El PCC se convirtió en una ‘multinacional del crimen’ en Sudamérica

El Primer Comando de la Capital (PCC) es una multinacional de la delincuencia. El grupo que surgió en una cárcel del interior de San Pablo, en agosto de 1993, como un mecanismo de defensa ideado por ocho reclusos para evitar masacres en la prisión, opera actualmente en 27 estados de Brasil, en seis países de Sudamérica y cuenta con presencia en Europa y África.

El PCC, que el Gobierno le atribuyó el robo frustrado a la joyería Eurochronos, introdujo un ‘nuevo modelo de negocio’ del crimen organizado que funciona con especies de ‘franquicias’ locales para controlar el mercado del narcotráfico y otras actividades ilícitas, como asaltos, secuestros y extorsiones, dijo el periodista británico Misha Glenny, excorresponsal de guerra de la BBC de Londres, en una entrevista que concedió al periódico Folha de Sao Paulo, en ocasión de la presentación de su libro en Brasil Crimen organizado internacional.

La versión es corroborada por un informe del Ministerio Público del Estado de San Pablo. Señala que en la medida que crece la organización delictiva, también aumentan sus límites territoriales. “Si en 2013 se concluyó que el PCC se extendió por 22 estados de Brasil, además de Bolivia y Paraguay, actualmente está presente en los 27 estados brasileños y también sentó bases en Argentina, Perú, Colombia y Venezuela”, menciona el documento.
La presencia del grupo criminal en Bolivia se hizo evidente en octubre de 2016, cuando una banda conformada por bolivianos y brasileños asaltó la joyería Imperio, en Santa Cruz. Cinco meses después, el 30 de marzo, delincuentes armados atracaron un camión de valores de la empresa Brinks, cerca de Roboré. En esa oportunidad se llevaron $us 1,3 millones e hirieron a cinco policías. 

El PCC volvió a dar noticias el jueves 13 de julio, cuando cuatro hombres fuertemente armados ingresaron a la joyería Eurochronos, pero resultaron sorprendidos por la Policía. Durante el hecho se produjo una balacera de unos 40 minutos y tres delincuentes fueron abatidos. También perdieron la vida Ana Lorena Tórrez, ejecutiva de la empresa, y el oficial de la Policía Carlos Gutiérrez.
Después del asalto a Brinks, el comandante nacional de la Policía, Abel de la Barra, informó de que al menos 100 emisarios del PCC fueron detectados operando en Bolivia.

El excomandante de la Policía de Santa Cruz Rolando Fernández, afirmó: “Estamos ante una delincuencia organizada que no trepida en lograr sus objetivos. Es importante y urgente que el Ministerio de Gobierno y la Policía boliviana analicen estos hechos y busquemos una solución integral para evitar nuevos ataques”.
A juicio de Fernández, el control migratorio y el equipamiento de la Policía deben convertirse en prioridad para las autoridades.
Desde Brasil, el Secretario Nacional de Seguridad Pública, general Santos Cruz, confirmó al diario Correio Braziliense, de Brasilia, que su país cuenta con fronteras vulnerables desde el estado de Río Grande del Sur hasta Mato Grosso, que hacen divisas con Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia, posibilitando que los criminales atraviesen los límites y se fusionen con grupos delictivos de los países vecinos con una simple y única explicación: el lucro, pero a través de la delincuencia.

Aliados del crimen
Los principales socios del PCC son los narcotraficantes y delincuentes paraguayos, bolivianos y colombianos, escribió el periodista brasileño Leonardo Coutinho, de la revista Veja. “Los métodos son el tráfico de drogas, los asesinatos, la extorsión y el lavado de dinero. Las áreas de diversificación son los asaltos a bancos, el robo de cargas y el tráfico de armas”.
Según Coutinho, el PCC buscaba internacionalizarse y para eso los líderes del grupo criminal, que en su mayoría permanecen detenidos en cárceles brasileñas, están sellando alianzas con bandas africanas y terroristas de Oriente Medio. 

“El PCC recurre al tráfico de drogas desde su fundación. En un inicio era solo una forma de multiplicar sus ingresos a través de la venta de protección en las cárceles, pero con el tiempo se convirtió en su principal actividad. Actualmente, esa organización controla más de la mitad de la comercialización ilegal de drogas en Brasil”, dijo el periodista brasileño.
De acuerdo con las estadísticas internacionales, Brasil es el segundo país de mayor consumo de droga en el mundo, solo es superado por Estados Unidos.

Corrupción
Un reportaje de la revista Veja señala que el dinero producto del narcotráfico y los robos es usada para pagar propina a policías, jueces, políticos, funcionarios, así como para patrocinar ejecuciones de los adversarios y pagar a miles de personas involucradas en actos ilícitos. 
En noviembre del año pasado, el vicepresidente del Consejo de Defesa de los Derechos Humanos de San Pablo, Luis Carlos dos Santos, admitió en la Policía Civil que recibía pago del PCC desde 2015 para que utilizara sus influencias ante los fiscales y representantes del Gobierno para que intercediera por los miembros de la organización criminal.

Reveló que aceptó ayudarlos en elaborar reclamos contra el sistema penitenciario de San Pablo. Además, reconoció que muchas de las quejas eran falsas porque el trabajo consistía en reunir las denuncias y presentarlas ante la comisión de Derechos Humanos de la ONU y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.   

La organización surgió después de  una masacre de presos en la cárcel brasileña de Carandiru
 En el patio de la Casa de Custodia de Taubaté, en el interior del estado de San Pablo (Brasil), un grupo de nueve reclusos— Antonio Carlos dos Santos, Antonio Carlos Roberto da Paixão, Isaías Moreira do Nascimento, Ademar dos Santos, César Augusto Roris da Silva, Idemir Carlos Ambrosio, Misael Aparecido da Silva, Wander Eduardo Ferreira y José Márcio Felício — decidieron en agosto de 1993 crear una organización de presos a fin de evitar que se repita una masacre, como la ocurrida un año antes en  el penal de Carandiru, en la que 111 reos fueron ultimados por la Policía Militar durante una rebelión.
Según el periodista brasileño Leonardo Coutinho, los nueve fundadores de lo que se convertiría en el Primer Comando de la Capital (PCC) estaban convencidos de que, a los presos estar sometidos a una jerarquía dentro de la cárcel, se podrían evitar las peleas internas que servían de detonante para la masacre de Carandiru. Los primeros ‘protegidos’ del PCC sabían que o pagaban para gozar de protección o eran muertos.
Posteriormente, practicaron atentados violentos contra edificios públicos y hacían atentados para intimidar a las autoridades del sistema penitenciario. Para obtener financiar, los miembros del PCC exigen que los socios paguen una tasa mensual de 50 reales, si estuvieran detenidos, y de 500, si estuvieran en libertad. El dinero era usado para comprar armas y drogas, además de financiar acciones de rescate de presos miembros de ésta organización criminal. El grupo es dirigido por Marcos Herbas Camacho, alías Marcola.