Sigue el fuego cruzada entre autoridades nacionales y departamentales a causa de la construcción ilegal de un puente sobre el río Parapetí en la comunidad Cuarirenda, en Charagua. La obra causó la deforestación de una parte del área natural denominada los Bañados de Isoso y amenaza al parque Kaa Iya.
La construcción del puente ilegal fue denunciada por la revista Nómadas, que detalló el proceso de desmonte y del año ambiental causado a espaldas del control de los tres niveles del Estado. Según esta publicación, se han desmontado cerca de 3.000 hectáreas
Tras conocerse el hecho, todas las entidades estatales se culpan mutuamente sin que exista un claro responsable del hecho ilegal, que ha causado daño al medioambiente.
En este escenario de pugna, el jueves ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, dijo que la obra era ilegal y que existe un daño al hábitat. Sin embargo, ante la presión de algunos comunarios del lugar que apoyaron la construcción dijo que la solución para legalizar la obra era la realización de un manifestó ambiental, que debe ser hecho por la Gobernación.
“Como no hay licencia ambiental, se debe realizar un manifiesto ambiental. Entonces, es como decía el capitán comunal, hagan lo que sea necesario para que sea legal. Pero no hemos visto ninguna acción del gobernador o de su Secretaría de Medioambiente para realizar este manifiesto ambiental”, señaló el ministro.
Ante estas declaraciones, Jhonny Rojas, secretario de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación, sostuvo este sábado que el Gobierno Departamental de Santa Cruz “no otorgará licencia ambiental a una construcción que ha sido ejecutada de forma ilegal y clandestina, y que causa un daño ambiental a un humedal imprescindible".
Rojas sostuvo que el Ministerio de Obras Públicas no debe seguir “el mismo actuar ilegal de la ABT y del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, instituciones dependientes del Gobierno Nacional”, pues, según él, desde que conocieron la construcción ilegal del puente y de la deforestación generada por la construcción del camino de 14 Km de largo y 25 metros de ancho en el sitio RAMSAR del lsoso, “no paralizaron ni denunciaron la depredación medioambiental que se estaba cometiendo”.
“La Gobernación de Santa Cruz deja clara su posición de defensa al medioambiente y a la vida de los habitantes del departamento, por lo que nunca se someterá a imposiciones del Gobierno Nacional que vayan en contra de estos valores”, señaló.
Por último, sostuvo que la Gobernación notificó a las ABT y a las autoridades de Charagua sobre el tema, pera no ha tenido ningún tipo respuesta.
El jueves, la capitanía de Cuarirenda pidió al ministro de Obras Públicas, legalizar la obra porque para ellos es una necesidad y una primera piedra fundamental de progreso.
"Quiero decirles, hermanos, que el puente es una necesidad. Muchas autoridades dicen: 'vamos a sancionar', pero por qué no dicen 'vamos a mejorar'. Esta no es carretera a Brasil o Estados Unidos, por ahí recorro todos los días en bicicleta para ir a las colonias menonitas a trabajar porque no hay trabajo aquí", dijo Jhonny García, capitán comunal de Cuarirenda.
La dirigencia indígena de esa comunidad aprobó la construcción de la obra que está en la entrada de una reserva natural. Una comisión del Gobierno llegó hasta el lugar y prometió casas e internet
El director de la ABT asegura que no dieron permiso para la deforestación, que dio lugar a la construcción de la obra ilegal que cruza el río Parapetí. Dice que se identificó un desmonte ilegal de 36 hectáreas y que ya había un "caminito" en la era Áñez