PAÍS
Gobierno propone elevar penas por quemas y crear delito de 'incendio forestal'
El anteproyecto que aprobó el gabinete señala que estas penas se aplicarán cuando la ley sea aprobada
La pelea interna entre evistas y arcistas del Movimiento Al Socialismo (MAS), además de las amenazas y cerco de la Central Obrera Boliviana (COB) a la Asamblea Legislativa, incrementa el conflicto político y económico que amenaza con paralizar el país como en 2019, crisis que incluso pone en duda la continuidad del gobierno de Luis Arce.
Y fue la propia dirigencia de la COB, aliada política del actual Gobierno que ayer tras un ampliado de emergencia resolvió “la continuidad y masificación del conflicto a nivel nacional” hasta que el Parlamento apruebe los créditos internacionales que Arce necesita.
En caso de no hacerlo, otra de las determinaciones de la COB arcista es realizar “paros escalonados hasta la huelga general indefinida”, para ello se conformará la “comisión de huelga y de prensa” para que coordinen las medidas de presión con las centrales obreras departamentales y regionales, “para fortalecer la lucha social en todos los departamentos y regiones del país”.
Mientras, el expresidente Evo Morales está en una intensa campaña para organizar su marcha que empezará el 17 de septiembre desde Caracollo y para que todos los sectores sociales, se sumen a la protesta contra el gobierno de Arce. Morales adelanta que será una “marcha histórica por la democracia, la vida y para salvar a Bolivia”. La consigna de esa movilización es habilitar a Evo como candidato para que retorne al poder.
“Este movimiento político demostró en 14 años que Bolivia tiene mucha esperanza, mucho futuro, por eso hermanas y hermanos siento que el pueblo quiere que Evo vuelva”, dijo Morales ayer en Santa Cruz de la Sierra.
No obstante, para Morales y las organizaciones sociales que lo apoyan, la marcha que empezará el 17 es simplemente la antesala a un escenario de crisis a nivel nacional, medida que según el líder cocalero empezará con bloqueos en todo el país desde octubre. El “retraso” es en consideración a los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba que este mes están de aniversario.
La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, Túpac Katari, convocó a sus afiliados de las 20 provincias a instalar desde las cero horas del lunes 16 de septiembre, un bloqueo de carreteras en nueve puntos de ingreso a las ciudades de La Paz y El Alto. La dirigencia del sector dijo días atrás que sus movilizaciones serán hasta lograr la renuncia del presidente Arce.
En el instructivo que emitió el dirigente David Mamani Quispe, señala que también los campesinos iniciarán un paro general indefinido en protesta por la crisis económica que enfrentan los campesinos de las 20 provincias, por culpa de “este gobierno incapaz y corrupto”.
Tras un enfrentamiento violento con la Policía en el que al menos 10 campesinos Ponchos Rojos resultaron heridos, el sector campesino de Mamani advirtió con iniciar movilizaciones de protesta contra el Gobierno de Arce hasta que el mandatario renuncie.
Si bien, el sector no se identificó con los evistas, el líder cocalero respaldó la postura de los campesinos paceños. No obstante, la dirigencia campesina afín al Gobierno dijo que Mamani no representa a nadie y que su protesta es porque el presidente Arce no le dio ministerios y cargos en la entidad pública.
Y mientras Morales prepara toda su artillería contra los órganos Ejecutivo y Electoral, el Gobierno de Arce también activó a sus aliados como la COB y Pacto de Unidad para presionar a la Asamblea Legislativa y que de una vez apruebe los créditos internacionales que suman más de mil millones de dólares, recursos que según el Gobierno servirán para dinamizar la economía interna y el ingreso de dólares.
Es por eso que el punto uno de la resolución del ampliado de la COB es la “masificación del conflicto a nivel nacional” y mantener la vigilia instalada en la Plaza Murillo “hasta lograr nuestros objetivos”, es decir, que los asambleístas aprueben los millonarios préstamos de entidades internacionales a Bolivia.
Cumpliendo la instrucción un grupo numeroso de personas se instaló con sus carpas en los dos ingresos al edificio del Legislativo, es decir el ingreso al Palacio histórico que es por la Plaza Murillo y el acceso al nuevo edificio que es por la calle Comercio. Los arcistas también instalaron carpas en el atrio de la Catedral paceña.
Estas acciones tienen el respaldo logístico del Gobierno que instaló baños químicos, agua potable, grandes cestos para basura y dota de alimentación para los grupos que hacen la vigilia, según las denuncias de legisladores de la oposición y del evismo, que divulgaron en sus cuentas de redes sociales evidencia de estos apoyos.
Pero más allá de que los parlamentarios se apresuren a instalar sus sesiones, la intimidación de los grupos arcistas al Parlamento, logró que el trabajo en la Asamblea Legislativa se desarrolle de forma irregular o se suspenda por “falta de garantías”.
Por ejemplo, las comisiones y comités suspendieron sus sesiones, el Senado decidió trasladar su sesión a la ciudad intermedia de Uyuni (Potosí) y está en duda la instalación de la sesión de Diputados que convocó para hoy, la legisladora Verónica Chalco, en lugar de Israel Huaytari.
En ese contexto, los legisladores de la oposición y evistas ven que se cumplió la amenaza del dirigente de la COB arcista, Juan Carlos Huarachi, de tomar la Asamblea Legislativa, porque a denuncia de los parlamentarios, personas ajenas al Parlamento ingresaron al edificio a horas de que se instale la sesión de este jueves.
“Seguramente con el permiso de la presidencia de la Cámara de Diputados, en este momento están ingresando a la Asamblea Legislativa. Bajo esas circunstancias vemos que no hay garantías”, dijo el diputado Gualberto Arispe.
El legislador informó que se enviaron cartas al Ministerio de Gobierno, al Defensor del Pueblo y a David Choquehuanca pidiendo garantías para los parlamentarios, ante las amenazas y presencia de grupos radicales de Huarachi.
Según la agenda de Chalco, en la sesión de hoy se programó tratar dos proyectos de préstamos internacionales, ambos por 140 millones de dólares.
El Senado que sesionará en el Suroeste de Potosí, también tratará un proyecto de crédito internacional para la construcción de la carretera Uyuni - Hito 60 en los tramos 1 al 3. Para ejecutar esta obra el Gobierno firmó un acuerdo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un monto de 223.420.000 dólares, recursos que deben ser validados por la Cámara Alta para que el Ejecutivo los pueda utilizar.
Ante la falta de garantías para sesionar algunos parlamentarios como Oscar Balderas de CC, pidieron que la sesión sea virtual. En cambio, los arcistas quieren que sea una sesión presencial porque se sienten confiados y aseguran que su integridad como parlamentarios está asegurada.
Pero el Ejecutivo también abandona la sede de Gobierno, ya que decidió instalarse en Santa Cruz por los incendios.