Afectada por una enfermedad irreversible que requiere de un tratamiento especializado en el exterior, la exministra Eidy Roca solicitó la aplicación de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de manera que el Estado boliviano aplique las acciones necesarias para proteger su vida.

“Se han agotado todas las instancias”, explicó Martín Camacho, el abogado que patrocina a la exautoridad procesada por la adquisición, presuntamente irregular, de un lote de 324 respiradores de origen chino. Por este motivo, cumple un arresto domiciliario desde hace dos años y no pudo salir del país para ser atendida.

“Se ha presentado ante la CIDH una solicitud de medidas cautelares y una solicitud de revisión del expediente. Estuvieron aquí los relatores y Eidy tuvo la oportunidad de entrevistarse con ellos y les expuso su caso”, reveló Camacho.

Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó que el Gobierno estaba al tanto de la acción y, por eso, presentó los informes a los comisionados que llegaron para cumplir la visita ‘In loco’ respecto al estado de los Derechos Humanos del país. Los delegados estuvieron en La Paz, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz durante la última semana de marzo, pero entonces, la familia de Eidy Roca optó por mantener en reserva y no divulgar las gestiones planteadas ante esa entidad internacional.

Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la CIDH, mediante la cual esta solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable, según el Artículo 25 del reglamento de esa institución interamericana.

Estas acciones “tienen una función cautelar, en el sentido de preservar una situación jurídica bajo el conocimiento de la CIDH en peticiones o casos, y tutelar para preservar el ejercicio de los derechos humanos”, apunta el reglamento que tiene entre sus fundamentos el artículo 41 de la Convención Americana y “descansa en la obligación general que tienen los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos”, entre ellos la vida y la salud.

Roca planteó este pedido al término de un año de solicitudes que no fueron atendidas. “Hemos agotado los recursos”, insistió el abogado defensor y recordó que la autorización de “un permiso humanitario temporal” se tramitó ante la autoridad jurisdiccional, cumpliendo todos los requisitos. Detalló que hubo algo más de 15 comparecencias, alguna de ellas fallidas por excusas inexplicables del juez, para tramitar el permiso.

“Se ha presentado toda la documentación, se ha presentado, no solo el examen médico particular, se ha presentado un examen médico forense, todo con los documentos necesarios, incluida la cita médica programada en el exterior”, describió el jurista.

Pero respecto a esta tramitación, el ministro Lima, cuestionó “la falta de asesoramiento de los abogados” que defienden a la exautoridad. “No ha presentado el certificado médico ni la acreditación sobre su estado de salud. Lamentablemente, no está recibiendo un asesoramiento jurídico. Exhorto a sus abogados de la defensa que, en el marco del debido proceso, ella pueda presentar su solicitud a la justicia”, afirmó.

Frente a este criterio, Camacho solicitó a la autoridad que recabe una información precisa. “Desde marzo de 2022 hemos hecho pedidos en reiteradas oportunidades, son más de 15 veces, 15 audiencias, entre las se han instalado y se han suspendido sin motivo o porque el juez se encontraba con otros actos procesales o porque no se habían notificado a las partes, o cualquier otra causal”, reiteró.

El arresto de Roca comenzó el 19 de abril de 2021 tras una audiencia cautelar en la que la Fiscalía llegó a pedir seis meses de prisión preventiva y este extremo no prosperó. Pero, en esos días, la exministra estaba refugiada en la sede del Comité pro Santa Cruz y su salud ya emitía señales de deterioro. Además, sucedió un mes después de la detención de la expresidenta Jeanine Áñez en el penal de Miraflores, de La Paz.

Desde ese día, Eidy Roca no tuvo otra aparición pública, pero el miércoles, justo cuando se cumplieron 24 meses de su detención, divulgó un video para pedir al presidente Luis Arce que la ayude a salir del país de manera temporal para que pueda recibir atención médica especializada. Envió el mensaje tras la recurrente negativa de las autoridades judiciales de concederle la autorización, un aspecto que también lo hizo notar.

