Causal de Caranda es el nombre de la propiedad ubicada en la localidad de Caranda, municipio de Portachuelo en el departamento cruceño. Parte de este predio, unas 33 hectáreas, fueron “tomadas” por avasalladores que levantaron unas precarias viviendas.

Ayer, en horas de la madrugada, un contingente policial con unos 100 uniformados se dirigió a esta población, ubicada antes de llegar a Santa Rosa del Sara, para desalojar a estas personas que ocupaban los terrenos.

La presencia policial puso en alerta a algunos vecinos y comunarios de la zona que salieron a enfrentar a los efectivos policiales. Los uniformados tuvieron que utilizar gases lacrimógenos para repeler a estas personas, según los videos que circularon en redes sociales.

Hasta el cierre de esta edición, el contingente que había acudido a realizar el operativo no había podido salir de la zona porque los comunarios cortaron árboles para trancar el camino, denunciaron algunos uniformados.

Con este avasallamiento, van sumando estos asentamientos humanos ilegales en predios privados y también fiscales, como el que verificó EL DEBER tras un sobrevuelo realizado el fin de semana pasado en un área forestal del municipio de Urubichá, provincia Guarayos.

En este terreno fiscal, que tiene una superficie de 51.929 hectáreas, el 50% de este terreno está afectado por los avasallamientos e incendios forestales. En la zona hay al menos seis asentamientos conformados por varias carpas, árboles quemados y cenizas, además de varias columnas de humo que, por momentos, rodeaban la avioneta en la que se desplazaba el equipo de EL DEBER.

Pablo Gil, ingeniero forestal que acompañó al equipo de EL DEBER, dijo que preocupa que se den estos avasallamientos porque estas tierras están destinadas para uso forestal y según la categorización, establecida por el Instituto de Reforma Agraria (INRA), son tierras fiscales no disponibles.

“Lo que significa que el Estado no podría dotar de esas tierras a ninguna comunidad y/o persona. Entonces, (con los asentamientos) se está atentando contra los recursos y bienes del Estado, en este caso recursos forestales”, explicó Gil.

Falta de transparencia

Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra, señaló que año tras año las denuncias por avasallamientos de tierras se van acumulando junto a las autorizaciones para el asentamiento de supuestas comunidades campesinas o interculturales en tierras fiscales entregadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

“Los problemas no van a desaparecer y esto tiende a empeorar porque, primero, esta información sobre los asentamientos y las autorizaciones no se ha transparentado. En Santa Cruz se desconoce, hasta la fecha, dónde están esas comunidades autorizadas, cuántas hectáreas son (las que tienen) y cuáles son esas tierras que supuestamente se habrían distribuido en dotación a nuevas comunidades”, indicó Colque.

El experto agregó que la otra “señal negativa” es el Decreto Supremo 5202 que convierte 200.000 hectáreas de la reserva forestal El Choré en un área de manejo integrado, lo que permite asentamientos y desmonte en la zona.

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