La Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz cuestionaron ayer lunes el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, cuya aprobación quedó pendiente hasta el retorno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) del receso parlamentario. Ambas instituciones coincidieron en que la propuesta mantiene un déficit fiscal del 10%, no incorpora avances hacia el pacto fiscal ni la redistribución 50-50 de los recursos y preserva un modelo centralista que profundiza la crisis económica y limita la autonomía financiera de las regiones.
El vocero de la Gobernación, Rolando Schrupp, afirmó que el proyecto reproduce “errores estructurales” heredados de la administración del MAS, al mantener un déficit del 10 % y destinar apenas Bs 2.500 millones a las entidades territoriales autónomas. En su criterio, esa asignación demuestra que el Gobierno no avanzó hacia una redistribución de recursos ni mucho menos hacia un pacto fiscal.
Schrupp sostuvo que la administración departamental concentrará sus esfuerzos en la aplicación de un Plan de Recaudación Financiera que permita fortalecer la sostenibilidad institucional y ampliar el margen de acción de las gobernaciones mediante modificaciones a sus techos de endeudamiento. Sin embargo, advirtió que el Ejecutivo nacional “continúa con el estatus quo” y evita las decisiones estructurales que prometió durante la campaña.
A su juicio, mantener un déficit fiscal de esa magnitud resulta incompatible con el contexto económico actual y podría agravar la crisis. “Eso debería ser algo impensable porque lo que va a ocasionar es una profunda crisis económica”, afirmó.
Desde la ALD
Desde la ALD, su presidenta, María René Álvarez, lamentó que el proyecto de ley financial tampoco incorpore avances hacia el debate del 50-50, la autonomía fiscal ni el pacto fiscal, pese a que el presidente Rodrigo Paz se comprometió a abrir esa discusión tanto en campaña como al inicio de su gestión.
Álvarez señaló que el Legislativo departamental elabora una propuesta técnica sobre una nueva distribución de recursos y competencias, considerando criterios de territorialidad, representación y crecimiento poblacional. Según explicó, el objetivo es que Santa Cruz llegue preparada cuando finalmente se abra el debate nacional sobre una reforma del sistema de distribución fiscal.
Las críticas desde Santa Cruz contrastan con la falta de una posición uniforme entre los sectores que respaldan al Gobierno y la propia ALP. El líder de Unidad, Samuel Doria Medina, consideró que el Ejecutivo desaprovechó la oportunidad de introducir reformas de fondo y optó por mantener un presupuesto que conserva el déficit, el gasto burocrático, las empresas estatales deficitarias y el esquema centralista de distribución de ingresos.
En la misma línea, el diputado Alejandro Reyes, también de Unidad, reconoció que el proyecto no incorpora todavía el prometido 50-50, aunque sostuvo que se trata de un presupuesto transitorio y que las reformas estructurales deberían reflejarse recién en el proyecto presupuestario que el Gobierno presentará en octubre para su aprobación en diciembre.
La diputada Sandra Rivero, del PDC, expresó su incomodidad porque el tratamiento del proyecto en el Senado quedó postergado hasta después del 20 de este mes debido al receso legislativo. Aunque espera que la norma sea aprobada sin mayores demoras para evitar retrasos en la ejecución pública, admitió que el documento no respondió a las expectativas de descentralización y mantiene el financiamiento de empresas estatales deficitarias, cuya continuidad, dijo, requiere una evaluación técnica antes de adoptar decisiones definitivas.