Respecto a las acciones judiciales, Roca hizo notar, en los mensajes que mandó a la Casa Grande del Pueblo, que existe responsabilidades del Estado sobre su estado de salud. “Los fiscales y jueces son responsables de mi situación, pero el día de mañana el señor Luis Arce puede ser procesado a nivel internacional por violar el más elemental de los derechos: mi derecho a la vida”, apuntó la exautoridad, precisamente respecto a la acción internacional que activó.

Cuando el juez ordenó que quede bajo arresto, Roca estaba en una silla de ruedas, pues el mal que la afecta avanza y es irreversible. Su hija, Alejandra Sangüeza Roca, la definió “como una persona fuerte que lo único que quiere es luchar por su vida”. Prueba de ello, afirmó, es el video que grabó para pedir ayuda y someterse a un tratamiento contra Esclerosis Lateral Múltiple (ELA).

“Lo único que están haciendo es sentenciarla a mi madre al negar que pueda salir del país”, lamentó Sangüeza. Insistió que la batalla es por su vida, pues no tiene que ver con un tema político.

Contó que la salud de su madre se deteriora cada semana y que esto es visible con la pérdida gradual de ciertos movimientos, voluntarios e involuntarios, debido al deterioro de la parte neurológica que controla el cerebro.

La salud de Roca comenzó a decaer al término de su mandato, en noviembre de 2020, cuando ya tenía dificultades para conversar; además, enfermó dos veces de Covid-19 y quedó con secuelas. Posteriormente, varios estudios confirmaron la presencia de ELA.

“Durante las audiencias, ella ha sufrido picos altos de estrés, como cualquier persona a la que se le acusa por algo que no es culpable. En la audiencia de la semana pasada, la Fiscalía le impidió viajar para recibir el tratamiento médico. Por eso, decidió hacer público su caso”, explicó la joven durante una entrevista con el programa Influyentes de EL DEBER Radio.

En cuanto al tratamiento que requiere la exministra Roca, el cual no se realiza en Bolivia, dijo que por el momento la familia tiene dos opciones: Estados Unidos y Argentina. “Lo único que le queda es mejorar su calidad de vida, como familia queremos que se respete su derecho a la vida. Al negar su salida del país, están negándole la oportunidad de que ella reciba un tratamiento digno, dejándola en un estado deplorable”, afirmó.

Ante este pedido, Lima afirmó que el presidente no podía dar “salvoconductos” porque, en su criterio, este mecanismo se aplica cuando no hay democracia. “Los salvoconductos se otorgan cuando hay un gobierno de facto, cuando hay una situación de asilo político. La señora Roca vive en un país que es democrático y que tiene enfrente un debido proceso que la está juzgando por el caso de los respiradores chinos”, subrayó.

Señaló que la inocencia o culpabilidad de Eidy Roca será definida en la justicia, aunque insistió en el cumplimiento del “debido proceso” frente a los reclamos sobre la lentitud del caso y la ausencia de elementos que impliquen a la acusada con el caso de la compra de los respiradores chinos. Roca aseguró que no firmó ningún documento de adquisición y lo que hizo fue autorizar la distribución de los equipos a todo el país en el contexto de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia.

El fiscal anticorrupción Marcos Villa Pareja señaló que firmó una enmienda con la empresa proveedora Grupo AGEM Ingeniería y Proyectos SAU a pesar de 40 observaciones a los equipos ofertados que no cumplían con las especificaciones técnicas.

Por eso, Roca fue imputada por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y daño económico. “Todo está en etapa preparatoria; se ha presentado la imputación. Las medidas cautelares se presentaron en 2021 y hasta ahora no concluyó la etapa preparatoria”, apuntó Camacho.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, reveló que, además del video, Roca remitió una carta. Explicó que se le envió una respuesta en la que explican que ese tema está en la Justicia.

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