El Órgano Ejecutivo anunció este miércoles la aprobación de dos decretos; el primero para que las entidades territoriales autónomas (ETAs) y las empresas públicas puedan concesionar la construcción de obras de infraestructura y, el segundo, para incrementar partidas presupuestarias de consultorías relacionadas con las Elecciones Judiciales, por Bs 21,71 millones.
En conferencia de prensa, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, indicó que en el caso del primer decreto mencionado, hasta la fecha existía el Decreto Supremo 181, de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que sólo permitía a las gobernaciones y alcaldías concesionar servicios y no la construcción de obras.
“Entonces, si alguna gobernación desea concesionar la construcción de una carretera, pues lo va a poder realizar en términos de lo que establece este decreto”, dijo Montenegro sin mencionar más detalles ni el número del nuevo decreto. EL DEBER intentó conocerlo en la página digital de la Gaceta Oficial del Estado, pero el sitio se encontraba inaccesible, al mediodía de este miércoles.
Según Montenegro, las ETAs y las empresas públicas van a ser responsables de elementos relacionados con el contrato, las condiciones del mismo, la evaluación, la selección, la adjudicación, las garantías y todas las condiciones de un contrato de concesión.
“De tal manera que se abre esta oportunidad para que gobernaciones y también las empresas públicas puedan realizar este tipo de concesiones para la construcción de obras”, resaltó, a tiempo de mencionar que el decreto ya está vigente.
Más presupuesto para las ‘judiciales’
El segundo decreto anunciado por el Ejecutivo se refiere a la autorización para que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) pueda incrementar las subpartidas de consultorías para el cumplimiento de sus objetivos institucionales relacionados con el proceso de las elecciones de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.
“Este es un incremento presupuestario, pero intrapartidas, o sea, no exige recursos adicionales al Tesoro General de la Nación, sino, una recomposición dentro del presupuesto que tiene el Órgano Electoral Plurinacional por valor de 21.711.725 bolivianos, que es para que ellos puedan contratar consultores, consultorías individuales en línea y consultorías por producto para que puedan obtener los objetivos institucionales que están relacionados con estos dos procesos de elección (…)”, señaló Montenegro.
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