La decisión de un juez de El Torno, emitida en el marco de una acción popular presentada por María E. Aramayo Quinteros, que prohíbe la difusión de encuestas electorales en medios de comunicación, desató cuestionamientos en la recta final hacia la segunda vuelta. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, denunció una vulneración al derecho a la información y exigió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) intervenir de inmediato.
“Un juez ha decidido que no tengamos la información necesaria para saber por quién votar”, afirmó el dirigente cívico.
Acción popular y restricción a encuestas
La medida judicial surge de la acción constitucional que cuestiona la difusión de estudios de intención de voto, lo que derivó en la restricción a los medios para publicar encuestas en plena campaña.
La determinación se produce en un momento clave del proceso electoral, cuando los votantes afinan su decisión y estos estudios suelen influir en la dinámica política.
Exigencia al TSE
Cochamanidis pidió al TSE asumir un rol activo para revertir la situación.
“Exigimos que se autorice a los medios a realizar y presentar encuestas”, sostuvo.
A su juicio, la ciudadanía necesita acceso a información para ejercer un voto informado.
Cuestionamientos a la justicia
El líder cívico también dirigió críticas al sistema judicial.
“Exhortamos a los jueces a que tomen acción inmediata para que esto se viabilice lo antes posible”, señaló.
Además, convocó al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Departamental de Justicia y a magistrados a pronunciarse sobre el caso.
Reacciones y advertencias
Desde sectores políticos y analistas, la decisión generó preocupación. Se advirtió que restringir la difusión de encuestas puede distorsionar el debate público y limitar la capacidad del electorado de tomar decisiones informadas.
También se alertó sobre el alcance de este tipo de acciones constitucionales en procesos electorales.
Derecho a la información en disputa
Para Cochamanidis, el fondo del conflicto es más profundo.
“Tenemos el derecho a estar informados… no podemos permitir que vivamos en una dictadura”, afirmó.
La polémica reabre el debate sobre los límites entre decisiones judiciales y el desarrollo del proceso electoral, en un escenario donde la institucionalidad enfrenta nuevas tensiones.