Santa Cruz perdió el 20% de sus bosques en los últimos 20 años. El dato es sobrecogedor y más aún si se considera que la afectación se acelera a medida que pasan los años. Antes del año 2000 el promedio de deforestación era de 188.000 hectáreas por año, pero entre 2021 y 2022 el promedio se acerca a las 400.000 ha por año. Eso significa que se está matando el área boscosa a fuerza de incendios y de desmontes para ampliar la frontera agrícola. Las que más sufren son las áreas protegidas y las tierras fiscales, esas que deberían tener mayor amparo porque son tuición del Gobierno. Sin embargo, son las más vulnerables, cual tierra de nadie.

Los guardaparques son mal pagados, castigados cuando denuncian presencia ilegal en las áreas protegidas y hasta enjuiciados por quienes deberían respaldarlos, las autoridades de bosques que dependen del Gobierno. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha sido acusado de filtrar información sensible sobre las tierras a comunidades interculturales, y cuando las invasiones se producen, o las niega o dice que no es su competencia. Y así siguen y suman los problemas. La ABT, llamada a cuidar los bosques, tampoco tiene un rol protagónico para preservarlos

Entretanto, Bolivia está perdiendo sus bosques y eso está dejando secuelas graves que contribuyen al calentamiento global. La sequía es una muestra de ello. Es tiempo de que el Gobierno sincere su política con la tierra. De nada sirve que pretenda atender las emergencias de los incendios, si sigue alentando la expansión de la frontera agrícola y sus afines perpetúan la invasión de la tierra, fiscal y privada.