Cuando se acabe el fragor de la Navidad y el Año Nuevo, Bolivia estará inmersa en el proceso electoral de 2025. Se trata de la fecha señalada para la realización de los comicios más importantes de los últimos años que permitirán elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Hay que blindar esas elecciones para disminuir su vulnerabilidad, especialmente cuando hay un Tribunal Constitucional Plurinacional que ha demostrado no tener escrúpulos a la hora de trabajar para los intereses del poder de turno, que no es precisamente el que más interesa a la ciudadanía en general.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tahuichi Tahuichi, advierte con inquietud que las elecciones de 2025 están en peligro y hay varios motivos para esta preocupación.

Uno de esos factores es la desconfianza en el Padrón Electoral. Sobre eso, este vocal afirmó que hay tiempo para solicitar que universidades y delegados de los partidos políticos, con el acompañamiento de la OEA, hagan una revisión, con lo que aseguró que es posible abrir el registro de electores con la finalidad de disipar dudas en la ciudadanía y entre los participantes del proceso. Si bien los datos individuales deben ser privados, se puede llegar a acuerdos sobre parámetros básicos que permitan llegar al objetivo.

La principal inquietud tiene que ver con la intervención del Tribunal Constitucional Plurinacional que, con vocales autoprorrogados más allá de lo que establece la Constitución Política del Estado, logró que las elecciones judiciales sean parceladas, de manera que la mayoría de los magistrados del TCP permanecieran en sus funciones, con lo que se constituyen en un peligroso suprapoder.

 Es así que existe la preocupación de que este TCP interfiera en las elecciones nacionales, anulando candidaturas y etapas del proceso.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa Plurinacional se fue a receso de fin de año sin haber tratado el anteproyecto de ley de escaños, a pesar de que la propuesta había llegado en octubre a este poder. La aprobación de esta norma permitirá la aplicación de los datos del Censo de Población y Vivienda; es decir, que la representación política sea acorde a la cantidad de habitantes. Si no se da luz verde a esta ley, los escaños serán distribuidos como antes del censo, vulnerando derechos de las regiones. La “indiferencia” demostrada por los legisladores es una muestra de que no dan la talla para la responsabilidad que tienen asignada.

En enero debe realizarse una cumbre política para blindar las elecciones nacionales. Debe tener la participación de todas las fuerzas políticas, del Órgano Electoral, del Tribunal Constitucional y del Poder Legislativo. En este encuentro tendría que alcanzarse compromisos para que el proceso electoral esté garantizado. Por eso es clave que asistan todos los convocados.

La ciudadanía debe presionar para que se blinde el proceso electoral, sobre todo cuando suben las inquietudes respecto a tentaciones autoritarias o cuando se pone en duda que los comicios puedan realizarse en 2025. Hay sobrada y justificada desconfianza en el Tribunal Constitucional, por lo que sus miembros tienen la obligación de demostrar que son capaces de trabajar en función del interés ciudadano y no en función del poder de turno o de otras conveniencias.

Bolivia vive un momento sensible en el que coinciden la incertidumbre política con una crisis económica que tiende a agravarse. Es por eso que ahora más que nunca se precisa alto compromiso de quienes tienen en sus manos las instituciones más importantes del país.