Gabriela Reyes |CRIMINÓLOGA

A inicios de Julio se llevó a cabo en Santa Cruz IX Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), donde se expusieron contenidos para entender la situación del contrabando en diferentes países, sus principales retos y propuestas para reducir su impacto económico que, para Bolivia en 2022, implicó aproximadamente el 7% del PIB del país.

Si bien hay un avance de la mano de la CAN y del MERCOSUR en reconocer que el contrabando tiene una relación directa con el crimen organizado internacional y que este ilícito se constituye en un delito transnacional, aporto algunas consideraciones al respecto para el análisis. De acuerdo a expertos internacionales, Bolivia se sitúa como un “corredor del contrabando”, siendo que es un país casi obligatorio como ruta de diferentes productos de contrabando que circulan por la región, siendo el caso más significativo es el del cigarrillo que sale de Paraguay, pasa (y también se queda) por Bolivia y llega a Chile, Perú y otros. Sin embargo, es notable en el análisis de externos, la ausencia de un entendimiento de este fenómeno como un sistema que involucra factores más allá de lo económico y es que el contrabando es también socialmente significante y políticamente importante. Es así que cuando se habla de los efectos del contrabando se tiende a omitir la dimensión social de este fenómeno. Por ejemplo, en algunos territorios del país, el contrabando se ha constituido en un modo de vida para los bolivianos, es más, se estima que aproximadamente 2 millones de personas en el país viven del contrabando. Por otro lado, una encuesta realizada por la empresa Rodríguez Baudoin en 2023, muestra que 4 de cada 10 personas compra conscientemente productos de contrabando, siendo que 5 de 10 personas considera que el contrabando tiene un impacto negativo en la economía del país.

Entre los efectos políticos podemos nombrar el creciente poder que van teniendo algunos gremios asociados a esta actividad, un ejemplo son las marchas convocadas por los vendedores de ropa usada de contrabando exigiendo su legalización, siendo que, según este grupo, abarca a unas 300.000 familias. Entre los impactos políticos, diría yo, también se puede incluir un efecto en la reducción de las cifras de inflación, ya que cuando se pregunta al ciudadano que consume, no se le pregunta si es o no un producto de contrabando y a esto se le suma la reducción de sensación de desempleo, ya que quién es relevado de su cargo en el sector formal, puede moverse al sector informal (del cuál el contrabando se nutre) percibiendo que no ha habido un cambio en sus condiciones de empleo, a pesar de la existencia de una modificación en la calidad de éste.

Finalmente, se debe además entender que este sistema de gobernanza criminal no está compuesto únicamente de actores privados y es que debemos sincerarnos sobre la dimensión de este sistema de gobernanza criminal que cuenta también con la ayuda (ya sea por acción u omisión) de agentes estatales. Es así que para “combatir” el contrabando, se debe pensar en este como sistema de gobernanza criminal que no solo tiene implicancias económicas sino también sociales y políticas. Asimismo, analizar el contrabando como un fenómeno delictivo de crimen organizado transnacional por sus rutas, pero no hablar a detalle de quienes son los que gobiernan las redes de distribución implica tener una mirada parcial a este sistema, y por lo tanto, pensar en medidas paliativas que también tendrán un efecto parcial.