Ante la caída de los ingresos por exportaciones de gas, en 2023 se duplicó la deuda del Gobierno con el Banco Central de Bolivia (BCB) para cubrir las necesidades presupuestarias. Así lo detalla el informe de Estados Financieros del ente emisor de la gestión pasada.
Analistas advierten consecuencias negativas si la administración del presidente Luis Arce no reduce sus gastos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo afirma que estos recursos “apuntalan el dinamismo de la actividad económica preservando la estabilidad macroeconómica”.
Según el informe, los créditos de liquidez transitoria en 2023 crecieron un 136,59%. Estos préstamos son utilizados, según los analistas, para que el Gobierno atienda sus obligaciones inmediatas.
Desde que tomó el poder en 2020, Arce no ha tenido las cosas fáciles. Recibió una economía golpeada por la pandemia y la mala gestión del Gobierno de transición, pero también mermada por fallas en la política hidrocarburífera del expresidente Evo Morales. La gestión del exjefe de Estado, en palabras del propio Arce, descuidó la exploración, lo que se tradujo en menores ingresos.
“El gas se ha agotado. Estamos volviendo a hacer exploraciones para ver si hay más gas. Hermanas, hermanos, no tenemos esos recursos y cuando nos queremos prestar, la derecha y el ala evista nos niegan en la Asamblea la aprobación de créditos. Cuando hay demandas por más obras, no hay, pues, de dónde sacar plata”, dijo en un acto público en La Paz el 28 de abril.
¿Pero cómo se hace para cubrir los gastos si los recursos son bajos? La respuesta que dan los analistas a EL DEBER es la deuda interna. Es decir, el Gobierno se presta recursos del Banco Central para poder cubrir sus necesidades. Esta herramienta, según los economistas, es un arma de doble filo. Por un lado, genera estabilidad macroeconómica, pero también puede desestabilizar la economía si el financiamiento es recurrente.
¿Cuánto se prestó?
Según los datos oficiales, en 2023 la deuda total del Gobierno llegó a Bs 123.775 millones, lo que representa un incremento del 31,62% en relación a 2022 (Bs 94.043 millones).
De estos recursos, los créditos al Tesoro General de la Nación (TGN) fueron los de mayor peso, con un 50% del total. El saldo llegó a Bs 61.522 millones, es decir, 83,07% más en relación a los Bs 33.710 millones del año 2022. Mientras que los créditos a empresas estatales representaron el 27,56% de los créditos del Gobierno. La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Azucarera San Buenaventura recibieron en conjunto Bs 35.088 millones.
La partida de otros créditos alcanzó los Bs 25.362 millones, un 20,48% del total.
Préstamos de liquidez
Dentro de los créditos al TGN (Bs 61.522 millones), otro dato no menor es el incremento de los préstamos de liquidez transitoria, que alcanzaron los Bs 48.500 millones.
Esta cifra significa un incremento de 136,59% (como se mencionó al comienzo del reporte). En 2022, este tipo de créditos llegaban a los Bs 20.500 millones. Los créditos de liquidez transitoria representaron el 79% de los recursos que el BCB entregó al tesoro.
El resto de los recursos fueron entregados para hacer frente a las diferentes emergencias que se registraron en el país y se otorgan con una declaratoria formal.
José Gabriel Espinoza, exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), explicó que estos créditos son a corto plazo, menores a un año, otorgados por el BCB al TGN para cubrir desbalances presupuestarios, es decir, el déficit fiscal.
A diferencia de los créditos de emergencia, que requieren una declaratoria formal de emergencia y tienen plazos de entre 20 y 30 años con tasas de interés muy bajas (alrededor del 1%), estos créditos no necesitan tal declaratoria y son de rápida ejecución. “Estos créditos están contemplados en el programa fiscal financiero que se firma a principios de año”, sostuvo.
Espinoza señaló que, una vez otorgados, los créditos de liquidez transitoria no tienen un control específico sobre su uso.
“El TGN puede destinar estos fondos a lo que considere necesario, aunque usualmente se emplean para cubrir gastos corrientes debido a la baja ejecución de la inversión pública”, mencionó.
En 2023, la inversión pública ejecutada fue de $us 2.600 millones, significativamente menor a los $us 4.000 millones presupuestados.
Uno de los puntos que observa Espinoza es la solicitud de nuevos créditos para pagar los existentes.
“El ministro de Economía presenta estos créditos como ‘rollover’ (refinanciación), lo cual es falso porque los créditos de emergencia tienen plazos de 30 años”, afirmó.
“El TGN no tiene los suficientes ingresos para cubrir sus obligaciones y recurre al BCB, lo que demuestra una falta de solvencia y un manejo irresponsable de las finanzas públicas”, agregó.
Espinoza advirtió sobre el impacto inflacionario y el efecto en la banca. “El BCB debe retirar dinero para evitar inflación, lo que se traduce en menor crédito y mayores tasas de interés. Esto enfría la economía y afecta a quienes necesitan crédito”, explicó.
Pero el Gobierno dijo a EL DEBER que el primer trimestre de 2024, el endeudamiento interno neto del TGN con el BCB fue el 0,9% del PIB.
Respuesta estatal
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas explicaron, a EL DEBER, que solicitaron los desembolsos de los créditos conforme a lo previsto.
Estos recursos, según este ministerio, se usaron “para cumplir con las obligaciones establecidas en el Presupuesto General del Estado y sus modificaciones según normativa vigente, recursos que están destinados a inversión pública, emprendimientos productivos del Estado, entre otros, a fin de apuntalar el dinamismo de la actividad económica preservando la estabilidad macroeconómica”.
Sobre el déficit fiscal, el ministerio explicó que se está financiando mediante una combinación de estrategias que incluyen diversas medidas para estimular el crecimiento económico del país y, por ende, mejorar los ingresos fiscales, además de la emisión de deuda pública.
“La política económica implementada posibilita mantener la estabilidad macroeconómica, generar confianza y promover el desarrollo inclusivo para el bienestar de toda la población”, aseguraron desde esta cartera de Estado.
Que hizo notar que, al primer trimestre de 2024, el saldo de deuda interna consolidada alcanzó el 17,4% del PIB. Explicaron también que el Gobierno está intensificando su estrategia de industrialización con sustitución de importaciones como parte del Modelo Económico Social Comunitario Productivo. Esta iniciativa busca aprovechar el potencial productivo de todas las regiones del país mediante la instalación de más de 150 plantas industriales en diversos sectores.
El objetivo principal de este plan es reducir la dependencia de productos extranjeros en al menos $us 1.300 millones anuales e incrementar los ingresos estatales, a través del aprovechamiento de productos estratégicos como el litio, el hierro del Mutún, el zinc, el biodiésel, además de la gran diversidad de productos agrícolas, hasta productos altamente demandados en el mundo como los agroinsumos, fertilizantes, entre otros.
El economista Jaime Dunn expresó su preocupación por el aumento en la deuda del TGN.
Dunn explicó que esta deuda interna, facilitada por el BCB, es utilizada para cubrir los gastos del Gobierno. Para él, esta práctica es cuestionable, ya que la Constitución establece que el BCB no debe otorgar créditos al Gobierno.
El experto señaló que la economía no se dinamiza simplemente inyectando dinero inorgánico, sino aumentando la producción de bienes y servicios. “La riqueza no se incrementa con más dinero inorgánico, sino con generación de bienes y productos”, puntualizó.