La decisión de un juez de prohibir la difusión de encuestas en plena recta final hacia el balotaje por la Gobernación de Santa Cruz desató una controversia política e institucional, que ya derivó en el anuncio de una investigación por parte del Consejo de la Magistratura sobre la actuación judicial.
El juez Diego Campero García, del asiento judicial de El Torno, ordenó la “ suspensión inmediata” de la difusión de cualquier encuesta o estudio de intención de voto antes, durante y después del debate entre los candidatos Juan Pablo Velasco y Otto Ritter, argumentando la necesidad de proteger el derecho ciudadano a elegir libremente.
La medida surge a partir de una acción popular presentada por María Aramayo Quinteros contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, bajo el argumento de que las encuestas podrían “confundir a la población” y generar un “mal mayor” en el proceso electoral.
El fallo provocó una inmediata reacción en distintos actores políticos y cívicos, que denunciaron una vulneración al derecho a la información y a la libertad de expresión. Desde el Comité pro Santa Cruz, su presidente Stello Cochamanidis afirmó que la decisión busca privar a la ciudadanía de información clave para el voto y exigió acciones urgentes tanto al TSE como al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En la misma línea, la asambleísta electa María René Álvarez cuestionó que la medida responde a intereses políticos y advirtió que se está atentando contra la labor de los medios de comunicación y el derecho ciudadano a un voto informado.
Las críticas escalaron aún más con pronunciamientos como el de la exsenadora Centa Rek, quien calificó el hecho como un “atropello” que bordea el prevaricato, al considerar que un juez ordinario estaría interfiriendo en competencias propias del órgano electoral en un momento clave del calendario.
El senador Leonardo Roca fue más allá y apuntó directamente al TSJ, cuestionando la falta de control institucional y advirtiendo que este tipo de decisiones contradicen compromisos previos de no interferencia judicial en procesos electorales.
Acciones y respuestas
Por su parte, el TSE rechazó la determinación judicial y confirmó su asistencia a la audiencia fijada para el 17 de abril, donde defenderá la legalidad de sus decisiones. Su presidente, Gustavo Ávila, recordó que el OEP ya superó decenas de acciones constitucionales en anteriores procesos, respaldando su actuación en la normativa vigente.
En medio de la polémica, el Consejo de la Magistratura informó que el decano Manuel Baptista dijo que esta institución dispuso verificar si el juez cumplió con los procedimientos de admisión de una acción de cumplimiento y la intervención de la Unidad Nacional de Transparencia.
Consultado por los medios de prensa sobre el recurso judicial que buscó frenar la difusión de la encuesta, el candidato Otto Ritter de SPT respondió: “No tengo la más peregrina idea al respecto”.