Hugo Vaca Pereira Rocha

Las restricciones presupuestarias son una realidad cotidiana para cualquier persona. En economía, estas limitaciones reflejan la esencia misma de la disciplina: necesidades ilimitadas frente a recursos escasos. En el ámbito público, aunque con ciertas diferencias, el principio se mantiene: las cuentas deben equilibrarse de algún modo. La verdadera cuestión radica en quién asume el costo y cómo se logra ese equilibrio.

La irresponsabilidad en la gestión de las cuentas públicas nos lleva a enfrentar las restricciones presupuestarias de la peor forma. Como señalaron Tom Sargent, Premio Nobel de Economía 2011, y Neil Wallace, esto nos enfrenta a la dura realidad de una desagradable aritmética monetaria. En este contexto, ante déficits fiscales persistentes, las políticas monetarias restrictivas pueden ofrecer victorias momentáneas, pero costosas. En resumen, un Estado que no maneja adecuadamente sus déficits solo enfrenta dos caminos: asumir una deuda más costosa o recurrir al impuesto inflacionario. No hay atajos.

Bolivia enfrenta actualmente las consecuencias de esa desagradable aritmética monetaria, derivada de los desbalances acumulados entre 2006 y 2019, la denominada “Era del Proceso de Cambio”, que fue liderada en lo económico por quien hoy ocupa la presidencia. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el déficit fiscal superó el 10% del PIB en 2023, financiado en parte mediante créditos del Banco Central de Bolivia (BCB).

En 2024, el riesgo país de Bolivia se ubicó como el segundo más alto de América Latina, solo superado por Venezuela, dejando pocas opciones: asumir deudas más costosas o enfrentar las consecuencias del impuesto inflacionario. La inflación de noviembre de 2024, según el BCB, alcanzó un 9.51% anual, evidenciando los retos de una economía que no se estabilizará de forma automática ni sin medidas contundentes.

El reciente anuncio de un pacto de unidad de la oposición es, sin duda, un motivo de celebración, especialmente después de años de espera desde 2019. Sin embargo, esta unidad debe ir acompañada de una agenda programática clara, enfocada en la urgente y honesta necesidad de un ajuste fiscal, una necesidad que, lamentablemente, no se refleja en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Este es el mínimo compromiso que los bolivianos esperamos.