Ingeniero civil y activista, Rolando Schrupp mezcla ironía con argumentos jurídicos y evita asumirse como protagonista. Tras conocerse el fallo favorable a la ciudad sobre el terreno del mercado Mutualista por la acción popular que él presentó, sostiene que apenas ejerció un derecho ciudadano, aunque admite que el proceso dejó amenazas, enemigos y un nuevo debate sobre el patrimonio público cruceño.
-Después del fallo sobre el Mutualista, usted dijo que la Alcaldía “pierde, pero gana”. ¿Cómo debe entenderse esa afirmación?
Parece contradictorio, pero eso es exactamente lo que ocurrió. La acción popular estaba dirigida contra la Alcaldía porque durante la anterior gestión hubo una defensa muy deficiente del predio. Entonces, jurídicamente la institución aparece como accionada. Pero al mismo tiempo el fallo reconoce algo mucho más importante: que el mercado Mutualista forma parte del patrimonio colectivo cruceño. Ahí es donde la ciudad termina ganando. Lo que hace la Sala Constitucional es decirle a la nueva administración municipal: “Ahora les toca defender correctamente este patrimonio”.
Además, la sentencia llega justo cuando cambia la administración municipal. La Alcaldía tiene ahora la posibilidad de volver a jugar el partido. Yo digo que es casi una casualidad providencial, porque la pelota pasa de una gestión que, a criterio de mucha gente no defendió adecuadamente el patrimonio municipal, a otra que ahora tiene la responsabilidad de hacerlo en las vías judiciales correspondientes.
-Usted insiste mucho en el concepto de “derecho colectivo”. ¿Por qué considera que ese punto es el más importante del fallo?
Porque ahí está el verdadero fondo jurídico y político del caso. El tribunal reconoce que existen bienes que no pertenecen a una persona específica, sino a toda la colectividad. Jurídicamente eso se llama un derecho difuso, aunque a mucha gente el término le resulta extraño. En términos simples, significa que el Mutualista no es de un particular ni de una autoridad de turno; es patrimonio del pueblo cruceño.
Queda en evidencia que algunos grupos encontraron un vacío y construyeron un modus operandi: si el terreno no tenía determinado registro formal, intentaban apropiárselo con documentos, posesiones o mecanismos judiciales. Esa lógica perversa es la que este fallo empieza a desmontar.
-¿Qué corresponde hacer ahora en términos legales?
Ahora viene probablemente la etapa más importante. El fallo no devuelve el caso a cero ni elimina automáticamente lo que ocurrió antes. Lo que hace es abrir la posibilidad de discutir el fondo del conflicto. La nueva Alcaldía puede acudir a la justicia ordinaria y plantear acciones concretas para defender el derecho propietario del municipio.
Ahí ya entran temas mucho más delicados: revisar documentos, contrastar registros, verificar inconsistencias y determinar si existen irregularidades o incluso documentos falsos.
Hasta ahora nada de eso podía tocarse porque el Tribunal Constitucional prácticamente había sacramentado el tema. Hoy se habilita la posibilidad de que un juez ordinario revise esos elementos y tome decisiones. Por eso digo que la responsabilidad ahora recae en la nueva administración municipal.
-¿Qué rol asumirá usted después de esta victoria judicial?
Ninguno, en el nivel institucional. Y eso quiero dejarlo muy claro. Yo no tengo tutela sobre el Mutualista ni busco convertirme en una especie de autoridad paralela. Lo que hice fue ejercer una acción popular como cualquier ciudadano puede hacerlo cuando considera que existe una amenaza contra el patrimonio colectivo.
Ahora, evidentemente, uno queda atento a que las autoridades cumplan con sus obligaciones. Tal vez pueda asumir un rol de vigilancia ciudadana, pero no más que eso. A veces eso incomoda y algunos lo interpretan como protagonismo o fiscalización excesiva. Incluso me hacen bromas diciendo que voy a convertirme en “el Mamén de Mamén”. Pero no se trata de eso. Se trata simplemente de que alguien tiene que observar si las instituciones hacen lo correcto.
-¿El proceso le dejó costos personales?
Sí, claramente. Hubo amenazas incluso durante la audiencia. La defensa de la contraparte habló de iniciar procesos por calumnias, injurias y falsedad. Y eso ocurre porque este tema toca intereses muy sensibles. Cuando uno empieza a cuestionar cómo determinados predios terminaron en manos privadas, inevitablemente aparecen tensiones y resistencias.
Pero más allá de lo personal, creo que lo importante es que este caso puede convertirse en un precedente muy valioso para Santa Cruz.
-¿Está pensando en la defensa de otros predios además del Mutualista?
Totalmente. Este caso puede abrir la puerta para revisar muchos otros procesos similares.
Se habla de más de un centenar de predios en situaciones de riesgo. Y el principio debería ser el mismo: lo que pertenece a todos no puede terminar siendo apropiado mediante vacíos legales o interpretaciones forzadas.
Y eso tiene un valor no solamente jurídico, sino también simbólico y ciudadano.