De los 337 municipios del país, solo 180 tienen juzgados, en el resto, las diferencias se arreglan en base a la ley del más fuerte. los sueldos de los jueces y fiscales son bajos 

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3 de septiembre de 2017, 16:00 PM
3 de septiembre de 2017, 16:00 PM

Este abogado se ha desempeñado como profesional en momentos históricos que han generado reformas constitucionales en el país. Señala que el Presupuesto General del Estado (PGE) es la aplicación de la política de Gobierno central. El del año 2017 nos indica lo siguiente: 

1.- Que el Gobierno no considera importante la justicia, que es lo más deplorable del país. El Gobierno gasta en publicidad el 2,7% del Presupuesto General del Estado, cerca de diez veces más que lo asignado al poder judicial, que tan solo cuenta con el 0,26% del PGE. 
Los sueldos de los jueces y fiscales son bajos quizá porque se asuma que el que gana ese sueldo tiene ingresos adicionales por prevaricar. De los 337 municipios del país, solo 180 tienen juzgados, en los demás las diferencias se arreglan en base a la ley del más fuerte. 

Cada juzgado, que atiende en promedio aproximadamente 500 causas, tiene un solo diligenciero para hacer las notificaciones, lo que redunda en una fuente importante de ingresos para éste ya que caso contrario el juicio podría durar ad eternum.

La solidez e independencia del poder judicial son la base de la democracia y un pilar fundamental de la inversión extranjera, fundamentalmente, y, lo que tenemos ahora, con el invento ya fallido de la elección de los magistrados de los tribunales superiores (único en la historia de la humanidad), designados por el partido de gobierno a través de su control total del legislativo, es una fenómeno nefasto que ha sobresalido por haberse convertido en el instrumento político del poder, persiguiendo descaradamente a rivales políticos.    

2.- Que la educación, la principal labor de cualquier gobierno que persiga la superación del desarrollo humano, en Bolivia está en la cola de las prioridades con el 1,36% del Presupuesto General Estado, lo que resulta ya escandaloso. Por si esto fuera poco, la Ley Avelino Siñani es radicalmente centralista e ideologizadora, negadora de cualquier posibilidad de desarrollar las particulares características culturales de la Bolivia diversa. 

3.- Que lo que corresponde al Ministerio de salud, siendo que esta es de vital importancia pero que está prácticamente colapsada, su asignación no llega al 10% si se calcula con honestidad, como aprendimos de la cruzada del Padre Mateo.   

4.- Que, en contrapartida, el Ministerio de Defensa, tiene el 17,17% del TGE, esto es, más alto que el de justicia, educación y salud juntos. Para qué? Acaso pudiéramos vencer a algún ejército de cualquier país vecino? Qué beneficios concretos trae al país?. 
Vale la pena la relación costo beneficio de las fuerzas armadas bolivianas?  No nos traería más beneficios ser un país pacifista como Costa Rica y quedarnos tan solo con una soberbia policía que nos proporcione seguridad ciudadana? 
Ya sabemos para qué sirven los ejércitos en la lógica populista de hoy, que se han lucido reprimiendo a sus conciudadanos como es el caso de Cuba, Venezuela o Nicaragua, con derroteros idelologizados y corruptos, alumnos sobresalientes de las dictaduras de derecha que azotaron el continente en la década de los setenta. 

5.- Que, el que se lleva la flor es el Ministerio de la Presidencia, con el 16,04%, es decir, que el presidente y su administración tienen para gastar 61 veces más que el Ministerio de Justicia, 11 veces más que la educación, y cerca del doble de lo que se gasta en salud en todo el territorio nacional.
Entre la Presidencia y el Ministerio de Gobierno se llevan más del 33% del PGE, esto es, 24 veces más que la educación y cerca de cuatro veces más que salud. Y como la mayoría de las competencias de todos los ministerios corresponden al nivel central, resulta que el nivel central de gobierno dispone de más del 80% del total del gasto público, con lo que las poses para autonomizar el país resultan hoy juegos para ingenuos. 

Nunca Bolivia estuvo más centralizada que hoy a pesar de incorporar en la Constitución un texto que autonomiza municipios, departamentos y gobiernos indígenas. La realidad es que, a ocho años de vigencia de la Constitución, no se ha transferido ninguna competencia o peso boliviano alguno del nivel central a los gobiernos subnacionales, por lo que, en los hechos, los bolivianos hemos generado en esta última década un curioso modelo de “autonomías centralizadas” que justamente es el título de un libro que tengo en imprenta. 

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