Octubre ha arrancado en medio de turbulencias para el expresidente Evo Morales Ayma que, a la espera de que se aplaquen los fuertes vientos que soplan en contra, se puso a buen recaudo en su bastión político y sindical en el trópico de Cochabamba. Allí se siente más seguro y tranquilo que en cualquier otra parte del territorio nacional. No obstante, el también apuntado como ‘animal político,’ no se da respiro en el afán de repostularse como candidato presidencial en 2025, aunque se lo impide un fallo constitucional que él desconoce de plano.

Evo parece incansable. Más aún tras el quiebre de su relación con el presidente Luis Arce a quien había propuesto y apuntalado electoralmente para el cargo. Ahora es su principal opositor. Una piedra en su zapato. Por eso, a finales de septiembre, Morales encabezó, desde la localidad orureña de Caracollo, una marcha para ‘salvar a Bolivia’ que, tras registrar algunas trifulcas entre evistas y arcistas con más de una treintena de heridos, terminó diluyéndose al acercarse a la ciudad de La Paz. La movilización exigía su habilitación como candidato en las próximas elecciones y que el gobierno del ‘hermano Lucho’ solucionara la crisis económica que agobia a los bolivianos, junto a la escasez de dólares y combustibles. Por si fuera poco, se emplazó el cambio de ministros en 24 horas, aunque sin conseguirlo.

 Poco después, fue bajando los decibeles y sus exigencias porque dejó sin efecto un cierre nacional de carreteras, una de sus ‘especialidades’. Lo hizo porque “la extrema pobreza ha retornado (al país) y el bloqueo de caminos afecta la economía de los bolivianos”. Y casi a continuación, empezaron los malos ratos para el caudillo cocalero por el uso discrecional de aviones y vehículos de alta gama que habría puesto a su disposición la petrolera venezolana PDVSA para sus movilizaciones dentro y fuera de Bolivia. El hecho, apalancado por afirmaciones del ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo y del exministro de Justicia, Iván Lima, es asociado al apoyo que Morales recibe del presidente de Venezuela,  Nicolás Maduro.

 Para mayor desasosiego suyo, Argentina dio por finalizada la condición de refugiado que le había concedido el expresidente del vecino país, Alberto Fernández, a finales de 2019 cuando Evo abandonó Bolivia tras desatarse un crítico momento político y social, en medio de denuncias de fraude electoral. El Ministerio de Justicia argentino argumentó en un  comunicado los motivos de la decisión. Resume con dureza que el gobierno de Javier Milei no protege a ‘criminales, terroristas o intento de dictadores… ni ayuda a quienes siembran el terror y atentan contra la democracia’.

Por último, Morales ha sido blanco de una demanda penal por los delitos de estupro, trata y tráfico de personas que data de 2019 y que lo puso en jaque porque incluso estaba en curso un mandamiento de aprehensión en su contra, confirmada por la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, luego destituida del cargo por una ‘instructiva’ del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa que ordenó paralizar la investigación. Allegados al exmandatario revelaron que una acción de libertad presentada en un juzgado de Santa Cruz dejó sin efecto la medida aunque hay otras cinco denuncias que avanzan ‘en tiempo récord’ en su contra.

En suma, por lo expuesto, este parece ser el peor momento de la dilatada y azarosa trayectoria política de Evo. Para responder por los cargos que se le imputan y contribuir a la búsqueda de la verdad de los hechos, debe armarse de valor civil y dar la cara. Es lo menos que le corresponde hacer a quien ejerció durante largos periodos plenos poderes en Bolivia.