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Cinco personas que se declaran víctimas de una mujer, a la que acusan de haberlas engañado para que les entregue diferentes sumas de dinero, piden que la Fiscalía no las retire de la investigación, como ocurrió hace una semana durante la realización de la audiencia de medidas cautelares que terminó siendo suspendida.

Jaime Flores Peña, acompañado por sus padres, que también habrían sido víctimas de la supuesta estafadora, indicó que  le entregaron $us 98.000 a la acusada. "Ella nos dijo que utilizaría el dinero para un negocio con unos comerciantes, pero luego se fue y hasta ahora no nos ha devuelto nada, ni a mí, ni a mis padres", explicó el joven en un video.

Isabel Vargas Justiniano, otra supuesta víctima, indicó que  le entregó a la misma persona que acusa Jaime Flores la suma de $us 25.000, que usaría para unas inversiones en un medio de comunicación local. "Yo la quería como a una hija, pero igual me engañó", dijo con la voz entrecortada Isabel, que dijo conocer a la sindicada desde su niñez.

Otra de las denunciantes es Ana Delia Encinas, una mujer que le entregó a la presunta estafadora $us 16.000. Sin embargo, en su caso, ella entregó el dinero bajo el argumento de que sería utilizado para retirar una mercadería de la Aduana y que luego le devolvería lo prestado.

"Todo era mentira, nunca pensé que me estafe de esta forma", apuntó Encinas, el mismo sentimiento de Mario Andrés Llanos Salazar, al que la sindicada le dijo que le preste $us 4.000 para retirar mercadería de la Aduana, y Luz Nahir Vaytin Alvarado, la que denunció haber sido estafada por el monto de $us 2.500, dinero que le prestó bajo el mismo argumento del caso anterior.

Todas las personas antes mencionadas fueron retiradas de la imputación formal en contra de la acusada, a la que el Ministerio Público acusó por el delito provisional de estafa simple, siendo que el Código Penal establece que si existe más de una víctima, este hecho se puede calificar como estafa agravada con víctimas múltiples. 

Las presuntas víctimas que tomaron contacto con EL DEBER piden que la Fiscalía Departamental reconsidere la decisión del fiscal que lleva la causa y los vuelva a incorporar en el proceso, además que el delito no sea considerado una estafa simple, sino agravada, con víctimas múltiples, por los indicios y testimonios que han presentado.

El Ministerio Público conoció la denuncia a finales de diciembre de 2017, imputó en septiembre de 2018 a la presunta estafadora y recién en julio de 2020 la presentó a audiencia cautelar, con una sola víctima, pese a existir más personas, y planteando un delito menor que no permite que la sindicada sea enviada preventivamente a la cárcel.