Tras el paro cívico de este viernes, se exigirá una encuesta para corregir los datos del censo

Por estos días, pero hace dos años, Santa Cruz había declarado una pausa en el prolongado conflicto con el Gobierno por la definición de la fecha del censo, pero fue la antesala del paro de los 36 días que se cumplió de octubre a noviembre de 2022 y que concluyó con la Ley 1492 que fijó la fecha del recuento estadístico, cuyos resultados —presentados el 29 de agosto— fueron rechazados por Santa Cruz y por las regiones más pobladas del país.

Ante este escenario, las entidades ciudadanas de la región cumplirán hoy un paro de actividades con la idea de promover una normativa “correctiva” de los datos de población y que permitan una asignación de recursos acorde con la realidad poblacional.

“Vamos a presentar un proyecto de ley para que se haga una encuesta intercensal correctiva. Si bien han dicho que se ha presentado, hace un tiempo, un proyecto de ley para la encuesta intercensal, está será correctiva. Están trabajando ya los abogados en esto para que se realice en el menor tiempo posible”, explicó ayer el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis.

Esta propuesta forma parte de las 11 resoluciones asumidas el martes por la Asamblea de la Cruceñidad. El líder cívico, en contacto con EL DEBER, también anunció la creación de un nuevo instituto de alcance departamental que estará a cargo de las estadísticas y la información regional con la data que aporte además la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, una entidad que no participó de manera activa en las demandas enarboladas en 2022.

El alcalde Jhonny Fernández, tras rechazar los resultados del recuento que hizo el Instituto Nacional de Estadística (INE), afirmó ayer que, con los nuevos indicadores oficiales, no podrán acceder a recursos suficientes para poder atender las necesidades de los habitantes de populosos barrios que se van creando cada año. La autoridad aseguró que las proporciones expresadas en el censo no guardan relación con los reportes de catastro urbano que tiene la ciudad.

La extrema medida, aprobada el martes tras la deliberación de la Asamblea de la Cruceñidad, tomó como base un informe técnico de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) que mostró una probable omisión de 373.562 habitantes. Esto implicará menos recursos y una asignación de escaños menor a la que se había previsto a merced de las propias proyecciones del INE.

Santa Cruz tiene, según el censo, 3.115.386 habitantes y es una cifra menor a los 3,4 millones que proyectó el INE para este año, pero con la información del censo de 2012. Según explicó el director de la entidad estadística en Santa Cruz, Juan Sabino Quisberth, esa diferencia, cifrada en más de 300.000 habitantes, tendría que ver, según las explicaciones “técnicas”, con la reducción de la tasa de natalidad, la migración y los efectos de la pandemia, aunque el detalle de estas variables aún no se presentó formalmente.

En el caso de Bolivia el número de habitantes reportado por el censo fue de 11.312.620 habitantes, una medida por debajo de los más de 12 millones que se había previsto a partir de las tendencias que se pudieron establecer hace 12 años. No obstante, estas explicaciones no convencen a nadie.

“Esto está trabajado para perjudicar a las regiones. O el objetivo es no distribuir recursos, porque le han bajado población a todo el país y entendamos que no es solo a Santa Cruz; o el objetivo es provocar protestas que tumben este censo para que, a partir de que este censo, ya no sea aplicado la redistribución de recursos, ya no haya pacto fiscal, ya no haya redistribución de escaños y, sobre todo, no se aplique esta información de acuerdo con este padrón en la elección 2024”, señaló el expresidente de la Asamblea Legislativa Departamental Zvonko Matkovic y actual dirigente de Creemos. Se trata de la agrupación del gobernador Luis Fernando Camacho, detenido en el penal de Chonchocoro acusado de varios delitos, entre ellos cargos por “terrorismo”, precisamente, por promover el paro de los 36 días que lugar en 2022.

El dirigente, junto con su bancada, había cuestionado al presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, por no permitir que participen políticos en la Asamblea de la Cruceñidad. Eso sí, ayer anunció su apoyo a la medida de presión en Santa Cruz.

“Hay que respetar las medidas que ha tomado el Comité; no sé qué efecto tangente va a tener un paro de 24 horas hecho un viernes, pero esperemos que no sea lo único que se haga y que se consiga el objetivo final”, señaló.

De hecho, varias plataformas ciudadanas habían exigido que se realice un gran cabildo y no un paro que se realice viernes. Por ejemplo, la activista María Cristina Viscarra propuso un gran cabildo para el 24 de septiembre.

Por su lado, dirigentes de diversos sectores del transporte anunciaron su apoyo al paro, aunque con condiciones. “Acataremos el paro, pero también esperamos que el Comité Cívico nos apoye en nuestras demandas”, dijo Segundo Ricaldi, dirigente del transporte urbano. Hace algunos días, este sector llegó a promover el alza de tarifas y enfrenta la exigencia de las autoridades para la renovación de sus motorizados.

El gobierno y los representantes sociales en Santa Cruz ayer exteriorizaron su rechazo a la medida. El concejal Rolando Pacheco (MAS) dijo que su bancada no acatará la medida y pidió a la Policía que permita la circulación de las personas que trabajan.

En La Paz, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, cuestionó a los cívicos por el paro y les pidió que vayan a reclamar a “los cambas y collas ricos que viven en el Urubó”, en Porongo y a “los pobres” que están en los municipios de la metrópoli cruceña.

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