Si bien la tarifa del transporte público urbano es regulada por el Concejo Municipal, la normativa establece de manera clara que cualquier ajuste en el pasaje de micros debe ser tratado en base a una propuesta y estudio de costos presentados por el Ejecutivo Municipal.
La presidenta del Concejo, Silvana Mucarzel, volvió a exigir al alcalde Jhonny Fernández que “haga su trabajo” y envíe una propuesta formal para que el órgano deliberante pueda tratar el tema, tal como lo establece la Ley de Movilidad Urbana y su reglamento. Esto, luego de que el Ejecutivo señalara que ahora la responsabilidad está en el Concejo porque ya se envió el informe de las mesas técnicas.
El alcalde Fernández este jueves reiteró que el asunto está en manos del órgano legislativo. “El que fija la tarifa no es el alcalde, el que define es el Concejo Municipal”, indicó al señalar que queda esperar la decisión que tomen los concejales al respecto.
La Ley de Movilidad Urbana 1216, en su artículo 224, establece que las tarifas del servicio público de transporte de pasajeros en el municipio de Santa Cruz de la Sierra deben ser aprobadas por el Concejo Municipal, a partir de la propuesta presentada por el Ejecutivo, la misma que debe estar enmarcada en las políticas y parámetros establecidos por la Ley Autonómica Municipal 1216/2019, la normativa específica y el reglamento correspondiente. Además, debe basarse en estudios que utilicen metodologías especializadas, considerando las observaciones de los usuarios, las juntas vecinales y el control social.
El artículo 225 marca el camino a seguir para la aprobación de la tarifa. Indica que por instrucción expresa del alcalde, la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte podrá realizar o contratar a consultores especializados para la elaboración de estudios tarifarios, debiendo considerar costos operativos actualizados, niveles socioeconómicos de la población usuaria, eficiencia de la operación y competitividad en el mercado de los operadores.
La Secretaría de Tránsito y Transporte presentará los estudios correspondientes, realizados en el marco de las normas. La recolección de información para la elaboración de los estudios será realizada por servidores dependientes de esta secretaría o consultores especializados en el tema. Los diferentes operadores del servicio de transporte publico podrán presentar estudios propios para consideración y evaluación tanto de la autoridad competente, como de los usuarios o pasajeros, juntas vecinales y control social.
Asimismo, el artículo 227 establece que la actualización de las tarifas deberá revisarse cada cuatro años o cuando resulte necesario en base a componentes de costos operativos, costos fijos, costos variables, inversión de capital, aumento de salario mínimo, inflación, entre otros.
El concejal Manuel Saavedra aseguró que mientras no haya un estudio de costos, no se puede hablar de un aumento en el precio del pasaje.
“Ellos quieren que subamos el precio del pasaje. No lo vamos hacer mientras no haya un estudio de costos que tiene que hacer el alcalde”, declaró Saavedra.
En esta misma línea la concejala Lola Terrazas indicó: “El alcalde sabe cuál es el procedimiento para una posible subida en el precio del pasaje en micro. El acalde no ha realizado ningún estudio técnico, entonces sobre qué vamos a deliberar los concejales. La tarifa se mantiene”, insistió Terrazas al referirse a la postura del Ejecutivo.
También se refirió a la toma que realizaron los transportistas este miércoles y les aclaró que “el Concejo no funciona bajo presión”.
Por su parte, el concejal Juan Carlos Medrano presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la violencia cometida por los transportistas y dejó claro que “el Concejo no va a subir ni 10 centavos el precio del pasaje”.
“Han privado el derecho al trabajo, han deteriorado los bienes del Concejo y tenemos funcionarias con enfermedades de base que han estado en riesgo porque no las dejaban salir ni siquiera por un vaso de agua. Lamentamos mucho la actitud intransigente de los transportistas”, dijo al presentar la denuncia contra el principal dirigente del sector, Segundo Ricalde y presuntos autores.
Se los acusa de privación de libertad, atentado contra el derecho al trabajo y deterioro de los bienes del Estado.
La Policía tuvo que gasificar para dispersar a los manifestantes. La presidenta del Legislativo exige al alcalde que haga su trabajo y presente un estudio de costos. El vocero de la Alcaldía pidió a los concejales no evadir sus competencias