La autopsia médico-legal practicada a la bebé de 10 días hallada enterrada en un terreno baldío de la avenida G-77 más China confirmó que la recién nacida murió tras ser envenenada con una sustancia que le inyectaron, mientras que la Fiscalía sostiene que el crimen fue planificado por sus padres con la colaboración de un familiar. Los tres fueron imputados por el delito de infanticidio y el Ministerio Público solicitará su detención preventiva.
La fiscal del caso, Rose María Barrientos, informó que las investigaciones permitieron establecer que la niña fue llevada por sus progenitores hasta el lugar donde posteriormente fue enterrada, luego de haberle suministrado una sustancia que le provocó la muerte.
"Hoy día se colectaron elementos importantísimos que demuestran que utilizaron para darle muerte a esta niña una sustancia, un remedio anestésico que le causó la muerte", afirmó la fiscal.
Según la representante del Ministerio Público, la investigación apunta a que el hecho fue planificado desde el nacimiento de la bebé y ejecutado por ambos padres con la participación del hermano del padre, quien también se encuentra aprehendido.
"Este hecho fue planificado desde hace tiempo atrás, prácticamente desde que nació la niña", sostuvo Barrientos.
La fiscal precisó que las tres personas serán procesadas por el delito de infanticidio, uno de los ilícitos más graves contemplados en la legislación boliviana, sancionado con hasta 30 años de prisión sin derecho a indulto.
"No queda más que el Ministerio Público solicite la detención preventiva de las tres personas", señaló.
La investigación comenzó después de que la tía materna denunciara la desaparición de la recién nacida. A partir de esa denuncia, la Policía y la Fiscalía activaron los protocolos de búsqueda hasta que el padre condujo a los investigadores al lugar donde estaba enterrado el cuerpo de la bebé, en un terreno baldío ubicado al final de la avenida G-77 más China.
Durante las declaraciones, los progenitores manifestaron que la existencia de la niña representaba un impedimento para sus proyectos personales.
"Según los padres, la existencia de la menor constituía un obstáculo en sus vidas para prosperar, para estudiar y trabajar. Ese fue el motivo", reveló Barrientos.
La fiscal agregó que, durante la investigación, los imputados no mostraron señales de arrepentimiento.
"De ninguna manera. Él guardó silencio; sin embargo, fue la persona que nos condujo hasta el lugar de los hechos", indicó en referencia al padre de la víctima.
Como parte de las primeras diligencias, la Fiscalía secuestró cuatro teléfonos celulares y 3.510 bolivianos en efectivo, elementos que serán sometidos a pericias para establecer su relación con el caso.
El Ministerio Público presentará la imputación formal ante un juez cautelar, que deberá definir la situación jurídica de los tres acusados en una audiencia prevista para las próximas horas.
Con este caso, Bolivia suma 17 infanticidios registrados en 2026, de los cuales cinco ocurrieron en el departamento de Santa Cruz, según datos de la Fiscalía General del Estado.