y vamos a remitir antecedentes ante el Ministerio Público para que inicie las investigaciones correspondientes”, dijo.
Aseguró que estas actuaciones dieron lugar a la Sentencia Constitucional 0531/2024-S3, emitida por los magistrados autoprorrogados, que dio plazo de cinco días hábiles para que se emita el plano de uso de suelo y el certificado catastral a la familia Crapuzzi.
“No podemos dejar pasar por alto una sentencia constitucional que contiene prevaricato”, indicó.
¿Quién entregó los planos?
La comisión hizo conocer que el Gobierno Municipal presentó una denuncia por falsedad por los planos contra presuntos autores y, cuando toman la declaración a uno de los abogados de la familia Crapuzzi, se conoce que el concejal José Quiroz fue quien les entregó la lámina.
En su defensa, el concejal Quiroz negó esta acusación, indicando que nunca fungió como secretario ni director de la Alcaldía para entregar los planos. Aseguró que cinco concejales solicitaron información, porque su labor es fiscalizar.
El presidente del TSJ informó que este proceso fue rechazado por el Ministerio Público, pero se han verificado los actuados y se evidencia que todavía están abiertos los plazos para interponer algún recurso que permita la apertura del proceso penal.
En este aspecto, manifestó que serán actores políticos, las nuevas autoridades, el Comité pro Canta Cruz o interesados los que hagan uso de las herramientas procesales para reactivar el caso.
“Lo que nosotros estamos haciendo es mostrándole lo que hay en todos esos actuados procesales, diciéndole la verdad a Santa Cruz, sin proteger a nadie”, remarcó al destacar el trabajo de la comisión, que identifica autores de presuntos delitos, tipos penales y faltas.
“Vamos a remitir este informe al Ministerio Público y también al Consejo de la Magistratura para que inicien las investigaciones”, dijo Saucedo.
En el Segip
Otro aspecto identificado es que, al momento de realizar los trámites, se solicitó una certificación al Segip sobre la identidad de Nelson Miguel Crapuzzi Direnzo; sin embargo, la entidad certifica que está anotado con el apellido Grafuzzi. Saucedo advirtió que estas inconsistencias no debieron pasar por alto, ya que impiden validar procesos de sucesión si no subsanadas. “Si bien puede tratarse de un tema de corrección (del apellido), nadie puede ser declarado heredero si existe una observación. ¿Cómo es que se omitieron estos pasos y no se regularizó la situación, cuando cualquier ciudadano debe hacerlo? Más aún si se trata de una declaratoria de herederos”, cuestionó.
La acción popular
El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, destacó el trabajo “en tiempo récord” de la comisión que revisó el caso y aseguró que se están dando pasos importantes para transparentar la justicia. En ese marco, remarcó que se harán todos los esfuerzos necesarios para revertir las irregularidades detectadas.
Aseguró que uno de los recursos inmediatos es la acción popular interpuesta por el expresidente de la Cámara de la Construcción, Rolando Schrupp, contra el fallo constitucional sobre el predio del mercado Mutualista. “Ahí están todas las esperanzas de Santa Cruz”, afirmó, al indicar que esta vía representa una herramienta legal para corregir los vicios.
Explicó que el recurso fue planteado contra la parte accionada, entre ellos Isidora Castro y otros, y deberá ser resuelto por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. “Esperamos que la sala actúe conforme a ley para empezar a corregir estos errores. Ya sabemos los vicios; los políticos harán su trabajo, pero aquí el componente clave es el legal”, sostuvo.
La acción popular fue presentada en febrero. Schrupp, como ciudadano, solicitó la revisión de la Sentencia Constitucional 0531/2024-S3. Según argumenta, el fallo habría excedido las competencias del tribunal al definir un derecho propietario.
“Mi acción es contra la sentencia que otorga un derecho que no corresponde. Además, no se defendieron los derechos colectivos y hubo omisión por parte del municipio”, señaló Schrupp.
De acuerdo con el accionante, la resolución cuestionada incurre en una “usurpación de funciones”, ya que la jurisdicción constitucional no estaría facultada para generar nuevos derechos sobre propiedades. En ese sentido, la acción popular busca que el propio tribunal corrija el fallo y remita el caso a la vía ordinaria.
Aún se aguarda la nueva fecha de audiencia, tras su suspensión el lunes.
Zambrana también informó que se solicitó al presidente del TSJ que se identifique y sancione a los responsables. “No puede quedar solo en destrabar lo mal hecho; deben establecerse responsabilidades: jueces en Pailón, gente que ha estado en notarías, que ha declarado, concejales, políticos y otros”, enfatizó.
Anunció que exigirán el inicio de juicios de responsabilidades contra quienes resulten implicados en el caso y advirtió que el Comité pro Santa Cruz mantendrá la alerta.
“Se acabó jóvenes de la familia Crapuzzi. Se los ha encontrado con las manos en la masa, queriendo apropiarse de bienes que no les corresponden”, manifestó.
Por su lado, Waminqa Serrano, abogado de la familia Crapuzzi, cuestionó el informe de la comisión del TSJ, al indicar que “no aporta conclusiones nuevas”. Insistió en que su cliente cuenta con respaldo legal sobre los terrenos del mercado Mutualista.
“El señor presidente del Tribunal Supremo de Justicia aclaró una verdad que tanto decía que mi cliente no tenía declaratorios de herederos. Él ha demostrado los archivos y también ha demostrado que el señor Crapuzzi es una persona pudiente”, sostuvo.
Aseguró que la declaratoria de herederos es el primer paso en cualquier proceso sucesorio y aseguró que Crapuzzi cumplió con este requisito en 1989, el mismo año del fallecimiento de su padre, tanto en Bolivia como en Italia.
El abogado también señaló que existe la minuta de transferencia. “La certificación de la Notaría de Fe Pública es que sí existe, pero no hay el carnet. Esos son temas administrativos de las notarías que han pasado por ahí”, insistió.
Según Serrano, en el proceso no se incurrió en falsificación y reiteró que las investigaciones por este tema ya fueron cerradas en dos ocasiones por el Ministerio Público. Por ende, considera que la sentencia constitucional que ordena a la Alcaldía de entregar los documentos del Mutualista a Crapuzzi debe cumplirse.