El Banco Fassil era una de las entidades bancarias de mayor tamaño en Bolivia. Tenía 485 oficinas en todo el país, ocupaba 4.500 empleados y los ahorristas sumaban más de un millón. En abril de 2023, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) decidió intervenir Fassil, cuya crisis financiera había hecho explosión un mes antes del mismo año. Fue después de que los ahorristas no pudieran retirar dinero de sus cuentas en las oficinas bancarias ni a través de los cajeros automáticos. Expertos en economía atribuyeron el colapso de Fassil a una poca disciplina gerencial, a las transacciones riesgosas, apuestas inefectivas por los bienes raíces, laxitud en las regulaciones y otras causas. Lo ocurrido sacudió el mercado financiero boliviano.

 Desde entonces parece avanzar lentamente el proceso de saneamiento y avalúos para la venta de los numerosos inmuebles de Fassil y cuyos dineros se dispuso, en primer término, para el pago de sueldos y beneficios sociales de la legión de trabajadores puestos en la calle. Mientras tanto, el deterioro de esos edificios por falta de uso y mantenimiento es visible. En Santa Cruz, epicentro de operaciones del banco, las sucursales diseminadas por varias partes de la capital y sus municipios aledaños, se han convertido en un monumento al abandono, ofreciendo un muy mal aspecto entre basura acumulada y hierba crecida. Los interventores de ASFI no pueden ignorar un problema que estropea la imagen urbana e incomoda al vecindario que eleva su voz de protesta. Que no se hagan los sordos con el clamor ciudadano.