El Tribunal Supremo Electoral se rindió ante la falta de apoyo de los otros poderes del Estado. Acatará la sentencia de la Sala Constitucional que suspende elecciones para dos altos tribunales del Poder Judicial en cinco departamentos, entendiendo que no hay ningún instrumento jurídico que respalde la realización de tales comicios en su integridad. Es un funesto precedente para la democracia porque sienta jurisprudencia para que este tribunal ‘todopoderoso’ sea capaz de paralizar, más adelante, las elecciones nacionales o cualquier otro proceso en el país.

Este hecho pone en evidencia la falta de compromiso democrático del Poder Ejecutivo y de varios miembros de la Cámara de Diputados. Un día el vicepresidente David Choquehuanca, las fuerzas partidarias y los vocales declaran estar alineados con la realización de las elecciones judiciales en su integridad, pero al día siguiente da marcha atrás el ministro de Justicia, César Siles y varios miembros del arcismo en el Parlamento. Ellos afirman que la sentencia constitucional debe ser acatada. ¿Qué hubiera blindado los comicios? Una ley nacional que reafirme las listas de candidatos y haga valer el principio de preclusión electoral. No obstante, este instrumento jurídico fue aprobado en el Senado, pero no en Diputados. Hasta ahí llegó el mentado compromiso.

La norma dice que las sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio, pero también se ha visto que ese principio ha sido motivo de uso y abuso de parte de los vocales del Tribunal Constitucional, especialmente Yván Espada y Gonzalo Hurtado, que ‘casualmente’ se quedarán como autoprorrogados de manera indefinida en virtud de su propia sentencia; es decir, han sido juez y parte otra vez y de manera flagrante y desvergonzada, sin que nadie les ponga freno.

Las elecciones judiciales fueron obstaculizadas permanentemente. Hubo 54 amparos constitucionales para sabotearlas y estos fueron validados por el Tribunal Constitucional. Estos comicios debían llevarse a cabo el año pasado y fueron pospuestos para éste. En diciembre de 2023, cuando las altas autoridades del Poder Judicial cesaban su mandato, fue el mismo Tribunal que, siendo juez y parte, definió la autoprórroga.

Ahora, los vocales Hurtado y Espada vuelven a prorrogarse porque suspenden la elección del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional en cinco departamentos y justamente ellos representan a dos de estas cinco regiones. Permanecerán en esas funciones hasta 2027, si es que no continúan atentando contra los procesos electorales y perpetuándose en el cargo. La amenaza mayor es que, con este precedente, intenten invalidar las elecciones nacionales a punta de amparos constitucionales y sentencias funcionales. En ese sentido, ¿quién puede dar garantías de que estos comicios para elegir presidente, vicepresidente y asambleístas se lleve adelante como debe ser?

En este punto cabe apuntar que los legisladores no dieron la talla para cumplir su función y defender sus competencias. Fueron atropellados por el Poder Judicial y ahora, cuando debían dar batalla para la celebración de las elecciones judiciales, se echaron para atrás y no dieron paso en Diputados a la ley que lo podía permitir. Han dejado solo al Tribunal Supremo Electoral, cuyos vocales no tienen caso de corte y pueden ser procesados por la vía penal sin que nadie los defienda.