La región del Chapare, en el departamento de Cochabamba, se ha convertido en un epicentro del crecimiento del narcotráfico en Bolivia. Los numerosos operativos ejecutados en el último tiempo han revelado un incremento alarmante en la producción y procesamiento de cocaína, un fenómeno que plantea desafíos significativos para la seguridad nacional y que también afecta a las comunidades locales y su desarrollo socioeconómico.

Informes oficiales indican que entre octubre y noviembre de 2023, se descubrieron y destruyeron 36 fábricas de pasta base de cocaína en el Chapare, junto con la incautación de más de 4.000 litros de cocaína líquida. Los resultados del operativo denominado “Halcón” reflejan la magnitud del problema.

Es más, se estima que el 94% de la coca producida en esta región se destina a actividades ilícitas, en una palabra: narcotráfico. Este indicador refleja la penetración del tráfico de drogas en la economía local y su capacidad para desafiar las estructuras estatales.

La producción de coca en el Chapare ha alcanzado niveles desproporcionados. Según datos oficiales, aproximadamente 55.000 toneladas de hoja seca distribuyen anualmente en Bolivia, y una parte significativa proviene de esta región. La falta de control efectivo y la corrupción han permitido que esta coca alimente permanentemente el circuito de fabricación de drogas, escenario perfecto para el crecimiento del crimen organizado.

El narcotráfico también afecta profundamente el tejido social y económico de las comunidades del Chapare. Muchos agricultores, atraídos por los altos precios que ofrece el mercado ilegal, han optado por cultivar coca en lugar de alternativas agrícolas sostenibles. A la larga, este fenómeno erosionará las bases económicas locales.

Ciertamente, no hay grandes revelaciones en los datos mencionados líneas a arriba, a lo que se debe añadir que la región en cuestión es la principal fortaleza territorial y orgánica del Movimiento Al Socialismo y de su líder, Evo Morales, eterno dirigente que nunca se alejó del cargo, incluso durante los más de 14 años que ejerció la presidencia del Estado.

Y tampoco se puede omitir en este análisis que la expulsión de la DEA, ordenada por Evo Morales el 1 de noviembre de 2008, tuvo una fuerte incidencia que inmediatamente se reflejó, por ejemplo, en la caída de René Sanabria, un poderoso agente antidrogas que fue sentenciado en Estados Unidos por narcotraficante. Y, como se sabe, a Sanabria se sumaron varios exjefes policiales que están presos. Ahora destaca entre ellos el extraditable Maximiliano Dávila.

El gobierno de Evo Morales enarboló las banderas de la soberanía en la lucha contra las drogas y del control social en la producción de coca ilegal. A estas alturas, ambas medidas constituyen sendos fracasos.

En la recta final del gobierno de Luis Arce Catacora, difícilmente se puede esperar un cambio profundo que reestablezca el imperio de la ley en una región donde prevalece la ausencia de Estado. Por el contrario, en los últimos meses, al margen de los operativos antidroga, se han multiplicado los secuestros y otros delitos que solo aumentan por el influjo del delito mayor.

En consecuencia, es pertinente subrayar que el presente y el futuro del Chapare tendrá que ser tema de análisis y debate en las próximas elecciones generales. Queda claro que, en medio de la crisis económica, el próximo gobierno también tendrá que luchar contra el narcotráfico y sus numerosos tentáculos políticos que se extienden bajo el discurso de la lucha contra la pobreza o justicia social. Todo muy lejos de la ley, el Estado y el combate a la mayor lacra de los últimos tiempos.