El anuncio del Gobierno sobre la inversión de Bs 712 millones en más de cinco plantas industriales en Santa Cruz ocurre, mientras 14 empresas públicas creadas por el MAS entre 2007 y 2023 presentan números rojos, según una investigación legislativa. Estas empresas no solo no generan utilidades, sino que también deben Bs 43.771 millones al Banco Central de Bolivia (BCB).

La apuesta del Gobierno por la industrialización en un momento de recesión económica plantea serias dudas sobre la viabilidad de esta estrategia. La sustitución de importaciones, una política económica popular en la década del 50 en América Latina, fue eficaz al principio, pero a largo plazo resultó insostenible y fracasó en varios países de la región.

En lugar de insistir en modelos económicos que han demostrado su ineficacia, el Gobierno debería centrarse en fortalecer y sanear las empresas públicas existentes. La deuda acumulada y la falta de rentabilidad de estas entidades indican la necesidad de una revisión exhaustiva y una reestructuración. La industrialización y la diversificación económica son objetivos loables, pero deben estar respaldados por planes financieros sólidos.

El desarrollo industrial no puede ser un capricho político ni una bandera ideológica; debe ser una estrategia bien planificada. Es crucial que el Gobierno reevalúe su enfoque y adopte políticas económicas que impulsen el desarrollo sostenible, basadas en la realidad económica del país, y no en modelos del pasado.